El GPP defiende la prisión permanente revisable y acusa a Ciudadados de impedir con su abstención que la Asamblea se pronuncie a favor pese al clamor social para que no se derogue

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido esta tarde en el Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley con la que pretendía recabar el apoyo de Cámara regional para que no se derogue la prisión permanente revisable y ha acusado a Ciudadadanos de impedirlo con su abstención, como ya ha hecho en otros ayuntamientos de la región en los que el PP había promovido este debate.

La diputada popular, Eugenia Carballedo, ha señalado que “El PP es el único partido que defiende la no derogación de la Prisión Permanente revisable tal y como demuestra las votaciones celebradas en Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en los que se hubiese ganado de no abstenerse Ciudadanos”. Así ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, Collado Villalba, Alcorcon, San Lorenzo del Escorial, Valdemoro, Tres Cantos y tantos otros consistorios donde se ha votado esta misma iniciativa.

Carballedo ha mostrado un cartel con el acuerdo de investidura que firmó Albert Rivera con Pedro Sánchez (PSOE), en el que se acordó la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. Asimismo, ha recordado la adhesión de Ciudadanos a una iniciativa que, en este sentido, se ha debatido en el Congreso de Diputados, por considerar la pena demasiado dura. En este sentido, se ha preguntado: “¿Cuando miente Ciudadanos, cuando propone endurecer esta pena o cuando quiere derogarla porque es demasiado dura”.  

Eugenia Carballedo ha recordado que en España solo hay un condenado  a cumplir la Prisión Permanente revisable por asesinar a sus hijas menores con una radial, y hay ejemplos palmarios de criminales reincidentes como el violador del ascensor, el violador del estilete o el violador del portal. “Estos sucesos atroces ocurren, por eso es necesario esta pena en el Código Penal.”

“Es un instrumento de escasa utilización, pero para casos extremos es conveniente que nuestro ordenamiento jurídico lo tenga previsto”, ha explicado Carballedo, quien ha añadido que “el debate sobre la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con el cumplimiento íntegro de las penas, puesto que ambas son compatibles”.

Casi 2 millones de firmas en change.org

A través de la Plataforma Change.org ya se han recogido casi 2 millones de firmas de ciudadanos de toda España en contra de la derogación de la Prisión Permanente Revisable, una iniciativa promovida por la familia  de Diana Quer, una joven asesinada y escondida en un nave industrial en Galicia durante más de 500 días, cuyo autor confeso fue detenido y está a la espera de juicio.

El Grupo Popular considera la prisión permanente revisable un medio que, sin renunciar a la reinserción del penado, garantiza la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles.

En esta línea, Carballedo ha recordado que “se trata de una realidad en un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya explicó cuando se presentó la PNL  que “este instrumento existe en muchos países de nuestro entorno (Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca), y es una figura que tiene un perfecto encaje en nuestro modelo de garantías, ya que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión”.

Según se establece en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que incorporó la prisión permanente revisable, esta no constituye una suerte de “pena definitiva” en la que el Estado se desentiende del penado, no renuncia a su reinserción, pues una vez cumplida la parte mínima de la misma, “un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y el delito cometido y podrá revisar su situación personal”.

La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado es idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social y aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.

Si el Tribunal considera que el condenado cumple los requisitos para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas a garantizar tanto la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.

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