El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá, ha asegurado este jueves en el Pleno de la Cámara regional, en el marco del debate de una Proposición No de Ley (PNL) para expedir la tarjeta sanitaria a todas las personas que vivan en la Comunidad de Madrid, que en la region madrileña “no se le niega la atención sanitaria a nadie, por mucho que la izquierda niegue la verdad”.

“Estamos ante un tema importante y relevante que debe ser tratado con serenidad”, ha explicado el popular nada más comenzar su intervención, momento en el que ha querido dejar claro al resto de diputados de la oposición que por ese motivo él iba a “alejarse de su tono, más dirigido a generales contenido en Instagram que debatir con seriedad”.

Catalá ha recordado que la Constitución Española de 1978 establece que “nuestro país es un Estado social y democrático de Derecho” y que, por tanto, los pilares del Estado del Bienestar establecen “esa garantía de la igualdad vital y material que garantizan la educación, las pensiones, la dependencia y, en el caso que nos ocupa, la sanidad” a todos los ciudadanos.

En la Comunidad de Madrid “no se le niega la atención sanitaria a nadie que viva aquí y que lo necesite”, ha sostenido Catalá, insistiendo: “A nadie”. Como ha continuado, la región madrileña es “generosa y protege con servicios públicos a todos, en especial a los más vulnerables”.

En este punto, ha hecho hincapié en que “hay extranjeros en situación administrativa irregular que utilizan la sanidad pública madrileña porque en Madrid, nunca, jamás, se deja de atender a quien lo necesita” porque “para proteger a todos es necesario cuidar a cada uno”.

“Piden expedir la tarjeta sanitaria a todas las personas que viven en nuestra región”, ha indicado Catalá haciendo referencia a las peticiones que recoge la PNL que ha sido debatida, señalando que se trata “de una paradoja” porque “el documento actualmente se emite con los mismos efectos que la tarjeta sanitaria”.

Asimismo, el popular ha criticado que la iniciativa “sea notablemente peculiar” porque propone modificar “los criterios de acceso al Sistema Nacional de Salud”, una cuestión que no es competencia de la Comunidad de Madrid.

Durante el turno de réplica, Catalá se ha dirigido al diputado de Unidas Podemos, Serigne Mbayé, para instarle a que “siendo igual de español que el resto de los miembros de esta Cámara, aunque con la diferencia de que usted lo ha elegido y nosotros no”, de vez en cuando “hable bien de España y de Madrid”. “Si no es por amor a su tierra y a su país, hágalo por coherencia personal”, le ha lanzado.  

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El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Corral, ha defendido este jueves durante el debate de totalidad de la Proposición de Ley de modificación de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, la “apuesta por la libertad y la flexibilidad” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el ámbito laboral y social, incluyendo asimismo el sector artístico.

El debate, impulsado en esta ocasión a la Cámara por Más Madrid, ha recibido una enmienda a la totalidad con texto alternativo del GPP ya que el Gobierno regional ha remitido esta semana a la Asamblea el Proyecto de Ley de Cooperativas, en cuyo proyecto se contempla el reconocimiento de las cooperativas de trabajo de artistas. Por este motivo, ha explicado Corral, “hay razones de peso para solicitar el rechazo a esta proposición” para que “su contenido pueda ser debatido vía enmiendas durante la tramitación del nuevo texto de Ley de Cooperativas”.

Carece de sentido, ha señalado Corral, “aceptar unas modificaciones sobre un articulado que va a ser derogado”, al tiempo que ha argumentado que “sería más lógico y razonable” por cuestiones de “operatividad, claridad y, por supuesto, tiempo” atenerse al proyecto legislativo impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el cual busca “establecer que los artistas puedan crear cooperativas de servicios profesionales” y reconocer a estas mismas “como un tipo de cooperativas de trabajo asociado”.

La medida impulsada por el Ejecutivo regional, ha comentado el popular, significa “libertad” para “adaptarse con flexibilidad a las especiales circunstancias en que desempeñan su actividad estos profesionales” y, teniendo presente la “necesidad” de luchar contra el riesgo de que “las cooperativas se conviertan en un instrumento para precarizar las condiciones laborales” de trabajadores contratados y socios trabajadores”.

Esta apuesta por “la libertad y la flexibilidad”, ha dicho Corral, “confirma que la invocación a la defensa de la libertad de los madrileños como programa político de Isabel Díaz Ayuso no es mera palabrería”, al tiempo que ha hecho hincapié en que ha sido trabajado con el sector a través de un grupo de trabajo en el que han participado “la Comunidad de Madrid, la Federación de Cooperativas Madrileñas y los sindicatos, junto con “artistas y profesionales de la cultura”.

En cualquier caso, Corral ha afeado la propuesta de Más de Madrid al pretender “legislar con un enfoque limitado y restrictivo de lo que es la realidad de la actividad artística”, por ejemplo, al establecer “la obligatoriedad de que todos los socios trabajadores estén inscritos en el régimen especial de artistas de la Seguridad Social”. Ante esto, sin embargo, el proyecto de ley del Gobierno “abre un espacio a la libertad de elección cuando define a las cooperativas de artistas como las constituidas mayoritariamente por trabajadores dados de alta en el Régimen Especial de Artistas”.

Asimismo, Más Madrid determina que “el trabajador con más de 200 días de alta en la Cooperativa tendrá que ser admitido como socio sin periodo de prueba si solicita su ingreso dentro de los seis meses siguientes a aquel año”, mientras que en el proyecto de ley del Ejecutivo se establece apuesta por la libertad de los cooperativistas para regular en los estatutos estas condiciones a su gusto y conveniencia”, ha explicado.

Por último, ha apuntado que la PL de Más Madrid establece, en cuanto a la contratación de trabajadores, que el “número de horas/año realizado por trabajadores asalariados no deben exceder del 30 por ciento del total de horas/año realizadas por los socios trabajadores”, algo que en el proyecto de ley del Gobierno aumenta hasta el 49 por ciento para “favorecer el trabajo social al fortalecer el vínculo de los socios con sus cooperativas, garantizando que no se produzca el riesgo apuntado por la OIT de que las cooperativas se conviertan en un refugio para el trabajo precario”.