El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid ha sacado adelante en el Pleno de hoy la creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de la Ley de Nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid. “Se ha revelado un fraude y los madrileños tiene derecho a saber qué está pasando”, ha defendido el diputado, Francisco Galeote, en su intervención.
El objetivo principal de esta iniciativa es conocer la incidencia en la evolución del censo electoral de la Comunidad de Madrid de las adquisiciones de nacionalidad española realizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como de la regularización masiva de inmigrantes.
La Ley de Memoria Democrática permite que los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el Franquismo puedan adquirir la nacionalidad española de origen. Sin embargo, la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, hace extensiva la posibilidad de adquirir la nacionalidad a cualquier descendiente de español, independientemente de si su ascendente sufrió exilio o no, sustituyendo la exigencia de prueba que prevé la Ley por una mera presunción, ampliando así el derecho de opción a un número indeterminado de personas y desvirtuando lo aprobado en el Congreso.
En este sentido, Galeote se ha manifestado “a favor de los efectos reparadores que buscaba la ley que permitía recuperar la nacionalidad a quienes había sufrido exilio político”. “El problema es que la Dirección General de Sofía Puente ha intentado colarnos un censo electoral inflado incluyendo a quienes no han sufrido exilio alguno. Y eso es un fraude”, ha explicado.
“La Ley exigía acreditar el exilio y aquella Instrucción suprimió ese requisito cuatro días después en contra de lo que expresamente había votado el Congreso”, ha insistido para explicar que con ello “lo que no se consiguió en sede parlamentaria lo consiguió una firma en un despacho del Ministerio de Justicia”.
En su defensa de la iniciativa del GPP, el popular ha evidenciado que la Comunidad de Madrid es donde se concentra el mayor incremento del CERA. Casi un tercio de los inscritos desde octubre de 2022 han sido asignados a la Región, un total de 132.771 altas, lo que supone un incremento de casi el 40% del voto exterior. Ante esto, el diputado popular ha resaltado la importancia del censo electoral, porque “si consentimos que acaben en él miles de votos emitidos sin amparo legal, queda alterada la representación de esta Cámara y la del Congreso de los Diputados”.
Por ello, la iniciativa propuesta por el GPP prestará especial atención al análisis de, entre otras cuestiones, el número de nacionalizaciones efectuadas a través de la Ley de Nietos, su posible incidencia en el censo electoral madrileño y la evolución del censo de residentes ausentes desde la entrada en vigor de esta norma.
Asimismo, se estudiará la distribución de las inscripciones electorales por países de residencia, el impacto habitual del voto CERA en procesos electorales, la coordinación entre los registros civiles, las oficinas consulares, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral y las restantes administraciones competentes, así como los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.
Para ello, el GPP propone que los trabajos de la comisión cuenten con especialistas en Derecho de Nacionalidad y Derecho Electoral, representantes de las Administraciones Públicas competentes, expertos en Demografía y Estadística Electoral, así como otros profesionales que puedan contribuir al estudio objeto de esta comisión.
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