El GPP propone una modificación de la Ley del Suelo que permita la recepción de una fase de un desarrollo urbanístico cuyos servicios públicos se puedan prestar con independencia de que no se haya ejecutado el resto

El Grupo Parlamentario Popular, ha registrado hoy una Proposición de Ley para modificar de forma parcial la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que permita la recepción de una etapa o fase de un desarrollo urbanístico cuyos servicios públicos se puedan prestar con independencia de que no se haya ejecutado el resto.

Según ha explicado el portavoz popular, Enrique Ossorio, la vigente Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid, regula la forma en que pueden ejecutarse los desarrollos urbanísticos cuando estos forman parte de actuaciones integradas, señalando que se llevarán a cabo a través de unidades de ejecución.

Sin embargo, esta Ley regula de forma insuficiente el régimen de estas actuaciones urbanísticas cuando se incluye un plan de etapas con plazos sucesivos para la ejecución de la urbanización.

En la Comunidad de Madrid, es muy frecuente que en los desarrollos urbanísticos las obras de urbanización no se lleven a cabo para el conjunto de la Unidad de Ejecución, sino que se contemple su ejecución por fases, etapas o unidades funcionales, por lo que esta falta de regulación está provocando algunos problemas de inseguridad jurídica.

Por este motivo, ha señalado Ossorio, “resulta necesario modificar la Ley para que aclare y contemple el régimen jurídico aplicable al desarrollo y ejecución de las obras de urbanización que se desarrollen por etapas.

Agilizar los plazos de entrega

Por otro lado, con esta modificación se establece de forma expresa que los Ayuntamientos podrán dar licencias a estas etapas o fases desde el momento de su recepción, agilizando de esta manera los plazos de entrega a los propietarios y evitando situaciones de okupación ilegal por la demora en la entrega de las obras.

Se establece, asimismo, un régimen transitorio para unidades de ejecución sin fases o unidades funcionales, pero que se han producido recepciones parciales de la urbanización, así como para licencias o declaraciones responsables en tramitación.

Estos supuestos afectan ya a municipios como Madrid, Tres Cantos, Boadilla del Monte, Rivas, Móstoles, Alcorcón o Getafe y se estima que ya están afectadas mas de 5.000 familias que precisan un paso legislativo para dar una solución a esta situación.

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