Valoración de GPP del informe de los servicios jurídicos sobre el funcionamiento de la Comisión de Corrupción

El informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid hace una serie de reflexiones y advertencias sobre el funcionamiento, los procedimientos y los derechos de los comparecientes en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que deberían hacer a los miembros de la misma replantearse en profundidad el esquema de trabajo de la misma.

Este informe se realiza como consecuencia de las dudas planteadas por la Sentencia Contencioso-Administrativa que anulaba la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid.

Para el Grupo Popular los aspectos fundamentales del informe jurídico son los siguientes:

  1. La Comisión no se puede convertir en una causa general contra un partido como consecuencia de que su objeto sea absolutamente abierto y los grupos de la oposición vayan incluyendo en él los más diversos asuntos.

El informe de los Servicios Jurídicos afirma que queda clara la voluntad de la norma de huir de la generalidad a la hora de crear Comisiones de Investigación y que, por eso, puede aceptarse que en la Asamblea se investiguen “casos de corrupción conocidos en las dos últimas legislaturas”, siempre y cuando venga regulados en el Plan de Trabajo, pero no se puede sostener con las mismas garantías que el objeto de la Comisión incluya “casos por conocer”. (páginas 19 a 21).

Insiste el informe jurídico en esta materia diciendo que el objeto de la comisión debe contener “la determinación del asunto de interés público, su singularización”. Recomendando a los diputados que están “obligados” a un ejercicio de “autocontención” (Página 35) sobre una posible extensión del objeto.

Y sigue insistiendo en este punto esencial el Servicio Jurídico afirmando que la consecuencia de un objeto amplio, abierto y difuso, de la falta de concreción en el mismo y en el Plan de Trabajo, supondría un control general desde la Comisión, lo cual supone una vulneración del principio de separación de poderes. (Página 44) No puede ser que una mayoría parlamentaria –de oposición en el caso de la Asamblea de Madrid- haga uso de esa mayoría para establecer o modificar el objeto a investigar sin tener en cuenta el papel de la minoría.

  1. Una Comisión de Investigación, por definición, está limitada en el tiempo y, por tanto, no se pueden utilizar subterfugios para prorrogar su vigencia de forma permanente.

Sobre esta materia, el Servicio Jurídico es muy claro y afirma que las Comisiones de Investigación son órganos de duración limitada. No limitarlo plantea riesgos de filibusterismo político. (Páginas 50 a 52).

La conclusión de este argumento es que no es posible alargar la elaboración de las conclusiones por un interés de la mayoría, siendo dudoso que una comisión, que tienen por definición una duración limitada, dure toda una legislatura, por vía de sucesivas prórrogas.

En el caso que nos ocupa, una mayoría de oposición, pudiera tener el interés de alargar la Comisión como parte de una estrategia política de desgaste al adversario, llevando las conclusiones, en su caso, al momento más propicio para sus propios intereses.

El informe recuerda que el propio Reglamento de la Asamblea en su art.130 limita las prórrogas a un plazo como máximo de la misma duración que el originalmente contemplado, salvo casos excepcionales. Parece lógico pensar que lo que es excepcional, no puede convertirse en habitual.

  1. Un Plan de Trabajo concreto que desarrolle completamente el objeto es premisa necesaria para toda Comisión de Investigación y la mejor herramienta para evitar que se pudiera convertir en una “causa general”.

En esta materia, el Servicio Jurídico afirma que es necesario que el Plan de Trabajo recoja la totalidad del objeto a investigar (Página 47). Un Plan de Trabajo puede modificarse, pero no puede ser el resultado de constantes incrementos en el objeto, para alargar una Comisión.

Es por ello que es recomendable que el Plan de Trabajo recoja “la totalidad de las actuaciones con la mención a las circunstancias de lugar, tiempo y forma de realización”. Es necesaria esa concreción para evitar que la Comisión pueda ser considerada como una causa general. En palabras del propio informe es “exigible una suficiente determinación del asunto objeto de la Comisión”, “ya que “no sería aceptable un control general de la acción del Gobierno a través de una Comisión de investigación”. (Página 49).

Por todo esto, surgen dudas fundadas sobre uno de los supuestos del objeto de la Comisión: “casos por conocer…”.

  1. Una Comisión de Investigación debe respetar escrupulosamente los derechos de los comparecientes, realizando citaciones que concreten el objeto de su comparecencia y no sometiéndolos durante las sesiones a preguntas que exceden el objeto y a juicios de valor que ponen en cuestión sus derechos fundamentales.

