El portavoz del GPP de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha registrado una Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados, para la modificación de la ley regulador ara del Derecho de Asociación para luchar contra el antisemitismo.
“Desde el GPP estamos firmemente comprometidos en la lucha contra el odio, por eso hemos registrado en la Asamblea una Proposición de Ley para instar a las Cortes Generales a que legisle en esta materia”, ha explicado el portavoz regional.
La Comunidad de Madrid no tiene competencia para modificar los requisitos y condiciones que para ser beneficiario de subvenciones se establecen de forma básica en la Ley estatal, por eso Serrano ha explicado que “en los últimos tiempos estamos viendo diversas actitudes que tratan de boicotear al pueblo judío, y por eso desde el GPP queremos, ya que la Comunidad de Madrid no tiene competencias, que las Cortes Generales lo hagan”.
La diputada del GPP, Almudena Negro, ha recordado que “la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) logró que el 26 de mayo de 2016 un total de 31 países, entre los que se encuentra España desde 2008, adoptasen una definición práctica de antisemitismo, que incluye declaraciones de odio hacia los judíos”.
A renglón seguido, Negro ha denunciado que “no podemos consentir que en España haya asociaciones que se dediquen con dinero público a difundir ese odio hacia el pueblo judío., por eso esta iniciativa va dirigida a modificar la Legislación Española para que las asociaciones BSD no puedan recibir ni subvenciones ni financiación pública de ningún tipo”.
Serrano ha explicado que “se considera justificada la necesidad de recoger de forma expresa en la legislación estatal aplicable la prohibición de contratar o de obtener la condición de beneficiario de una ayuda pública, o de actuar como entidad colaboradora, para todo tipo de entidad que incurra en prácticas discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o por motivos antisemitas o circunstancia personal o social, haciendo hincapié en el antisemitismo”.
Por lo tanto, Negro ha explicado que “con la solución legislativa que esta iniciativa proporciona se conseguirá la modificación por el Congreso de los Diputados de las leyes que regulan las subvenciones y contratos públicos, para inhabilitar a aquellas entidades que realizan prácticas discriminatorias.
Madrid quiere sumarse, una vez más, al movimiento internacional contra el antisemitismo, a través de la adopción de la definición de antisemitismo de la IHRA, así como de las modificaciones legislativas necesarias para frenar dicha lacra.
El antisemitismo es, según la definición adoptada, una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto.
En este sentido, las manifestaciones de antisemitismo pueden incluir ataques contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo.
Existen alcaldes de un total de 58 ayuntamientos en España han denominado a sus pueblos y ciudades “Espacios Libres de Apartheid Israelí”. Las mociones transcritas de los plenos municipales aprobaban que los gobiernos locales no contrataran ninguna empresa, producto, entidad u organización que fuera israelí o tuvieran relación con el pueblo judío.
Las mociones antisemitas e ilegales se fueron consolidando con total impunidad en los consistorios liderados por alcaldes de Podemos, IU y PSOE. De este modo, compañías de teatro, conferenciantes, cineastas, actores o empresas israelíes vieron rechazada su contratación por parte de las formaciones izquierdistas locales ante la perplejidad de los afectados.
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