El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid registra una solicitud para la creación de una comisión de estudio que aborde el impacto de la Ley de Nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid. “No se puede jugar con las normas básicas de la democracia”, ha destacado el portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache.

El objetivo principal de esta iniciativa es conocer la incidencia en la evolución del censo electoral de la Comunidad de Madrid de las adquisiciones de nacionalidad española realizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como de la regularización masiva de inmigrantes.

La Ley de Memoria Democrática permite que los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo puedan adquirir la nacionalidad española de origen. Sin embargo, la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, hace extensiva la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cualquier descendiente de español, independientemente del momento histórico en el que el familiar salió de España e independientemente de cuántas generaciones hayan trascurrido.

Con esto, casi un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 han sido asignados a la Comunidad de Madrid, un total de 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40% del voto exterior.

En este sentido, el Portavoz de los populares ha explicado que “la Ley de Nietos y el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez están alterando significativamente los censos electorales”. “Son millones de personas que aparecen en determinados municipios y pueden cambiar artificialmente el resultado de unas elecciones”.

Por ello, la iniciativa propuesta por el GPP prestará especial atención al análisis de, entre otras cuestiones, el número de nacionalizaciones efectuadas a través de la Ley de Nietos, su posible incidencia en el censo electoral madrileño y la evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de esta norma.

Asimismo, se estudiará la distribución de las inscripciones electorales por países de residencia, el impacto habitual del voto CERA en procesos electorales, la coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes, así como los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.

Para ello, el GPP propone los trabajos de la comisión cuenten con especialistas en Derecho de Nacionalidad y Derecho Electoral, representantes de las Administraciones Públicas competentes, expertos en Demografía y Estadística Electoral, así como otros profesionales que puedan contribuir al estudio objeto de esta comisión.

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