El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid cierra el segundo periodo de sesiones del primer año legislatura con un total de 224 iniciativas tramitadas para mejorar la calidad de vida y defender los intereses de los madrileños, una cifra que responde al compromiso electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al ejercicio de responsabilidad asumido por el Grupo mayoritario en el Parlamento regional en respuesta a la confianza recibida en las últimas elecciones autonómicas.
La Ley de Medidas Urbanísticas para la Promoción de Vivienda Protegida ha sido la última de las 10 iniciativas legislativas que han recibido la luz verde y con ella se podrá autorizar el cambio del uso de suelo calificado como terciario -destinado a oficinas- a uno residencial para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler.
Con su entrada en vigor, prevista para este mismo mes, el Ejecutivo autonómico estima que se podrán liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales para convertirlos en 20.000 nuevos hogares.
Antes de esta ley, la Asamblea se pronunció a favor del Proyecto de Ley de Economía Circular, que refuerza el objetivo de mejora del medio ambiente regional, reduce la burocracia sin añadir tasas o impuestos e implanta un nuevo sistema productivo más eficiente para el aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, en este segundo periodo de sesiones, ha recibido el respaldo parlamentario el Proyecto de Ley para regular las principales condecoraciones de la Comunidad de Madrid. Con esta medida, se reestructuran las distinciones honoríficas que se podrán otorgar para reconocer el prestigio de personas e instituciones y pasan a ser tres: la Medalla de Oro, la Medalla Internacional y la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.
En el primer periodo de sesiones
El Proyecto de Ley para la deflactación del IRPF y la Proposición de Ley que modifica la bonificación del Impuesto de Patrimonio fueron las primeras medidas que contaron con el apoyo del Parlamento regional.
Con la aprobación del Proyecto de Ley para la deflactación del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), la Comunidad de Madrid fue la primera región de régimen común en llevar a cabo esta medida por segundo año consecutivo, con la que corrige la progresividad de este impuesto y evita que las subidas salariales supongan una mayor tributación.
Por su parte, la Proposición de Ley para modificar la bonificación del Impuesto de Patrimonio permite a la Comunidad de Madrid asumir la recaudación del Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF) en 2024. Con esta propuesta, los contribuyentes afectados por el tributo estatal pagarán la misma cuota, pero lo harán a través del gravamen gestionado por la Comunidad de Madrid, con el que el Ejecutivo madrileño seguirá realizando nuevas bajadas fiscales.
A estas iniciativas legislativas se sumó también el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid, cuyos principales objetivos son potenciar las capacidades de la Administración frente a los crecientes ciberataques, colaborar con las entidades municipales de menos de 20.000 habitantes que no disponen de estrategias ni medios para proteger sus sistemas, fomentar el emprendimiento del ecosistema empresarial del sector, impulsar la cultura en este ámbito y ofrecer a los ciudadanos el marco de confianza necesario en su relación con los medios electrónicos.
En mes de diciembre, también se debatieron y aprobaron los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2024, los más elevados de la historia con una cifra total de 27.558 millones, un 19,6% más que los de 2022, los últimos aprobados. Se trata de unas cuentas que ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con la inversión social, en los que casi 9 de cada 10 euros van destinados a políticas sociales.
Para cerrar el primer periodo de sesiones, el GPP llevó al Pleno de la Asamblea la Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo seguir avanzando en la línea de claridad y simplificación normativa de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la Asamblea respaldó dos proposiciones de ley para modificar la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, que tienen como objetivo dar mayor claridad y seguridad jurídica para garantizar la protección de los derechos de las personas trans y LGTBI, y asegurar la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos.
Proposiciones No de Ley
Dentro de su actividad parlamentaria, los populares han conseguido sacar adelante un total de 14 Proposiciones No de Ley, 12 de ellas ha sido debatidas en el Pleno de la Asamblea y dos más en comisión. Con estas iniciativas, el GPP ha instado al Gobierno central en asuntos como la amnistía, el empleo público, el suministro energético, la agricultura o el respeto a la tauromaquia, entre otros, para impulsar la economía y defender los intereses de todos los madrileños.
Tanto en comisiones con en Pleno, el eje central en la labor del GPP ha sido el beneficio de los ciudadanos de Madrid y, para ello, ha planteado 27 preguntas a la presidenta de la Comunidad, 139 a los consejeros del Gobierno y se han tramitado 25 comparecencias y siete preguntas orales en comisión.
Comisiones en la Asamblea
A propuesta de los populares y con el consenso de todos los grupos, la Asamblea de Madrid se pronunció en diciembre a favor de la creación de la Comisión de Estudio para para Abordar el Uso de la Tecnología por parte de la Infancia y la Adolescencia, con especial atención al uso que se hace de las pantallas, los contenidos a los que acceden, el tiempo que están conectados a esos dispositivos o la información que reciben a través de ellos.
En el segundo periodo de sesiones, el GPP ha propuesto una nueva comisión. En este caso, se trata de una Comisión para investigar, y en su caso, determinar las responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid.
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