El GPP saca adelante una iniciativa en defensa de la independencia judicial y la separación de poderes

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy en la Asamblea una Proposición No de Ley (PNL) para defender la independencia judicial y la separación de poderes frente a las reformas impulsadas desde el Gobierno central.

Con esta iniciativa, los populares piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez la paralización y retirada inmediata del Proyecto de Ley que modifica la Ley del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que además de transgredir los principios de mérito y capacidad por los que ha de regirse el acceso a la función pública, menoscaba la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal, afectando a la separación de poderes.

Asimismo, la propuesta se refiere también al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y el proyecto de Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y piden su paralización por atribuir a la Fiscalía la instrucción de los procedimientos penales y difuminar las competencias del Consejo Fiscal, lo que significa un distanciamiento del modelo de la Fiscalía Europea, plenamente independiente y con un funcionamiento colegiado.

En este sentido, la diputada Mercedes Zarzalejo, encargada de defender la iniciativa en el Pleno, ha señalado que “esta reforma propicia el acceso arbitrario a la judicatura, restringe la participación democrática en órganos de gobierno y somete instancias clave a criterios partidistas”.

“Se trata de una modificación que no cuenta con el respaldo de los operadores jurídicos y que supone un asalto al Estado de derecho, un atropello al modelo de convivencia constitucional que garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder”, ha indicado Zarzalejo, que no duda al explicar que “no es otra cosa que construir un nuevo sistema judicial para protegerse a sí mismos, borrar sus delitos y garantizar su impunidad”.

“Un plan  premeditado de Pedro Sánchez para convertir al juez en un burócrata, al fiscal en un brazo más del Ejecutivo y a la ciudadanía en un simple espectador, sin voz ni legitimación para actuar contra un poder político corrupto”, ha continuado la diputada popular, quien ha insistido en que hay una corrupción institucional mortal y dañina que se está cocinando a fuego lento por la puerta de atrás”.

Por último, los populares reclaman financiación a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia por los costes derivados de la ampliación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.