La diputada del GPP, Miriam Bravo, ha señalado este jueves en la Cámara regional que “sin niños no hay futuro, renovación del talento, posibilidad de crear hogares y llevará a que la población envejecerá cada vez más y los recursos para ayudar a nuestros mayores también”, lo cual hace necesarias medidas como la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y de conciliación 2022-2026.

“El Gobierno regional opta por generar las condiciones más idóneas para que las familias que quieran tener hijos lo puedan hacer, porque nos importa la maternidad, la paternidad, la natalidad, la defensa de la familia, en cualquiera de sus manifestaciones y, por supuesto, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal”, ha asegurado la popular.

Bravo se ha dirigido a la bancada de la izquierda para afear que “sostienen que la Comunidad de Madrid no aporta políticas sociales realistas que ayudan a aquellas mujeres que quieren apostar por su maternidad”, algo que no concuerda con la existencia de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y de conciliación 2022-2026 puesta en marcha por el Ejecutivo madrileño.

“Ningún Gobierno autonómico o nacional, ni tampoco ningún país europeo, ha apostado tan decididamente por la natalidad”, ha continuado para, a continuación, indicar que la razón es que el Gobierno de Ayuso “dice sí a la vida, a la familia y a poner en marcha políticas sociales dinámicas para dotar a las familias madrileñas de los recursos necesarios para ampliar el número de hijos sin que las trabas” de ningún tipo.

Eso, precisamente, es lo que ha hecho el Gobierno regional “al desarrollar esta estrategia con 80 medidas reales que apuestan por el futuro en nuestra región, con una inversión superior a los 4.800 millones de euros, para los próximos cinco años”. El plan pone en evidencia “que los gobiernos del PP sí se ocupan y preocupan de las mujeres y que, por cierto, pueden ustedes copiar de la primera a la última palabra, si así lo desean”.

La estrategia, que cuenta con seis líneas de actuación, “incluye ayudas directas y beneficios fiscales al nacimiento y las familias, la flexibilización de criterios para acceder a tratamientos de reproducción asistida, iniciativas para el desarrollo de una carrera laboral compatible con el cuidado de los hijos, e iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda”.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Núñez, ha defendido la postura popular ante las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley de creación de un Sistema Integrado de Protección Civil y emergencias de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que con esta norma se busca esencialmente “mejorar y no caer en la autocomplacencia desde el punto de vista de la gestión y la coordinación” añadido al “magnífico sistema de protección civil y respuesta ante las emergencias” con el que cuenta.

“En la Comunidad de Madrid tenemos unos magníficos cuerpos de seguridad y de emergencias y que además colaboran habitualmente prestando servicio en otras regiones” y ha recordado que con el 70 por ciento de la “riqueza de los madrileños la región madrileña colabora en que el resto de autonomías tengan unos buenos servicios de emergencias”.

Como ha explicado, la Constitución Española “no recoge una mención expresa sobre a quién corresponde la competencia sobre la protección civil”, algo que ha sido “fuente de conflictos competenciales” a pesar de que el Tribunal Constitucional haya “configurado la protección civil como un servicio público esencial y permanente”. Así, el marco institucional de la protección civil en España “implica a un número amplio de sujetos, tanto públicos, como privados, interviniendo los tres niveles de las administraciones públicas”.

Como consecuencia, España cuenta con “sistemas integrados” de protección civil y una “competencia concurrente entre los tres niveles administrativos”, algo que permite que cada autonomía haya “procedido a aprobar su propia normativa en esta materia”, motivo de discusión en el Pleno de este jueves. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, “se hacía necesario aprobar una ley que integrase todo el ámbito de la protección civil y emergencias” y, por ello, el Gobierno regional ha presentado el Proyecto de Ley autonómica de Protección Civil y Emergencias.

Para su elaboración, ha comentado Núñez, se han recogido “las enseñanzas adquiridas por los responsables de seguridad y emergencias durante la pandemia COVID-19; la tormenta Filomena; los incendios Forestales y, por último, las inundaciones de los últimos años”. El objetivo principal de este proyecto, ha continuado, es “la mejora de la eficiencia y la eficacia de la respuesta a los riesgos de Protección Civil y las emergencias que se producen en el territorio de la Comunidad de Madrid”, teniendo cuatro fines principales.

