El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Moraga, ha defendido este jueves ante los parlamentarios de la Cámara regional la postura popular ante la iniciativa presentada por la oposición sobre los mecanismos para evitar la corrupción y ha indicado que “no solo teníamos el derecho a utilizar la contratación de emergencia durante la pandemia, sino que teníamos la obligación de hacerlo con el propósito de salvar vidas”.
“Llevan más de cuatro meses intentando sembrar la especie de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha contratado irregularmente y de que ha abusado de la contratación de emergencia y han sido incapaces de acreditarlo una sola vez”, ha señalado Moraga, quien además ha asegurado a la bancada de la izquierda que “no solo teníamos el derecho a utilizar la contratación de emergencia, sino que teníamos la obligación de hacerlo con el propósito de salvar vidas”.
Por ello, el popular ha reiterado: “Lo volveríamos hacer, porque si no, no hubiera sido posible poner en pie el Hospital de IFEMA; que los colegios pudieran abrir de una manera segura para profesores y alumnos los cursos 20/21 y 21/22; y, como no, no hubiera sido posible que se construyera el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ha administrado más de 2.000.000 de vacunas y que, por cierto, la presidenta ha ofrecido para los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra”.
Los madrileños, ha dicho, saben muy bien que “todas estas actuaciones realizadas de un modo responsable y eficaz no hubiera sido posible sin un gobierno comprometido, que en todo momento ha actuado de acuerdo con la ley y siempre al servicio de todos los ciudadanos”, ha continuado al tiempo que ha afeado que con la iniciativa que copaba el debate, la izquierda pretende “darnos lecciones de ejemplarizad cuando durante los peores momentos de la pandemia el Gobierno de España adjudicó contratos escandalosos”.
Más allá de eso, ha explicado el popular, la intención de la Proposición No de Ley presentada por Más Madrid “de introducir la obligatoriedad del acta de titularidad real, no lo exige ninguna ley y además supondría un sobrecoste económico innecesario”. Respecto al “deber de publicar los contratos de emergencia en un máximo de 15 días ya está recogido en el Art. 151 de la LCSP”. Asimismo, el GPP rechaza el planteamiento de “mantener el procedimiento de elección de los consejeros de la Cámara de cuentas y su propuesta de elaborar mapas de riesgo por inconveniente o porque ya está regulado”.
“Nosotros no rehuimos el debate y ustedes se han referido, una vez más, al contrato relacionado con el hermano de la presidenta Díaz Ayuso, un contrato perfectamente legal, que cumple todos los requisitos exigibles de la contratación pública: informe de intervención; dación de cuentas al Consejo de Gobierno, recepción del material objeto del contrato; y, todo ello, sin ningún reparo”, ha señalado Moraga.
El documento, ha asegurado, “no solo cumple todos los preceptos legales, sino que además es legítimo, pues de lo contrario cualquier familiar de un político en España no podría trabajar para ninguna Administración Pública, ni para empresas que a su vez trabajaran para las mismas, aunque lo vinieran haciendo mucho antes de que sus familiares accedieran a sus cargos públicos”.
La política, ha comentado, “no puede tener en su origen una acción manifiestamente injusta, como condenar a un familiar a abandonar su profesión”, sino que “el noble ejercicio de la política no puede partir con un vicio de origen inmoral, como es obligar egoístamente a sus familiares a que sacrifiquen sus profesiones”. Las personas y profesionales, ha señalado el diputado popular, “deben poder seguir trabajando en el sector en el que lo venían haciendo con total normalidad, todo lo cual es perfectamente compatible con la honradez o la transparencia en la gestión de la función pública”.
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