El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Núñez, ha defendido la postura popular ante las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley de creación de un Sistema Integrado de Protección Civil y emergencias de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que con esta norma se busca esencialmente “mejorar y no caer en la autocomplacencia desde el punto de vista de la gestión y la coordinación” añadido al “magnífico sistema de protección civil y respuesta ante las emergencias” con el que cuenta.

“En la Comunidad de Madrid tenemos unos magníficos cuerpos de seguridad y de emergencias y que además colaboran habitualmente prestando servicio en otras regiones” y ha recordado que con el 70 por ciento de la “riqueza de los madrileños la región madrileña colabora en que el resto de autonomías tengan unos buenos servicios de emergencias”.

Como ha explicado, la Constitución Española “no recoge una mención expresa sobre a quién corresponde la competencia sobre la protección civil”, algo que ha sido “fuente de conflictos competenciales” a pesar de que el Tribunal Constitucional haya “configurado la protección civil como un servicio público esencial y permanente”. Así, el marco institucional de la protección civil en España “implica a un número amplio de sujetos, tanto públicos, como privados, interviniendo los tres niveles de las administraciones públicas”.

Como consecuencia, España cuenta con “sistemas integrados” de protección civil y una “competencia concurrente entre los tres niveles administrativos”, algo que permite que cada autonomía haya “procedido a aprobar su propia normativa en esta materia”, motivo de discusión en el Pleno de este jueves. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, “se hacía necesario aprobar una ley que integrase todo el ámbito de la protección civil y emergencias” y, por ello, el Gobierno regional ha presentado el Proyecto de Ley autonómica de Protección Civil y Emergencias.

Para su elaboración, ha comentado Núñez, se han recogido “las enseñanzas adquiridas por los responsables de seguridad y emergencias durante la pandemia COVID-19; la tormenta Filomena; los incendios Forestales y, por último, las inundaciones de los últimos años”. El objetivo principal de este proyecto, ha continuado, es “la mejora de la eficiencia y la eficacia de la respuesta a los riesgos de Protección Civil y las emergencias que se producen en el territorio de la Comunidad de Madrid”, teniendo cuatro fines principales.

En primer lugar, ha comentado, se trata de “crear la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, como ente de derecho público”, lo cual supone “un beneficio para los ciudadanos, al dar mayor agilidad en la gestión de las emergencias”, pues la respuesta a una emergencia “desborda las previsiones y el funcionamiento ordinario de una organización pública clásica”. La Agencia, ha dicho, “responderá de forma coordinada e integrando no solo a los actores de titularidad autonómica, sí no del resto de administraciones territoriales con competencia en la Comunidad de Madrid”.

Por otra parte, se contempla crear “el sistema integrado de Protección Civil y Emergencias como instrumento de coordinación”, el cual ha añadido que “contará con la información y comunicación de respuesta ante emergencias”. De este modo, se establece “un marco general en el que se integren todos los actores y actuaciones en el territorio de la Comunidad de Madrid y facilitara una integración coherente en el Sistema Nacional de Protección Civil”.

Asimismo, se trata de “integrar la normativa de Protección Civil y emergencias aplicable en la Comunidad de Madrid ya que existe una gran dispersión normativa”. En este punto, ha indicado que se trata de “establecer el régimen sancionador en materia de Protección Civil dentro de la potestad sancionadora de la Comunidad de Madrid”.

Entre las novedades de la norma, ha comentado, está “la Estrategia de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es la detección de los riesgos que pueden afectar a las personas y bienes y las capacidades de respuesta, a través del análisis prospectivo, de forma coordinada con la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil”, así como “la creación de los Planes de Actuación de ámbito autonómico para aquellos riesgos concretos, no contemplados en la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil”. El texto recoge el Centro de Coordinación Municipal, denominado CECOM, “como un instrumento que permite la colaboración, participación y coordinación entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos”.

Por último, se establece “el carácter de personal de emergencias para los integrantes de la unidad de información y comunicación que dependan de la Agencia”, pues la importancia de esta previsión parte “del derecho reconocido a la ciudanía a la información de los riesgos colectivos, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos, en caso de emergencia y con carácter preventivo”.

Por último, se recoge la posibilidad de que la Comunidad de Madrid “se persone como acusación particular en procedimientos judiciales derivados de emergencias en la región y que, adicionalmente, pueda interponer acciones civiles para resarcirse de los gastos ocasionados y asumidos por los servicios de emergencias”.

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