El Gobierno regional aprueba el proyecto para suprimir el Consejo Consultivo

1 de septiembre de 2015.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto que permitirá suprimir el Consejo Consultivo, una vez realizados los trámites preceptivos e incluidas las observaciones de las distintas secretarías generales técnicas de la Administración regional, la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

Como ha informado la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, a partir de este momento el texto será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y, en caso de aprobación, lo que supondrá si sale adelante es un ahorro para los madrileños de 2,3 millones de euros al año, sin que ello suponga merma en ningún momento para la imparcialidad e independencia de la Administración pública.

En este sentido, la presidenta ha anunciado que el Gobierno regional va a solicitar la tramitación del texto mediante el procedimiento de lectura única, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid, con el fin de agilizar la tramitación parlamentaria.

El pasado 16 de julio, el Gobierno regional dio luz verde al anteproyecto, iniciando los trámites necesarios para eliminar este órgano, un compromiso adquirido por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con el fin de reducir el gasto público.

En el texto aprobado, las funciones desarrolladas hasta el momento por este organismo creado en el año 2007 serán asumidas por una Comisión Jurídica de la Abogacía General de la Comunidad, en el caso de los asuntos de preceptiva consulta. Respecto a las reclamaciones contra los actos en materia de acceso a la información pública de la Administración autonómica y de las entidades locales del territorio de la Comunidad de Madrid, serán resueltas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. También será este Tribunal el que tenga las competencias sancionadoras en materia de buen gobierno.

El patrimonio, los derechos y obligaciones pasarán a la Comunidad de Madrid. En cuanto al personal, los funcionarios de carrera con puesto de letrado pasarán a estar adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto, provisionalmente, pasarán a la Secretaría General Técnica de la Consejería, Justicia y Portavocía.

Aquí pueden descargar la nota de prensa completa: Enlace.

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