El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid ha sacado adelante en el Pleno de hoy la creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de las drogas ilegales en la Comunidad de Madrid. «Las drogas son una gran amenaza a la libertad”, ha destacado el portavoz adjunto, Rafael Núñez Huesca, en su intervención.

El objetivo principal de esta iniciativa es conocer las consecuencias reales que tienen las drogas ilegales en la sociedad, las causas que llevan a la adicción, su verdadero alcance en la vida de los afectados y de sus familias, así como el negocio que se genera a su alrededor y posibles fórmulas para tratar con éxito el problema.

Asimismo, esta comisión prestará especial atención al repunte en el consumo de heroína, cannabis o drogas que, como el fentanilo, están teniendo un efecto devastador en otros lugares del mundo.

“El cannabis es la droga más consumida por los jóvenes madrileños y la puerta de entrada de otras drogas”, ha señalado Núñez, quien ha advertido de que, además, es la más peligrosa porque es en la que se inician los adolescentes y provoca daños cerebrales irreversibles, enfermedades mentales, destruye familias, lleva a la soledad, el suicidio, el crimen y, en última instancia, al fracaso vital”.

A pesar de los datos, “se ignora el potencial devastador de esta droga, se ha minusvalorado y, en otros casos, se ha producido un blanqueamiento de la cultura del cannabis”, ha indicado Núñez, lo que pone de manifiesto, en su opinión, la necesidad de esta comisión “para entender mejor el fenómeno y poder abordarlo con garantías”.

Para ello, la comisión contará con expertos, profesionales de la salud, educadores, víctimas de la drogadicción y sus familiares, y contará con las aportaciones de diferentes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Comunidad de Madrid lleva años trabajando en el ámbito de la drogodependencia con programas orientados a la prevención del consumo y especialmente dirigidos a la población infantil y juvenil. De esta manera, la iniciativa refuerza la estrategia general del Gobierno autonómico, que ha puesto en marcha el Plan Regional contra las Drogas, con 75 medidas y cuatro grandes ejes de actuación: la prevención, la asistencia, la reinserción, así como la vigilancia y monitorización.

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