La presidenta del Grupo Parlamentario Popular y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido hoy la reunión del GPP celebrada antes del inicio del Debate de Investidura.

Díaz Ayuso ha avanzado al resto de diputados de su grupo las líneas generales de su discurso así como su proyecto de futuro para la Comunidad de Madrid. La presidenta ha recordado que su objetivo es promover todas aquellas iniciativas que mejoren la vida de los madrileños.

Durante la segunda reunión del grupo de la XII Legislatura, la presidenta ha estado acompañada por primera vez por el recién nombrado Comité de Dirección, con Alfonso Serrano como portavoz, Pedro Muñoz Abrines y Noelia Núñez como portavoces adjuntos y José Virgilio Menéndez, Yolanda Estrada y Almudena Negro como secretarios de Comisiones, Municipios y Relaciones Institucionales.

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La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Noelia Núñez, ha afirmado hoy que “estamos tremendamente orgullosos de que los alumnos de todo el territorio nacional elijan la Comunidad de Madrid para hacer sus estudios universitarios, pero esto deja en una situación de desigualdad a nuestros alumnos, pues no compiten en igualdad de condiciones ya que nuestra prueba prima el esfuerzo, el mérito y la capacidad”.

La portavoz ha registrado esta mañana, junto a la diputada popular Lorena Heras, una Proposición No de Ley para promover, en coordinación con las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa, la implantación de una única prueba de Evaluación del Bachillerato y para el Acceso a la Universidad en todo el territorio español, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades (en virtud del mérito académico y la capacidad de trabajo) en el acceso y admisión de todos los estudiantes al Sistema Universitario Español, para evitar la discriminación existente a causa del lugar en el que se realice dicha prueba.

Asimismo, busca encomendar al Ministerio de Educación y Formación Profesional que para la elaboración de cada uno de los exámenes de esta prueba única organice equipos de docentes por especialidades en los que participen los profesores de las distintas Comunidades Autónomas y que, además, fijen criterios de corrección y evaluación comunes.

Núñez ha explicado que, además, con la Ley Celaá, “hay comunidades autónomas que ya este año están permitiendo que haya alumnos que puedan presentarse a la prueba con asignaturas suspensas, algo que no ocurre en Madrid”.  

Por su parte, Heras ha explicado que “la solución para acabar con diecisiete sistemas educativos y diecisiete selectividades distintas es una única prueba regulada desde el ámbito estatal que ya intentó el Partido Popular con la LOMCE”.

“La ministra Celaá debería tomar nota de lo que quieren los españoles, los madrileños y lo que quieren las familias, que es igualdad de oportunidades igualdad de acceso para todos los españoles”, ha finalizado Heras.

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El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Muñoz Abrines, ha explicado esta mañana que desde su grupo han registrado una Proposición No de Ley sobre rebaja de impuestos, para que “Sánchez no cierre la puerta al futuro y a la recuperación”.

Esta iniciativa responde al compromiso de bajada de impuestos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ya anunció la rebaja de medio punto del IRPF la pasada legislatura y lo llevaba en los programas electorales de 2019 y 2021.

Con esta iniciativa parlamentaria el GPP pretende que se reduzca en medio punto la tarifa de cada uno de los tramos autonómicos existentes en el IRPF, de manera que los madrileños que se encuentran en el tramo más bajo puedan ahorrarse un 5,5 %, así como la aprobación de nuevas deducciones para las familias, los jóvenes y favorecer la iniciativa empresarial.

“A pesar de que estamos atravesando una gran crisis económica y España tiene una de las cargas tributarias más grandes de la OCDE, el Gobierno de Pedro Sánchez se empeña en subir los impuestos”, ha recordado el portavoz popular.

Asímismo, el objetivo es que se revisen las actuales intenciones de subir impuestos a los ciudadanos, y plantee una reforma tributaria a nivel nacional, que, rebajando el esfuerzo fiscal, ajuste los distintos tributos para que haga a España un país más competitivo y permita plantear incentivos estables al crecimiento y a la recuperación. El objetivo no debe ser incrementar la presión fiscal, sino la recuperación. “La mayor recaudación vendrá con el crecimiento”, ha afirmado el portavoz popular.

