El Grupo Parlamentario Popular lleva al Pleno en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley con la que exige al Gobierno central que respete la independencia del Poder Judicial, sin injerencias ni ataques, y dote de todos los medios humanos y materiales necesarios para poder llevar a cabo su función constitucional. Así lo ha adelantado hoy el portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache, quien ha destacado que “deben cesar los ataques y el señalamiento a jueces y fiscales que sólo hacen su trabajo”.

En su intervención, Díaz-Pache ha puesto de manifiesto que “sin independencia judicial no hay democracia”. Y, en esta línea, los populares recogen en su exposición de motivos que el pilar de todo Estado de derecho es una Justicia ágil y eficaz, un objetivo inalcanzable cuando persiste una carencia tan acusada de personal y cuando los procesos selectivos conllevan una inestabilidad crónica en las plantillas.

En este sentido, reclaman que se disponga de las plazas de jueces y fiscales requeridas en función de las necesidades manifestadas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas, así como de las plazas de personal funcionario que se precisen.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la iniciativa del GPP pide que se convoquen nuevas plazas de jueces y magistrados en orden a las demandas realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región, que estima de manera urgente la cobertura de 142 puestos y más de 350 nuevas plazas adicionales de cara a los próximos cinco años.

Los procesos selectivos de turno libre de los funcionarios al servicio de la Justicia convocados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han estado en los últimos años vinculados exclusivamente a una tasa de reposición de efectivos insuficiente, en muchos casos, para cubrir las vacantes por jubilación, por lo que esta PNL insta a que se elimine la tasa de reposición y otorgue 800 plazas anuales en las ofertas de empleo público de los próximos tres años en la Comunidad de Madrid.

El texto también hace referencia al problema de la temporalidad en el empleo público y propone que la oferta del ministerio permita a la Comunidad de Madrid alcanzar como máximo el 8% de interinidad, frente al 38,6% actual.

Asimismo, los populares ponen de manifiesto el problema que genera que sea el Gobierno central el que determine unilateralmente el número de plazas para funcionarios de Justicia que se ofertan a nivel nacional y que las distribuya entre las Comunidades Autónomas sin atender a las necesidades de cada una de ellas, a pesar de que son las regiones las que hacen frente a la totalidad de las retribuciones de este personal. Por ello, el texto recoge la necesidad de que las plazas asignadas respeten la distribución por cuerpos que determine previamente la Administración autonómica.

Por último, el GPP reclama con esta iniciativa que el criterio de otorgamiento del número de plazas contemple las vacantes generadas en los concursos de traslados anuales y las plazas de nueva creación, además de se reduzca el plazo de ejecución de las ofertas de empleo público para que no se genere un número excesivo de vacantes que avoque a su cobertura por personal interino.

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