La oposición en la Asamblea de Madrid tiene que reflexionar ante la anulación judicial de la comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid

15 de diciembre 2016.- El Portavoz del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado que “a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que anula la creación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de la Comisión de Investigación sobre la gestión municipal entre 2003 y 2015, el Grupo Parlamentario se felicita porque la Justicia haya dado la razón a los compañeros del Grupo Municipal”.

“Salvando las evidentes diferencias entre una Corporación municipal y  un Parlamento autonómico, nos preocupa que la Comisión de investigación sobre posible corrupción en la Comunidad de Madrid, constituida  en otoño de 2015 en la Asamblea de Madrid, no tenga todas las garantías jurídicas que se le presuponen”, ha manifestado Ossorio.

El Grupo Popular y el Gobierno de la Comunidad están claramente comprometidos con la transparencia y la regeneración política, “y por hemos manifestado siempre nuestra plena disposición a que se investigue cualquier asunto concreto respecto del que hubiera dudas sobre su legalidad, y esa postura sigue intacta”, ha añadido Enrique Ossorio”.

“Pero ya manifestamos en un principio que, aunque no nos oponíamos a su creación, la falta de concreción en el objeto podía suponer que esta Comisión fuera una causa general contra el PP de Madrid”, ha explicado el portavoz popular. En este sentido, la sentencia declara literalmente que en el Ayuntamiento “lo que se acuerda es que se investigue todo, durante tres legislaturas, a ver si algo se descubriera”. “Dando, de esta manera, la razón a quienes argumentaban la ilegalidad de una causa general, similar a la constituida en la Asamblea”, según ha señalado Ossorio.

El Portavoz ha asegurado que “el PP de Madrid va a seguir trabajando como hasta ahora en la Comisión de la Asamblea sin poner trabas ni impedimentos,“pero creemos que los grupos de la oposición deben reflexionar sobre el alcance y posibles consecuencias que tendría un hecho similar a la sentencia conocida hoy, en la Asamblea de Madrid, y quizá sería recomendable que los servicios jurídicos de la Cámara, teniendo en cuenta su contenido, revisaran el acuerdo de constitución de esta Comisión y su ajuste a derecho”.

Esta sentencia  -ha finalizado el Portavoz- debe servir para que de una vez por todas, como siempre ha manifestado el Grupo Parlamentario Popular, se concreten el objeto de la Comisión y su alcance temporal para garantizar la seguridad jurídica de la propia Comisión, y de quienes legalmente están obligados a comparecer ante ella.

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