El GPP se reúne con plataformas de afectados por ocupaciones ilegales en la región

El portavoz de la Comisión de Vivienda y Administración Local, José Antonio Sánchez, acompañado del diputado Carlos Díaz-Pache, se ha reunido esta mañana con vecinos afectados por la ocupación de casas ilegales de 30 localidades y distritos de la región. A la reunión ha acudido también el diputado de Ciudadanos, Miguel Díaz.

Durante el encuentro, el popular le ha mostrado a los afectados el compromiso del GPP en este sentido y ha asegurado que para su grupo “acabar con la ocupación ilegal es una prioridad y trabajamos para combatir esta lacra, por ello hemos registrado una PNL en la Asamblea para que el Gobierno regional inste al Gobierno central a permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas”.

Asimismo, Sanchez les ha explicado que con esta iniciativa también se busca “reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años y que se contemple de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal”, ha explicado.

A través de esta PNL, el GPP quiere que el Ejecutivo autonómico inste al Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas. También se busca reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años y que se contemple de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal.

Con la aprobación de esta iniciativa el GPP quiere actuar ante la evidente alarma social que existe en el conjunto del país y en Madrid especialmente, y así que el Gobierno Central comience a trabajar en este sentido, ya que  “la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, ya está tomando medidas, como la creación de una Mesa Antiocupación junto con el Ayuntamiento de Madrid y tomando medidas para evitar ocupaciones en las viviendas que son propiedad de la Comunidad de Madrid”, ha explicado el portavoz.

“El Gobierno regional ya ha tomado medidas para luchar contra la ocupación ilegal, hace falta que el Gobierno de España se implique en la lucha contra esta lacra dentro de su ámbito competencial, impulsando las reformas legales y tomando las medidas que reclama la ciudadanía”, ha afirmado Sánchez. “Se precisa de mayor seguridad jurídica y de fórmulas legislativas o procedimentales que permitan agilizar los trámites legales para combatir las ocupaciones ilegales, permitiendo una protección efectiva de los titulares de derechos”, ha concluido Sánchez.

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