En primer lugar, ha comentado, se trata de “crear la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, como ente de derecho público”, lo cual supone “un beneficio para los ciudadanos, al dar mayor agilidad en la gestión de las emergencias”, pues la respuesta a una emergencia “desborda las previsiones y el funcionamiento ordinario de una organización pública clásica”. La Agencia, ha dicho, “responderá de forma coordinada e integrando no solo a los actores de titularidad autonómica, sí no del resto de administraciones territoriales con competencia en la Comunidad de Madrid”.

Por otra parte, se contempla crear “el sistema integrado de Protección Civil y Emergencias como instrumento de coordinación”, el cual ha añadido que “contará con la información y comunicación de respuesta ante emergencias”. De este modo, se establece “un marco general en el que se integren todos los actores y actuaciones en el territorio de la Comunidad de Madrid y facilitara una integración coherente en el Sistema Nacional de Protección Civil”.

Asimismo, se trata de “integrar la normativa de Protección Civil y emergencias aplicable en la Comunidad de Madrid ya que existe una gran dispersión normativa”. En este punto, ha indicado que se trata de “establecer el régimen sancionador en materia de Protección Civil dentro de la potestad sancionadora de la Comunidad de Madrid”.

Entre las novedades de la norma, ha comentado, está “la Estrategia de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es la detección de los riesgos que pueden afectar a las personas y bienes y las capacidades de respuesta, a través del análisis prospectivo, de forma coordinada con la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil”, así como “la creación de los Planes de Actuación de ámbito autonómico para aquellos riesgos concretos, no contemplados en la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil”. El texto recoge el Centro de Coordinación Municipal, denominado CECOM, “como un instrumento que permite la colaboración, participación y coordinación entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos”.

Por último, se establece “el carácter de personal de emergencias para los integrantes de la unidad de información y comunicación que dependan de la Agencia”, pues la importancia de esta previsión parte “del derecho reconocido a la ciudanía a la información de los riesgos colectivos, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos, en caso de emergencia y con carácter preventivo”.

Por último, se recoge la posibilidad de que la Comunidad de Madrid “se persone como acusación particular en procedimientos judiciales derivados de emergencias en la región y que, adicionalmente, pueda interponer acciones civiles para resarcirse de los gastos ocasionados y asumidos por los servicios de emergencias”.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Marimar Blanco, ha indicado que la nueva Ley de Servicios Sociales impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es una norma “con los pies en el suelo y correspondiente a una sociedad actual, que mira por los intereses de todos sin exclusiones”.

Durante la defensa de la postura popular ante las enmiendas a la totalidad presentadas a la Ley de Servicios Sociales presentada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Blanco ha pedido en primer lugar a la izquierda que “dejen de mentir, de manipular y de utilizar el dolor como arma arrojadiza” y ha clamado que “ya está bien”.

“Lecciones sobre la protección de la infancia desde el Partido amigo de Mónica Otra, ninguna”, ha indicado la popular a la diputada de Más Madrid, Tania Sánchez, para referirse posteriormente a los socialistas: “No es ni digno ni decente que tengamos a un presidente del Gobierno que en el Congreso de los Diputados, junto a todos sus compañeros,  aplaudía reconociendo que había dos millones de personas pobres en este país y reconocía que tenemos casi un 28 por ciento de tasa de pobreza en nuestro país”.

Como ha asegurado, es “un verdadero honor” subir a la Tribuna de la Asamblea de Madrid a defender “un texto pionero” que está dirigido a dar “respuesta a los retos y necesidades de la infancia y adolescencia del siglo XXI, un texto trasversal para garantizar su protección y regular sus derechos y deberes”. A diferencia de la izquierda, ha defendido, el Gobierno de la Comunidad de Madrid “no está aquí para derribar ningún sistema, sino para protegerlo, garantizarlo y dar respuesta a todos y cada uno de los ciudadanos y, muy especialmente, a los más vulnerables”.

