Muñoz Abrines: “Lo que pide la izquierda no es legal y, además, ya está hecho, pero ante la incapacidad para ofrecer nada a los ciudadanos necesitan estirar un chicle que no da más de si”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha señalado este jueves en el marco del Pleno celebrado en la Cámara regional que “la auditoría externa que pide la izquierda no es legal y, además, ya está hecha, pero ante la incapacidad para ofrecer nada a los ciudadanos necesitan estirar un chicle que no da más de si”.

Ha sido durante el debate de la Proposición No de Ley presentada por la oposición para instar al Consejo de Gobierno a realizar una auditoría externa, por un auditor designado por la propia Asamblea, de los contratos públicos realizados en la legislatura XI y XII, cuando Abrines ha afeado que “la profunda ignorancia y una injustificable indolencia” de la iniciativa.

“Unidas Podemos solicita que se someta a una auditoría externa por parte de un auditor designado por la Asamblea de Madrid de los contratos públicos de emergencia, algo que es ilegal”, ha dicho el popular, que a reglón seguido ha advertido que “la primera obligación de quienes ejercen responsabilidades públicas y, especialmente si además se dedican a hacer propuestas, es analizar el marco jurídico en el que se ha de mover la iniciativa”.

Como ha explicado, “la realización de auditorías al sector público le corresponde de forma exclusiva al Tribunal de Cuentas y a las cámaras autonómicas”, por lo que en el caso de la Comunidad de Madrid las auditorías y fiscalizaciones externas “le corresponde, de acuerdo con la ley 11/1999, a la Cámara de cuentas”.

“No solo es una cuestión de ignorancia, sino de desidia o indolencia”, ha lamentado Abrines sobre la propuesta de la oposición, a la que ha criticado que “no se han preocupado de conocer el marco jurídico, pero tampoco de buscar los precedentes a esta petición”. La Cámara regional, ha recordado, “ya designó auditor para fiscalizar los contratos de emergencia de la Comunidad de Madrid”, por lo que ha hecho hincapié en que “lo que piden ya está hecho”.

El problema para Unidas Podemos, ha comentado el popular, radica en que “el informe de la Cámara de Cuentas determina la absoluta corrección de la contratación de emergencia de la Comunidad de Madrid y, en concreto, del contrato formalizado con la empresa Priviet”. Así, ha asegurado que “como el informe de auditoría no dice lo que necesitan que diga para seguir con sus campañas de acoso y derribo personal, ante la incapacidad para ofrecer nada a los ciudadanos, necesitan estirar un chicle que no da más de sí”.

“En realidad, ¿saben de qué estamos hablando? de que Unidas Podemos y los que van a votar a favor de esta PNL quieren que en esta Cámara hagamos un Sanchez Mato”, ha afeado Abrines para, a reglón seguido, explicar que la izquierda quiere que “tal y como hicieron el Señor Sanchez Mato y Doña Celia Meyer en el Ayuntamiento de Madrid con el máster de tenis, se contrate algún despacho amigo para que, mintiendo, certifiquen la existencia de irregularidades”.

“La izquierda de esta Cámara quiere una Justicia a la carta, condicionada por informes falsos, encargados de manera ilegal a quien a ellos les interese, en contra del legitimo ejercicio de las instituciones competentes”, ha dicho el portavoz adjunto popular que, como ha asegurado, el GPP “en ese escenario no vamos a jugar y no vamos a ser cómplices de sus pretensiones totalitarias de aniquilación del rival político a costa de la verdad y de la justicia, y menos encargando informes falsos”.

En este punto, ha instado a la izquierda a “centrarse en los que sí han generado perjuicio para el patrimonio público”, como los tres contratos realizados con una empresa, presuntamente cercana al exministro Ábalos, por valor de 40 millones; por los cuatro contratos a una empresa de marketing de bebidas adjudicados por el Ministerio de Sanidad por un valor superior a los 263 millones de euros; los dos contratos a una empresa textil que recibió el encargo de suministrar 90 millones de mascarillas, a un precio hasta un 500 por ciento superior a adjudicaciones similares a otras empresas en el mismo momento”, entre otros.

“Y si les preocupa el nepotismo, empiecen por el árbol genealógico de la vicepresidenta de asuntos económicos”, ha dicho Abrines antes de finalizar su intervención, en la que ha preguntado “¿Qué les parece un contrato de reputación online adjudicado a una empresa vinculada al marido de la vicepresidenta Calviño, que no estaba, al parecer, al corriente de la seguridad social ni de sus obligaciones tributarias? Ahí, sí hay cosas feas”.

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