La Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de hoy una Proposición No de Ley (PNL) a propuesta del GPP en la que se reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que se amplíe la vida útil de las centrales nucleares y solicita la revisión del calendario para su cierre eliminando criterios ideológicos en favor de criterios técnicos y de seguridad.
La nuclear es una fuente de energía estratégica para España y clave en situaciones de crisis energética y meteorológica. Por ello, el GPP pide en esta PNL que se abra un diálogo con las empresas operadoras para la continuidad de las instalaciones nucleares actuales como la de Almaraz, una medida necesaria para garantizar el suministro eléctrico y evitar un impacto negativo en el desarrollo industrial y económico de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la propuesta recoge la necesidad de adecuar la carga fiscal de la energía nuclear a niveles del resto de países miembros de la UE para garantizar su viabilidad. El texto refleja la necesidad de revisar la política fiscal aplicada al sector, en particular la ‘Tasa ENRESA’, cuyo incremento del 30% impuesto unilateralmente por el Gobierno central genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad de las centrales.
Además de ser pieza fundamental para el equilibrio y la competitividad del sistema eléctrico nacional, la nuclear evita la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO2 al año, contribuye decisivamente a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y disminuye el consumo de combustibles fósiles como el gas y el carbón, que son escasos, caros y muy contaminantes.
En este sentido, Rafael Núñez, portavoz adjunto del GPP en la Asamblea y encargado de defender esta iniciativa en el Pleno, ha señalado que “la nuclear es la única energía limpia que es autónoma respecto a las condiciones climatológicas”, por lo que “si sólo se atendiera a los hechos, sin prejuicios ni sesgos ideológicos, todos los diputados estarían de acuerdo en que esta energía dota de estabilidad, continuidad y seguridad al sistema eléctrico, no emite emisiones y evita la dependencia del exterior”.
Por ello, la propuesta insta también a que se evalúe el impacto económico y medioambiental del cierre programado por el Gobierno de Sánchez, algo “contrario al signo de los tiempos, catastrófico desde el punto de vista social y económico”, ha destacado Núñez.
“España es el único país con centrales nucleares que quiere cerrarlas. Primero, con una batería de impuestos específicos que impidan su rentabilidad y, si sobreviven, imponer su cierro obligatorio”, ha indicado Núñez en su intervención para luego explicar que este cierre “comprometería el suministro, aumentaría los precios para las empresas y las familias de una manera descomunal e incrementaría la producción de CO2, además de comprometer inversiones valoradas en 6.000 millones de euros relacionadas con los centros de datos, la inteligencia artificial y el sector tecnológico, y que dependen de la estabilidad y la garantía del suministro en la región”, ha añadido.
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