“Hablamos de una ley con los pies en el suelo que corresponde con la sociedad actual, que mira por los intereses de todos sin exclusiones y por lo tanto, solo pueden oponerse a ella una desde la izquierda quienes desconocen qué necesitan, qué piensan y qué quieren nuestros niños y adolescentes”, momento en el que ha señalado que Save The Children “el pasado lunes reconoció en sede parlamentaria que les parecía un buen texto”.

“¿A qué se deben estas enmiendas a la totalidad?, ha preguntado la popular, quien ha aprovechado para lamentar que “cuando las leyes no llevan la carga ideológica y razonamiento que a la izquierda le encanta imponer, ya partimos de un mal texto”. Así, ha comentado que con dichas enmiendas a la totalidad “dicen no a mejorar la vida y el bienestar de los niños y adolescentes; dicen no a su derecho al crecimiento en el seno de una familia; dicen no a la escolarización de la etapa de 0 a 3 años, universal y gratuita; dicen no a medidas contra la exclusión social y la pobreza o, entre otras cosas, a ayudar a aquellas mujeres embarazadas que lo precisen”.

En definitiva, ha continuado Blanco, “están diciendo no a dar nuevas oportunidades a los niños y adolescentes que no las han tenido” y, asimismo, a muchas de las “propuestas que ustedes han realizado al Gobierno a través de diferentes iniciativas debatidas y votadas aquí con tal de defender sus intereses electoralistas”, ha criticado.

El diputado y coordinador de Comisiones del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Ángel Ramos, ha pedido este jueves al PSOE que “deje de castigar constantemente a la Comunidad de Madrid” en base a cualquier excusa, siendo una de ellas la financiación del Transporte. “Los madrileños no son quienes tienen que pagar sus frustraciones”, ha dicho.

Tras preguntar al consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, sobre la valoración que hace el Gobierno del primer mes de aplicación de la reducción de tarifas a los usuarios del transporte público, el popular ha afirmado que “desde el Gobierno regional existe un firme compromiso con el impulso del transporte público para garantizar la movilidad y la vertebración del territorio”.

“El Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Madrid ha aprobado devolver el 50 por ciento del precio del abono transporte anual a más de 74.000 viajeros por la rebaja tarifaria decretada para los últimos cuatro meses del año el”, ha comentado el popular, quien ha recordado que “el 80 por ciento de los beneficiados, que son mayores, gracias al Gobierno de Ayuso, tendrán el abono gratuito a partir del próximo 1 de enero”.

La subvención “real” del transporte público en Madrid “es de casi el 70 por ciento y, de esa subvención, la Comunidad de Madrid aporta el 76 por ciento”. Es decir, 1.157,94 millones de euros proceden de la Comunidad de Madrid “frente a los 127 millones del Estado, que suponen el 8,32 por ciento”, ha contado.

“Esta es la realidad del transporte en la Comunidad de Madrid, pero frente a ella nos encontramos con las medidas y unas nuevas tarifas electoralistas, cortoplacistas y de baja cuantía del Gobierno de Sánchez”, ha lamentado Ramos haciendo referencia a que en las “nuevas tarifas aporta apenas otros 120 millones de euros frente a los más de 1.200 millones que aporta la Comunidad de Madrid”.

Sin embargo, lo más “preocupante” es que esos 120 millones de euros que va a aportar el Estado con las nuevas tarifas “los tiene que adelantar la Comunidad de Madrid, asumiendo así el riesgo y el esfuerzo porque además no tenemos aún la seguridad de que la liquidación de la ayuda estatal sea suficiente para cubrir la reducción de estos ingresos y hasta la fecha no ha puesto un solo euro”.

Desde el Gobierno de la nación “no aportan lo que deberían, una aportación congelada desde 2016 que desde entonces solo ha crecido un 0,19 por ciento y únicamente supone el 8 por ciento del total”, pero en el resto de las comunidades autónomas que reciben financiación del Estado estas “han aumentado en un 28,53 por ciento frente al 0.19 por ciento de Madrid”.

“Señorías del Grupo Socialista, ustedes se suben al carro del gratis total, pero olvidan que el servicio hay que pagarlo igualmente, así como desconocen profundamente como se financia el transporte público en Madrid” y, por ello, plantean “medidas improvisadas y que comprometen claramente a otras administraciones como es nuestro caso, y lo hacen únicamente para satisfacer a sus socios de Gobierno”.