La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Almudena Negro, ha denunciado este martes desde el Congreso de los Diputados que «es tremendo que el antisemitismo esté repuntando en toda Europa, también en España» y ha asegurado que desde el GPP no cesarán en la lucha para erradicar «la discriminación del judío por el hecho de serlo».

La popular ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados la modificación de la legislación vigente sobre subvenciones para evitar que asociaciones y entidades antisemitas puedan recibir fondos públicos, tal y como aprobó la Cámara regional en la sesión plenaria del pasado 21 de abril.

Tras el debate parlamentario, en el portavoz del GPP, Pedro Muñoz Abrines, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, así como otros miembros del GPP han asistido para acompañar a Negro, la popular ha celebrado que “una iniciativa del GPP en la Asamblea no solo haya llegado hasta el Congreso, sino que además la ley que pretende luchar contra el antisemitismo parece que va a salir adelante en su toma en consideración”.

En este sentido, Negro ha agradecido «al PSOE el discurso que ha hecho y la actitud que ha tenido apoyando la iniciativa» popular, la cual insta a que «esas organizaciones de odio que pretenden discriminar al judío por el mero hecho de serlo no reciban fondos públicos de todos los contribuyentes».

Asimismo, la popular ha recordado que el Tribunal Supremo «acaba de dar la razón a esta iniciativa dictando una sentencia histórica que ratifica esas 85 declaraciones de ilegalidad de las mociones antisemitas aprobadas en ayuntamientos a lo largo de toda España».

INICIATIVA DEL GPP

Negro ha defendido la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo, tres normas que buscan cesar la financiación “con dinero público de comportamientos intolerables en democracia” basadas en el antisemitismo.

Desde la Tribuna del Congreso, ha trasladado públicamente y en Pleno la “necesidad de recoger de forma expresa en la legislación aplicable española la prohibición contratar o de obtener la condición de beneficiario de una ayuda pública, o de actuar como entidad colaboradora, para todo tipo de entidad que incurra en prácticas discriminatorias vinculadas con el antisemitismo”, una creencia que sufre repuntes en la actualidad.

Como ha expresado, el informe Experiencias y percepciones de antisemitismo de la Agencia de la Unión Europea para Derechos Fundamentales “señala que más del 30 por ciento de los judíos que residen en países como Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia, Reino Unido, Hungría, Italia, Polonia, España, Dinamarca y Austria no se sienten seguros y barajan la posibilidad de emigrar” como consecuencia de estos repuntes, ha relatado.

“En España, decenas de municipios, entre los que se encuentran para nuestra vergüenza ayuntamientos madrileños, han aprobado en sus plenos mociones en las que se establece que los gobiernos locales no contratarán ninguna empresa, producto, entidad y organización que sea israelí o que tenga relación con el pueblo judío”, ha lamentado Negro, quien a reglón seguido ha afeado que “deportistas, cineastas o empresarios han visto rechazada su contratación por ser judíos”.

“Basta ya de la llamada “tolerancia represiva” marcusiana, de honda raíz marxista y que sirve a algunos para justificar la violencia y la discriminación”, ha lanzado Negro, quien ha insistido en que “el Holocausto y el antisemitismo son una problemática de discriminación con la suficiente entidad para merecer una modificación legislativa de nuestro ordenamiento jurídico, sin mezclar aquí otro tipo de cuestiones”.

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