La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Miriam Bravo, ha defendido que las autonomías en las que gobierna el Partido Popular estarán enfrente de las “normas intervencionistas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la futura Ley de Vivienda”, que representa una “injerencia en las competencias autonómicas y atenta contra la propiedad privada y el uso libre de la misma, como recoge el artículo 33 de la Constitución española”.
Durante su intervención en el Pleno celebrado este jueves en la Asamblea regional, la diputada popular ha celebrado que las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pongan “en el centro a los ciudadanos frente a los excesos del Gobierno de la Nación, que discrimina y diferencia entre ciudadanos de 1ª y de 2ª según la comunidad autónoma” en la que residan.
“Después de casi dos años de negociación, han alcanzado un pacto que generará inseguridad jurídica a cambio de que Sánchez saque adelante los Presupuestos Generales del Estado o, lo que es lo mismo, los presupuestos de la vergüenza”, ha dicho Bravo al tiempo que ha asegurado que cuentas “llevarán a este país a un déficit y una deuda inasumibles”.
Frente a ello “tienen la fortaleza de nuestra región”, ha celebrado la popular, que ha explicado que los madrileños han aportado 300,5 millones de euros a otras autonomías al adquirir un 27 % de las viviendas fuera de la comunidad, mientras que “compradores de otras regiones solo aportaron 57,5 millones de euros a Madrid”.
“Optan por atentar contra el libre mercado, provocando que la oferta decaiga; haciendo que aumente el precio de los alquileres, que disminuya la edificación de obras nuevas, estrangulando al sector privado y encareciendo los precios un 70%, en vez de apostar por una mayor oferta de vivienda pública”, ha criticado la diputada.
La Ley supondrá para Madrid “la destrucción de 5.700 empleos del sector inmobiliario; dejarán de construirse 2.370 viviendas de obra nueva destinada al alquiler y de invertirse alrededor de 730 millones de euros anualmente”, así como irá “en contra el ahorro de las familias y espantará inversiones a futuro”. En vez de apostar “por el intervencionismo”, ha finalizado Bravo, “deberían elaborar una Ley Antiocupas que mire al propietario afectado como lo que es: una víctima que ve sus derechos vulnerados”.
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