El GPP cierra un acuerdo con Vox sobre la Ley Ómnibus para impulsar la actividad económica en la región y modernizar y simplificar la Administración regional

Ambos grupos parlamentarios han consensuado, vía enmiendas, una nueva redacción del texto cuyo objetivo era actuar sobre 50 textos normativos, modificando 31 leyes derogando total o parcial de 8 leyes y decretos.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha cerrado un acuerdo con el Grupo Parlamentario de Vox para aprobar en el Parlamento regional el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de Justicia, también conocida como Ley Ómnibus.

Como ha señalado a los periodistas el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y diputado popular, Enrique Ossorio, se trata de una ley “muy importante” cuyo texto inicial fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 16 de febrero. A partir de ese momento, el texto “se ha enriquecido notablemente en su tramitación parlamentaria, muy en especial gracias al acuerdo al que ha llegado el PP con Vox”.

La ambiciosa reforma legal, que ha contado con el impulso del Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se basa en la “modificación de 50 textos normativos”, entre los que se encuentran un total de 31 leyes y tres decretos, así como incluye “seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos”, ha apostillado. Del mismo modo, la norma incluye la derogación total o parcial de cuatro leyes y otros cuatro decretos.

Los objetivos, ha insistido el vicepresidente y también portavoz del Gobierno regional, buscan por una parte “impulsar la actividad económica, en especial después de la pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania”, algo que si bien ha sucedido con posterioridad a la presentación de este proyecto de ley “sus consecuencias hacen que este texto sea aún más bienvenido para reactivar la economía en Madrid”.

Asimismo, ha insistido Ossorio, otro de los fines principales de la norma es “modernizar la Administración regional e ir adaptándola continuamente a los cambios que se producen en la sociedad y en la economía madrileña” para, además, “eliminar cargas innecesarias a los ciudadanos y empresas” en términos de burocracia y gestión.

Así, se trata de una ley “muy importante” cuyo texto inicial fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 16 de febrero, contando con anterioridad con el dictamen favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y con el correspondiente periodo de información pública.

A partir de ese momento, el texto “se ha enriquecido notablemente en su tramitación parlamentaria, muy en especial gracias al acuerdo al que ha llegado el GPP con Vox”, ha señalado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. En total, se han introducido en el dictamen de la norma 80 enmiendas: 45 transaccionales (42 de Vox y 2 del GPP) y 35 enmiendas a favor (14 de Vox y 11 del GPP).

De esta forma, la Ley Ómnibus queda estructurado en cinco ejes estratégicos:

• Abordar de forma eficaz las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista sanitario y social con, entre otras medidas, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y la posibilidad de incorporar profesionales sanitarios extracomunitarios en categorías estatutarias cuya titulación para el acceso sea una especialidad médica deficitaria.

• En segundo lugar, con la Ley Ómnibus se apuesta claramente por mejorar los servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente a las personas más vulnerables con mejoras en la Renta Mínima de Inserción y otros ámbitos como la seguridad vial, el juego responsable o el deporte.

• El texto acordado entre PP y Vox también supone la adaptación de la normativa autonómica de Urbanismo y Medio Ambiente a las nuevas realidades sociales y económicas de la región, dotando al marco normativo de la flexibilidad necesaria para favorecer el dinamismo empresarial de forma compatible con la protección de nuestro entorno natural. Así, a través de la modificación de la Ley del Suelo se permite que en la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico no sea necesario solicitar los informes de impacto de género recogidos en las leyes LGTBi de la Comunidad de Madrid por resultar ineficaz.

• La Ley Ómnibus incorpora, asimismo, la reducción de cargas burocráticas, eliminando tasas e incorporando, entre otras medidas, la declaración responsable en lugar de la autorización y licencia previa.

• Además, se incluyen medidas para la modernización de la Administración pública, introduciendo más eficiencia en el gasto público y en la estructura administrativa, reduciendo cargas y tasas y precios públicos a los ciudadanos, con un ahorro cifrado en más de un millón de euros para los madrileños.