El portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache, ha anticipado hoy el dictamen final con las conclusiones de la Comisión de Estudio para el análisis de las consecuencias que tendría para los madrileños el llamado “Acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña”, y el texto concluye que este pacto es inconstitucional, pone en riesgo los servicios públicos y perjudica especialmente a Madrid.

El documento, que se aprobará en comisión el próximo miércoles 18 de febrero, incluye un total de siete conclusiones que ponen de manifiesto que el acuerdo no tiene ningún encaje constitucional, ya que rompe tanto el principio de igualdad entre ciudadanos como el de solidaridad interterritorial y recoge que un cupo catalán conllevaría la necesidad de reformar la Constitución.

Sobre este punto, el portavoz de los populares ha incidido en que “esto no va de madrileños o catalanes, va de la corrupción secesionista en Cataluña y de la corrupción institucional para mantener a Sánchez en el poder”. “Este acuerdo trata de modificar la Constitución por la puerta de atrás, de llevarnos a una confederación de manera ilegítima basada sólo en la necesidad de que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa”, ha señalado.

Además, con este acuerdo se pone en riesgo la prestación de servicios públicos comunes en todas las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado se quedaría sin recursos suficientes para poder ejercer las funciones que la Constitución le asigna, anulando la capacidad del Estado de garantizar el equilibrio territorial y social, y supondría la fractura de la Agencia Tributaria Estatal, algo que el portavoz de los populares ha calificado como “un disparate que aumentaría la burocracia y facilitaría el fraude fiscal”.

Asimismo, se evidencia que Cataluña no está infrafinanciada y que su problema no es de financiación, sino de gestión. A pesar de ser la Comunidad Autónoma con las tarifas más altas de las distintas figuras tributarias y la que más impuestos propios tiene, ha generado sucesivos déficits fiscales y una deuda pública que hacen difícilmente sostenible sus cuentas. Sin embargo, ese incremento exponencial del gasto no ha estado vinculado a una mayor prestación de servicios públicos, sino que ha estado encaminado a generar una estructura del Estado paralela al español, orientado a la idea de conseguir la independencia, concluyen en la comisión.

El dictamen refleja también la posibilidad que recoge el acuerdo de poder extender estas condiciones a otras CCAA y abrir la puerta a una generalización del sistema de concierto y explica que sería una trampa porque lo que propone es desequilibrar el sistema en favor de los territorios, dejando a la Administración central en una posición subordinada.

Para elaborar el dictamen final, se han tenido en cuenta las aportaciones de numerosos expertos en Derecho Constitucional o Financiero, así como representantes de diferentes instituciones. Entre ellos, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán; el director de Fedea, Ángel de la Fuente, los catedráticos Raúl Canosa, Gabriel Casado o Vicente Garrido, así como el ex director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruíz-Jarabo.

Todos ellos han compartido su análisis sobre este acuerdo bilateral durante los seis meses de trabajo de esta comisión y han expuesto las consecuencias que tendría a nivel general y en particular para la Comunidad de Madrid, que saldría especialmente perjudicada.

Madrid quedaría, prácticamente, como la única comunidad responsable de financiar la redistribución territorial, lo que pondría en riesgo la prestación de sus servicios públicos o conllevaría un incremento de la presión fiscal sobre los madrileños. De esta manera, se acabaría con el modelo fiscal de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid, que es la garantía de prestación de los mejores servicios públicos, concluye el estudio.

En este sentido, Díaz-Pache ha destacado que la Comunidad de Madrid es un ejemplo de que, con impuestos bajos y una buena gestión, las regiones pueden ser prósperas”. Sin embargo, “su sectarismo ideológico les impide reconocerlo y quieren imponer el sistema fracasado de secesionismo catalán, que con 15 impuestos propios no son capaces de financiarse”, ha concluido.

El Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno del próximo jueves en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley con la que rechaza el sistema de financiación que se presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el pacto del Gobierno central con ERC y pide su retirada. “No vamos a permitir que se robe a los madrileños para pagarle el alquiler de la Moncloa a los secesionistas”, ha señalado el portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache, tras la Junta de Portavoces.

Díaz-Pache ha calificado la propuesta como “intolerable” y ha apuntado que “castiga a las regiones que han gestionado bien, como la Comunidad de Madrid”. “Esto supone un paso más para la fabricación de una nación paralegal en Cataluña”, ha advertido.

La Comunidad de Madrid es el principal motor económico de España, con una aportación del 20% del PIB nacional. Sin embargo, el sistema de financiación actual es insuficiente y genera desequilibrios, ya que no tiene en cuenta el coste real de los servicios que deben prestarse a más de 7 millones de madrileños, con una población creciente, dinámica y con un fuerte peso de los servicios públicos.

En este sentido, la propuesta del GPP destaca que el nuevo modelo debe tener en cuenta la realidad socioeconómica y demográfica de la Comunidad de Madrid, marcada por un fuerte crecimiento poblacional y un mayor coste de la prestación de servicios, así como el papel capital de la región como motor económico de España. Además, los populares piden que se reconozca el esfuerzo contributivo de Madrid y que no penalice a quienes más aportan.

Los populares ponen de manifiesto con esta iniciativa la necesidad de abordar cuanto antes una reforma del modelo de financiación autonómica que garantice que se puedan seguir prestando unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos, que proporcione y garantice suficiencia, estabilidad, equidad, corresponsabilidad y seguridad jurídica. Y, en esta línea, el portavoz de los populares ha señalado que “el sistema de financiación autonómica está obsoleto y hay que cambiarlo, pero hay que hacerlo con lealtad y entre todos. No vamos a consentir que los nacionalistas se fabriquen su falsa e idealizada nación con el dinero de todos”.

Para ello, la reforma del modelo de financiación autonómica debe abordarse, según propone el GPP, desde una negociación en el seno del Consejo Política Fiscal y Financiera que evite cualquier ruptura del régimen común de financiación y mantenga la solidaridad entre regiones. Defienden un modelo justo, trasparente y solidario, que fortalezca la unidad del sistema y evite la fragmentación territorial derivada de pactos con el independentismo.

Por último, esta PNL insta a que se inicien los trabajos para una nueva propuesta rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real de la prestación de los servicios. Un nuevo modelo que respete la Constitución Española, que reconoce la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid y del resto de comunidades autónomas, rechazando cualquier intento de limitar la capacidad normativa autonómica en materia fiscal y tributaria.