El hecho de tratarse de una comisión política no exime a los diputados de ser objetivos ante los comparecientes, especialmente los no políticos, sobre todo a la hora de averiguar las circunstancias, así como a hacer valoraciones o reproches que no buscan esclarecer hechos. (Página 30 y siguientes).

Deben preservarse los derechos de los comparecientes y eso pasa por un escrupuloso cumplimiento de los términos de los requerimientos. Los comparecientes no deben verse sometidos a preguntas que excedan el objeto de la Comisión o los términos del requerimiento. (Página 43).

Es por eso que la solicitud de la comparecencia debe estar bien fundamentada y concretada para garantizar totalmente ese derecho. Un derecho que debe ser defendido, no por el compareciente, sino por la Mesa de la Comisión.

  1. La Comisión de Investigación no deben interferir en la actuación de la justicia y debe ceñirse a asuntos competencia de la Comunidad de Madrid.

En esta materia, el Informe del Servicio Jurídico afirma que queda claro que la Comisión debe circunscribirse al ámbito competencial del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una limitación basada en la propia separación de poderes, que implica la no posibilidad de desplegar investigaciones sobre el poder judicial, sobre otros órganos de relevancia constitucional, entidades locales o el Estado. (Páginas 40 y 41).

El informe de los Servicios Jurídicos ha tenido presente para su emisión nuestro ordenamiento jurídico, el Reglamento de la Asamblea, la doctrina constitucional y numerosas opiniones contenidas en tratados y artículos. De manera muy especial, se ha tenido en cuenta la doctrina constitucional alemana –de relevante influencia en el constitucionalismo español-,l que ha estudiado en profundidad las comisiones de investigación.

Por todo ello, el Grupo Popular manifiesta lo siguiente:

  • Respeto por el contenido del informe.
  • El informe jurídico es extenso y aborda numerosas cuestiones, siendo importante destacar que, en aquellos apartados en los que indica la necesidad de que se dote de mayor rigor, seriedad y respeto a los procedimientos de la Comisión de Investigación, se observa una gran coincidencia con las peticiones que el Grupo Popular ha ido realizando en ese sentido desde el inicio de sus trabajos.
  • Confianza en que el resto de grupos parlamentarios entiendan, de igual modo, que el contenido del informe plantea la necesaria mejora de los procedimientos que se llevan a cabo en la Comisión de Investigación.
  • No existe en España ninguna Comisión creada para investigar “lo que pueda pasar” o “lo que se pueda conocer”. Haber incluido esta cuestión en el objeto puede desnaturalizar el objeto de la propia Comisión.
  • No se puede retorcer una Comisión de Investigación en sus tiempos y en su trabajo para convertirla en una Comisión permanente de legislatura.
  • Las notificaciones a los comparecientes deben especificar claramente las materias que se van a tratar en la sesión y, luego, no puede preguntarse sobre otros asuntos no previstos.
  • No se puede permitir el acoso a ningún compareciente, especialmente a quienes nunca han tenido o ya no tienen responsabilidades políticas.

En este sentido, y teniendo presente el artículo 130 del Reglamento de la Asamblea, el Grupo Popular propondrá que, en el supuesto de que la Comisión de Investigación plantee una nueva prórroga de su vigencia, se atiendan las siguientes indicaciones derivadas del informe del Servicio Jurídico:

  • Se determine qué asuntos pendientes pretenden abordarse y cuantas sesiones se dedicarán a cada uno de ellos.
  • Se justifiquen plenamente las solicitudes de comparecencia, concretando y determinando el objeto por el que se requiere la comparecencia y el marco temporal sobre el que se pregunta.
  • Se adapte el Plan de Trabajo a las apreciaciones del informe jurídico para que la Comisión deje de ser ilimitada y se respete el espíritu con el que se crean estas Comisiones.
  • Solicitar especial celo a la Presidenta de la Comisión en sus funciones fundamentales de “velar por los derechos de los comparecientes durante las sesiones”

Igualmente solicitará a la Mesa de la Asamblea que atienda a las apreciaciones de dicho informe y vele para que la Comisión actúe en consecuencia.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que son cuestiones que afectan a la voluntad política de los Grupos Parlamentarios.

No está en riesgo el mantenimiento de la Comisión. Nunca lo ha estado.

Pero de no atender a estas recomendaciones parecerá evidente que no se persigue el objeto fundamental de una Comisión de Investigación, -esclarecimiento de hechos y responsabilidades políticas-, sino usar la Comisión como causa general contra un partido, algo que sin duda deberán conocer los madrileños y quienes estén obligados a comparecer ante ella.

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