El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alvaro Ballarín, ha defendido que el sistema de contratación de emergencia, que los gobiernos autonómicos han utilizado a lo largo de la crisis sanitaria para la gestión del Covid, “no es ninguna ausencia o falta democrática, ya que no hay nada más democrático que una ley orgánica votada en las Cortes Generales del Estado”.
Ha sido en el marco de la celebración del Pleno monográfico sobre las contrataciones durante la crisis sanitaria cuando el popular, encargado de presentar las resoluciones de la formación parlamentaria, ha expuesto que el sistema de contratación de emergencia “establece además un orden para el caso que se den catástrofes como la que vivimos desde el mes de marzo de 2020”.
Asimismo, Ballarín ha explicado que el único requisito que indica es “que aquella persona que viene habilitada para ello, el interventor, sancione y de visto bueno a esa emergencia incluso en el caso de que no haya reserva de crédito”. En este punto, el diputado popular ha señalado que “el sistema de contratación de emergencia, siendo importantísima su transparencia, es un medio para un fin que son las personas y no podemos poner en riesgo la vida de las personas para llevarlo por el procedimiento de urgencia o por el ordinario”.
El diputado popular ha explicado desde la Tribuna que el GPP ha votado en contra de algunas resoluciones presentadas porque “desconocen que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en la legislación básica del Estado a la hora de regular el sector y la contratación que está recogido en la contratación del sector público”, algo que a ojos del popular da muestra de que las formaciones de izquierda lo que quieren es “hacer una causa general sobre algún tipo de contratación por el procedimiento de emergencia y no han sido capaces de señalar una irregularidad”.
“Como no han podido encontrar ningún informe irregular, ni ninguna irregularidad en ningún informe, porque como ha dicho el consejero y la presidenta apenas hay tres contratos que están fiscalizados por la Cámara de Cuentas, solo les queda hacer de esto una causa general”, ha señalado Ballarín.
Además, ha recordado que “en 2019 el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevó por el procedimiento de emergencia 13 contratos, lo que supone el 0,24 por ciento de contratos que gestionó. En el 2020, se llevaron casi 4500 contratos, el 85 por ciento de Sanidad y el 5 de Educación. Pero en 2021, cuando todavía tenemos las competencias del Covid, de los 864 contratos que han sido hechos por emergencia, ningún contrato de emergencia ha sido de otra consejería que no fuera de Sanidad”.
En este sentido, el popular ha argumentado que “si se ve la secuencia, hoy verán que no tiene sentido venir aquí a tratar este tema”. Pero, en cualquier caso, Ballarín ha señalado que la Comunidad de Madrid “ha llevado 4.500 contratos por un montante de 900 millones de euros, todos publicados en el ortal de Transparencia, mientras que Cataluña, a diciembre de 2020, no tenía ninguna y había llevado 6.000 contratos”.
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