Serrano: “La izquierda pretende desautorizar las decisiones que los ayuntamientos toman en el ámbito de sus competencias en materia de residuos”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Serrano Sánchez-Tembleque, ha afeado este jueves durante el Pleno celebrado en la Cámara regional que Más Madrid pretenda “desautorizar” las decisiones tomadas por los ayuntamientos madrileños en materia de gestión de residuos a través de una iniciativa “cargada de aromas electoralistas”.

En el marco del debate sobre la PNL presentada por Más Madrid, que ha sido enmendada por el GPP y que en su formato original insta a que se paralice el proyecto del Complejo Medioambiental CM1 para el tratamiento de los residuos de la Mancomunidad del Sur en el municipio de Pinto y se cierre el vertedero que se encuentra en la localidad, Serrano ha señalado que se trata de una iniciativa con una exposición de motivos “que revela la demagogia y el grado de desconocimiento de las competencias que tiene asignada cada administración”.

Como ha denunciado el diputado popular, la iniciativa “falsea la realidad”, no solo porque pone en duda que la Comunidad de Madrid “cumpla con los requerimientos exigidos por las Directivas Europeas” en materia de gestión de residuos, sino porque, además, “según nuestro ordenamiento jurídico la gestión de residuos es una competencia municipal, recogida en la Ley de Residuos y en la Ley de Bases de Régimen Local”.

“Solicitan la paralización del proyecto del Complejo Medioambiental de Pinto cuando este fue solicitado expresamente y de forma voluntaria por la propia Mancomunidad del Sur”, ha dicho Serrano para, a reglón seguido, incidir en que la propuesta, “además de ignorar las decisiones adoptadas por la Mancomunidad, supone una aberración medioambiental teniendo en cuenta que los residuos continuarían depositándose en el vertedero sin ningún tipo de tratamiento”.

Por otra parte, el diputado del GPP ha cuestionado la petición del cierre del vertedero de cola en el año 2025 al considerar que “fue la Mancomunidad del Sur, en la Asamblea Extraordinaria que se celebró el día 16 de diciembre de 2019, la que aprobó por unanimidad la propuesta Replanteo y Proyecto de Obras del Deposito Controlado en los términos de Pinto, Getafe y San Martin de la Vega.

En este punto, Serrano ha expresado que, si bien Más Madrid insta a poner en marcha medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la normativa europea y estatal en lo referente a la materia orgánica, dichas medidas “ya se encuentran en marcha” desde el año 2018 a través de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos. “La Comunidad de Madrid realiza un seguimiento de las emisiones que se producen en los vertederos y, en caso de detectar incumplimientos de las autorizaciones, estos son puestos en conocimiento del órgano correspondiente”, ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que “se está avanzando en la mejora de las instalaciones existentes y la construcción de otras nuevas” con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos obtenidos de los residuos domésticos y, por ende, minimizar el porcentaje de residuo a depositar en vertedero. Para ello, se cuenta con “una inversión de más de 500 millones de euros para la construcción de 4 grandes complejos medioambientales”, ha dicho.

Sobre realizar un estudio para la división de la Mancomunidad del Sur en otras entidades de menor dimensión, el popular ha recordado que “ninguna comunidad autónoma o administración pública equiparable a la Mancomunidad del Sur ha recurrido a la descentralización de las instalaciones” al ser esta idea “la antítesis de la eficiencia y de la sostenibilidad”. El modelo que rige en la Comunidad de Madrid, ha asegurado, “pretende desarrollar centros ambientales con los más altos estándares tecnológicos para la gestión de los mismos”.

Por último, el diputado popular ha señalado a la oposición que su solicitud de poner en marcha una agencia regional de residuos supondría, por un lado, “asumir unas competencias de gestión que no corresponden a la administración autonómica” y, además, “dar lugar a duplicidades entre administraciones”, una serie de cuestiones que obligan al GPP a votar en contra de la iniciativa.