La diputada del GPP, Beatriz Pérez Abraham, ha defendido este jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid la importancia de que la “integración de las personas con discapacidad debe abordarse con una perspectiva global y de carácter transversal, impulsando medidas en diferentes ámbitos, como la sanidad, la educación, el transporte, la vivienda”.

Ha sido en el marco del debate de una Proposición No de Ley cuando Pérez Abraham ha indicado a los integrantes de la Cámara regional que el GPP “siempre, siempre, ha apoyado las iniciativas” en favor de la integración de personas con discapacidad en el ámbito laboral y que están “convencidos de que la discapacidad no significa que no se tengan competencias para realizar una tarea profesional”.

“Así se hace tanto desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que presta atención a la empleabilidad de estas personas, como desde otras consejerías que llevan a cabo una importante labor para apoyar de forma individualizada a personas con diferentes discapacidades y posibilitar su integración laboral y su participación social, sobre todo, a la hora de buscar, encontrar y mantener un empleo”, ha señalado la popular.

El objetivo de este tipo de iniciativas ha explicado la diputada, es que las personas con discapacidad “consigan insertarse en un mercado de trabajo normalizado y, si esta situación no pudiera producirse en una primera fase, procurar que se transite hacia él desde los centros especiales de empleo”, ha explicado.

A continuación, ha esgrimido que “la sociedad y empresas madrileñas tienen que aprovechar todo el capital humano a su disposición” porque es ahí donde “reside la principal fuente de riqueza, crecimiento y cohesión social”. En este sentido, la diputada ha asegurado que “la Administración debe fomentar que todos los madrileños se sientan con plena ciudadanía: igualdad de derechos y oportunidades”.

Precisamente, ha suscrito, es lo que “hacemos desde el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid”, desde el que se promueve “un cambio de actitud hacia las personas con discapacidad, una toma de conciencia activa y un cambio de enfoque como el que se recoge en la Estrategia de Madrid por el Empleo 2021-2023”.

Así, la Comunidad trabaja en tres grandes ejes: “Reforzar los recursos en materia de intermediación laboral; mantener y tutelar el empleo protegido; e incentivar y promover la integración laboral en el mercado ordinario de empleo”, ha explicado Pérez Abraham. En este punto, ha dicho que “tanto el grupo de trabajadores con discapacidad, como el de mujeres ya están designados como prioritarios en la Estrategia y en todas las iniciativas de formación para el empleo”.

“Con el objeto de ofrecer formación especializada dirigida a las personas con discapacidad intelectual, desde 2021 existe una línea específica que incluye especialidades adaptadas a sus necesidades de aprendizaje, adecuando programa, duración y elementos pedagógicos”, así como ese mismo año se “inició un plan de acreditación de competencias novedoso con la aprobación de la convocatoria abierta y permanente de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales”.

Desde el GPP, ha asegurado Pérez Abraham, “estamos orgullosos de las políticas que el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso realiza en favor de las personas con discapacidad y sus familias, y seguiremos trabajando por su inserción laboral y para lograr su plena inclusión social”.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Núñez, ha defendido este jueves durante el Pleno de la Cámara regional la Proposición de Ley de modificación de elección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del Gobierno regional, una “iniciativa legislativa que busca profundizar en la independencia del sistema judicial español y transmitir a los ciudadanos la independencia y el poder del Estado de Derecho”.

Como ha señalado el diputado popular, esta medida es “lo que nos está demandando Europa, todos los ámbitos europeos, ya no solamente la Comisión, los diferentes tribunales” y, además, porque como ha indicado Núñez, “las cuatro asociaciones de magistrados de nuestro país, algunas con la boca pequeña, han manifestado al comisario europeo de Justicia que los jueces deben ser elegidos por jueces”.

“Todos los ciudadanos tienen derecho a un Sistema judicial independiente, basado en la meritocracia y en la capacidad, como marca la Constitución en términos de la legitimación democrática de los jueces y magistrados”, ha explicado el popular para añadir que “por eso hoy echo de menos que la bancada de la izquierda no profundice también respecto a la Fiscalía, órgano tremendamente importante desde el punto de vista del sistema judicial español porque si queremos cimentar esa independencia judicial, parece razonable que hoy viéramos cesada a la Fiscal General del Estado, que toda su vida ha sido ministra de Justicia, diputada del PSOE y militante active”.

Como señala el Tribunal de la Unión Europea y también el Tribunal de Derechos Humanos, ha explicado Núñez, “el Estado de Derecho engloba cuestiones institucionales como tribunales independientes imparciales y la separación de poderes”, así como ha recordado que “respetar el Estado de Derecho es también esencial para que los que no tengan confianza en las instituciones públicas”. Sin esa confianza, ha asegurado, “las sociedades democráticas no pueden funcionar”.

“La defensa de la independencia de un poder del Estado, como es en este caso la Justicia, es una parte sustancial de la forma de gobierno”, ha continuado el diputado popular para añadir que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcó que la independencia tiene un aspecto interno, como es en este caso la distancia con respecto a las partes, y otro externo que consiste en que los jueces no estén sometidos a órdenes, instrucciones o presiones de estos órganos, en particular de los poderes legislativo y ejecutivo”. Iniciativas como la debatida este jueves “profundizan y van en la línea marcada por el Tribunal de Justicia y por el resto de organismos internacionales”.

El objetivo del Proyecto de Ley es “profundizar en independencia de nuestros jueces, aunque nuestros jueces son plenamente independientes, y eliminar cualquier sospecha de politización que pueda tener nuestra justicia de cara a los ciudadanos”, ha reiterado. “El afán, en este caso del Gobierno y lógicamente del Grupo Popular con su apoyo, es llevar a cabo reformas que refuercen esa independencia para terminar con la percepción que tiene la sociedad española y el debilitamiento del principio de separación de poderes”, ha explicado Núñez.

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