El GPP registra una PNL para que el Gobierno Central tome medidas legales contra la ocupación ilegal

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, junto con el portavoz de la Comisión de Vivienda y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha registrado esta mañana una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de España a impulsar las reformas legales oportunas con el fin de combatir de manera efectiva la ocupación ilegal de viviendas para garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social.

A través de esta PNL, el GPP insta al Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas. También se busca reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años y que se contemple de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal

“Son medidas que afectan a la gente, medidas necesarias y este Gobierno de España que ha tenido tiempo en veinte días de provocar medidas para tratar de reformar el Código Penal para intentar un indulto por la puerta de atrás del señor Junqueras, que ha tenido la posibilidad de ponerse la medalla de la subida del 2 % del sueldo de los funcionarios siendo una medida del PP, debe buscar tiempo para poner en marcha estas medidas que sí son una prioridad para la sociedad madrileña”, ha afirmado Serrano.

Ante la evidencia de una alarma social que existe en el conjunto del país y en Madrid especialmente, con esta iniciativa lo que pretende el GPP es que el Gobierno Central comience a trabajar en este sentido, “la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, ya está tomando medidas, como la creación de una Mesa Antiocupación junto con el Ayuntamiento de Madrid y tomando medidas para evitar ocupaciones en las viviendas que son propiedad de la Comunidad de Madrid”, ha explicado el portavoz.

Sin embargo, urge que el Gobierno de España se implique en la lucha contra esta lacra dentro de su ámbito competencial, impulsando las reformas legales y tomando las medidas que reclama la ciudadanía. “Se precisa de mayor seguridad jurídica y de fórmulas legislativas o procedimentales que permitan agilizar los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales, permitiendo una protección efectiva de los titulares de derechos”, ha concluido Serrano.

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