Los populares también piden que el Gobierno Central respete las medidas normativas sobre los tributos cedidos adoptadas desde 1996 por las Comunidades Autónomas en desarrollo de los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad mediante el correspondiente compromiso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para ello proponen una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, reforzando el principio de corresponsabilidad fiscal, mediante la prohibición de adopción de decisiones que restrinjan el ámbito competencial normativo vigente, de manera que se garantice que no se recortará el actual nivel de autonomía normativa en materia tributaria.

“Desde el GPP hemos presentado esta proposición, que lo que quiere es que se bajen impuestos en España, empezando por la Comunidad de Madrid, donde instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid empiece con una de sus primeras medidas, cumpliendo el programa electoral, y haciendo una rebaja de medio punto en el IRPF”, ha finalizado Muñoz.

Esta iniciativa responde al compromiso de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ya llevaba en su programa electoral de 2019, y también en el de las últimas elecciesta iniciativa y  es un compromiso que sigue vigente.

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El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha afirmado esta mañana que “los indultos no se han creado para sostener gobiernos”. Serrano ha explicado que “estos indultos que propone el Gobierno de Sánchez y Podemos, no buscan recuperar la concordia, lo que buscan realmente es que los españoles paguemos la factura que le han generado los independentistas por seguir manteniéndole en La Moncloa”.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado esta mañana una Proposición No de Ley para instar a la Comunidad de Madrid, para que a su vez inste al Gobierno de la Nación, a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo,  no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

Asimismo, con la aprobación de esta iniciativa, el GPP busca que la Asamblea de Madrid exprese su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país.

“Esta PNL pretende que la Asamblea se pronuncie sobre el intento de conceder indultos por parte del Gobierno de Sánchez a quienes dieron un golpe de Estado en nuestro país”, ha asegurado el portavoz popular.

Serrano ha explicado el objetivo que tiene el GPP al registrar esta iniciativa parlamentaria es que “la Asamblea de Madrid y los diputados que representan a los madrileños ratifiquen su apoyo a la Constitución Española y al ordenamiento jurídico; queremos que los diputados de la Asamblea de Madrid muestren su apoyo a los tribunales de justicia que conforme a derecho, determinaron esa sentencia; y queremos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a petición de la Asamblea de Madrid, se dirija al Gobierno de España para que no siga adelante con ese intento de conceder unos indultos a estos golpistas”.

Para finalizar, el portavoz se ha mostrado contundente afirmado que “desde luego, esta Asamblea de Madrid se debe pronunciar alto y claro en contra de esa iniciativa”.

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El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, junto con el portavoz adjunto, Pedro Muñoz Abrines, ha registrado esta mañana la creación de una Comisión de Investigación sobre la incidencia y expansión del COVID-19 a través del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha explicado que “los madrileños tenemos derecho a saber qué hubiera pasado si el Aeropuerto de Madrid Barajas hubiera tomado las medidas que la Comunidad de Madrid reclamaba”. Asimismo, el portavoz considera necesario “saber cuál ha sido el impacto en el desarrollo de la pandemia si el aeropuerto hubiera tomado las medidas que la Comunidad de Madrid reclamaba y que los organismos internacionales vienen reclamando continuamente”.

El objeto de la Comisión es analizar la incidencia y expansión de la COVID-19, con sus distintas variantes y cepas, en la población de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la entrada de personas infectadas a través del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, así como el análisis de las medidas solicitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al Gobierno de la Nación, y su posible eficacia en relación con controles epidemiológicos y restricciones de actividad en el aeropuerto.

El primer caso de Covid-19 en la Comunidad de Madrid llegó de Italia, por el aeropuerto, el 25 de febrero de 2020, y desde entonces hasta la actualidad, han transcurrido por él más de 20 millones de viajeros. Por ello, una de las prioridades de la Comunidad de Madrid en su estrategia de lucha contra el Covid-19 se ha centrado en solicitar controles en Barajas que contuvieran la llegada de casos positivos y la entrada de nuevas cepas. “Sin embargo, el Gobierno de la Nación fue en dirección contraria”, ha lamentado Serrano.

Tal y como se detalla en el texto de la creación de la Comisión de Investigación, con tan solo el 7 % de los viajeros, que han sido objeto de algún tipo de control en el aeropuerto, se han detectado 771 casos importados por Barajas.

“Es una comisión que corresponde a las competencias que tiene la Comunidad de Madrid, que además es de interés de la Comunidad de Madrid y de los propios madrileños y, por lo tanto, no entenderíamos que hubiera alguien que se opusiera a querer saber qué ha fallado en esta investigación”, ha finalizado el portavoz.

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