El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy una Proposición No de Ley en la que exige al Gobierno central transparencia e información sobre los beneficios penitenciarios concedidos a etarras.
La PNL de los populares pide que se frene la política penitenciaria de indultos encubiertos motivada en razones de exclusiva oportunidad política y reclama que se haga público el número de etarras que han recibido en los últimos siete años el tercer grado penitenciario o se les ha aplicado el régimen de flexibilización, así como la cifra de permisos ordinarios y extraordinarios.
En este sentido se ha pronunciado el diputado popular José Virgilio Menéndez, quien ha señalado que “el pacto encapuchado, el pacto de legislatura entre PSOE y Bildu es una amnistía general como punto central” y ha reprochado a los grupos de izquierda “su complicidad con los herederos de la banda terrorista, con el partido político que guarda sus esencias”.
Los populares reclaman además en su texto que se acredite si los etarras que reciben estos beneficios penitenciarios han cumplido con los requisitos del 72.6 de la LOGP, como son el abandono efectivo del terrorismo, acompañado de la colaboración real y efectiva con las autoridades, y manifestada mediante el repudio expreso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y la constatación técnica de la desvinculación del entorno terrorista porque “las víctimas están siendo arrastradas en su dignidad solo por el interés de Pedro Sánchez”, ha afirmado Menéndez.
En esta línea, el popular ha destacado que lo dramático no es que Sánchez cierre las puertas de la Moncloa a las víctimas del terrorismo y las abra a Bildu. Lo verdaderamente triste es que Pedro Sánchez y los socialistas han robado a las víctimas la esperanza en la Justicia”. Por eso, la iniciativa pone de manifiesto la necesidad de que se garantice la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre las Administraciones autonómicas que han asumido competencias en su gestión y así evitar prácticas que desvirtúen la legislación vigente.
Para ello, el texto recoge la necesidad de que se proporcione a la Fiscalía y a los órganos judiciales de vigilancia penitenciaria los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en esta materia.
Por último, el GPP insta a que se promuevan las reformas legislativas que impidan la utilización de instrumentos excepcionales para conceder indultos encubiertos, así como asegurar que la ejecución de las penas se rija exclusivamente por criterios legales, técnicos y objetivos.
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