La Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de hoy el dictamen final de la Comisión de Investigación sobre las posibles irregularidades en la gestión de las cátedras extraordinarias y estudios de postgrados en la Universidad Complutense de Madrid y otros centros adscritos, y el texto concluye que la cátedra dirigida por Begoña Gómez se gestó en la Moncloa y se creó de manera arbitraria para colocarla en una posición que no le correspondía por formación, ni por vinculación laboral, ni por experiencia académica.
El documento, aprobado ya en comisión a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, incluye un total de 26 conclusiones que ponen de manifiesto que este título se creó de manera anómala, acelerada y al margen de los cauces reglamentarios de la UCM, como ha expuesto la diputada del GPP y presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant.
De esta manera, se evidencia que ha habido un uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales, que se ha vulnerado la normativa interna de la Universidad y que la Plataforma Tecnológica de Medición de Impacto Recurrente fue desarrollada íntegramente y entregada por las empresas colaboradoras a los responsables de la cátedra.
Para elaborar el dictamen final, se han tenido en cuenta las aportaciones de 17 comparecientes en esta comisión, cuyo objetivo principal es devolver el prestigio a la UCM. En este sentido, la diputada Mercedes Zarzalejo, encargada de defender el texto en el Pleno, ha afirmado que “el carné de esposa del presidente no es un título habilitante para usurpar el puesto de los profesores universitarios”.
En su intervención, Zarzalejo ha destacado que esta iniciativa “ha servido para poner en valor el esfuerzo y el sacrificio de los jóvenes, graduados, doctorandos, docentes, investigadores y demás profesionales de la Universidad”.
“Mientras los españoles estábamos en casa cumpliendo con las restricciones del estado de alarma, el presidente del Gobierno, su esposa y sus ministros aprovechaban la parálisis del país para alimentar sus futuros negocios”, ha señalado. Por lo que este dictamen persigue también “pedir responsabilidades a todos los implicados”, ha apuntado la diputada popular. Y, para ello, el texto aprobado por el Parlamento regional recoge una serie de recomendaciones. Entre ellas, dar traslado al Ministerio Fiscal del documento final.
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