La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Lucía Fernández, ha señalado en el marco del debate parlamentario en base a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los populares con el objetivo de instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que apruebe un plan de escolarización urgente de los refugiados procedentes de Ucrania en edad escolar, Fernández ha indicado que “la integración efectiva en el sistema educativo español de los menores ucranianos que han visto cómo tenían que escapar de la guerra se torna vital”.

La invasión de Rusia a Ucrania, ha dicho la popular, no solo es “un ataque a una nación soberana, sino que supone una amenaza a la estabilidad y seguridad de Europa, del mundo entero”, así como al propio “concepto de democracia y al orden internacional basado en reglas”. Así, ha señalado que “España debe mostrar su solidaridad con todos aquellos ciudadanos ucranianos que han tenido que dejar su hogar huyendo de la guerra”, una medida que pasa también por “el sistema educativo español”.

En este marco, Fernández ha recordado que, en el año 2015, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, “ya se trabajó con las comunidades autónomas en la acogida de refugiados sirios por parte de España”, lo cual verifica que “el proceso a llevar a cabo por parte del Gobierno de España ya está más que testado”.

En la Comunidad de Madrid, ha explicado, “vivían antes de la invasión ilegal más de 23.000 madrileños ucranianos, madrileños de residencia que merecen que tratemos a sus compatriotas” por lo que, ha lamentado, “no es de recibo que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se tenga que estar reclamando al Gobierno de España la parte que le corresponde de los 10.000 millones de euros de ayuda europea destinados a los estados miembros para atender a los refugiados ucranianos”.

La Comunidad de Madrid, “desde la fatídica fecha del 24 de febrero de 2022, fecha que nunca olvidaremos”, ha sido “pionera en mostrar con hechos el apoyo al pueblo ucraniano” con medidas como el ofrecimiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal y el resto de centros del SERMAS para ayuda humanitaria a Ucrania; la celebración de reuniones con el ministro consejero de la Embajada de Ucrania; la prestación de tratamientos oncológicos a menores ucranianos; o el incremento de las aulas de enlace para que los escolares ucranianos aprendan nuestro idioma, entre otras cuestiones.

Respecto a los datos de escolarización, a fecha 28 de abril de 2022, son un total de “2.258 menores ucranianos los que han sido atendidos por los servicios de Educación de la Comunidad de Madrid”, al tiempo que hasta el momento se han creado “50 aulas de enlace para ayudar a la inserción de los alumnos provenientes de Ucrania”, ha dicho la popular.

En este punto, ha advertido que la pandemia “ya puso de manifiesto lo importante que es mantener los procesos de aprendizaje en las edades más importantes de la vida de nuestros niños y jóvenes”, por lo que disponer de los recursos humanos y materiales necesarios “para la integración efectiva de los nuevos alumnos, que han visto cómo tenían que escapar de la guerra, en el sistema educativo español se torna vital”.

“Que los alumnos refugiados procedentes de Ucrania sean beneficiarios de becas y ayudas para el próximo curso, que se homologuen sus títulos con agilidad para favorecer su inmersión en el mundo laboral y que se apruebe de forma urgente el Plan de Contingencia”, ha señalado Fernández para, a reglón seguido, instar a que todo ello “debería ser prioridad para el Gobierno de España en aras a favorecer la integración total de estos alumnos en el sistema educativo español y ahondar en la educación de todos valores tales como la solidaridad y justicia entre alumnos y docentes”.

“Todos los aquí presentes somos conscientes de que la barbarie y la sinrazón están sesgando miles de vidas, miles de proyectos, de sueños, de ilusiones”, ha dicho la diputada popular antes de finalizar su intervención expresando que “no podemos olvidar que hasta la guerra tiene límites regulados en el Derecho Internacional Humanitario, los cuales no se están respetando” por lo que “apoyar esta PNL no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad”.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Marimar Blanco, ha señalado este jueves durante el Pleno y en el marco del debate de la tramitación por el procedimiento de lectura única del Proyecto de Ley del Bono Social Térmico que mientras “el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha estado todo este tiempo velando por el interés y el bienestar de los más necesitados” sin mostrarse “cómplice de la pasividad del Gobierno central” en lo relativo a la tardanza de la transferencia de fondos para las autonomías para las ayudas en materia.

El Bono Social Térmico, una prestación económica de concesión directa destinada a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, tiene la finalidad de “compensar los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para uso térmico”, como la calefacción, agua caliente sanitaria o cocina”, ha recordado la popular quien, además, ha hecho hincapié en que esta medida viene a complementar “la ayuda percibida en concepto de Bono Social Eléctrico creado por un Gobierno del Partido Popular”.

Serán beneficiarios de dicha ayuda “todos los consumidores que estén acogidos al Bono Social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, sin realizar ninguna solicitud”, ha explicado para, a reglón seguido, indicar que, si la medida “era importante en el año 2018, lo es si cabe más en estos momentos después de haber sufrido una pandemia con una de las peores gestiones por parte del gobierno central de toda Europa”.

Como ha asegurado, la crisis sanitaria y la gestión nacional que se ha hecho se ha traducido en “un aumento importante de los hogares en situación de vulnerabilidad y a esto tenemos que añadirle subida de la factura de la luz y del gas, que ha superado todos los récords”, lo que hace que este tipo de iniciativas sean “necesarias y muy especialmente en estos momentos”.

“Pero, como ya es habitual con este Gobierno central, las prisas y las urgencias las adoptan para sacar el titular, porque para la gestión las cosas se las toman de otra manera”, ha afeado Blanco antes de recordar que, aunque el Decreto se aprobó en el año 2018, “no fue hasta el 2020, dos años después, cuando las medidas se pusieron en marcha”.

Blanco ha lamentado que España cuente con “un Gobierno que vive de espaldas a la pobreza energética, porque callan ante la inasumible subida de la luz y no cumplen con los trámites ni con los plazos para que los beneficiarios del bono social térmico puedan cobrarlo” para, a continuación, señalar: “En la Comunidad la ayuda para los casi 140.000 beneficiarios llegó el 30 de julio de 2020”, mientras que las correspondientes al año 2021 “llegaron en el último momento, el último día del año, cuando el Ejecutivo central debería haber transferido los fondos en el primer trimestre”.

Por el contrario, ha afeado, la transferencia aprobada el 1 de diciembre a través de una resolución de la secretaría de Estado de energía por la que se autorizaba a realizar dicha transferencia a 14 comunidades, “no ha llegado a la Comunidad Valenciana, ejemplo para la izquierda en buena gestión” porque “han sido incapaces de gestionar las ayudas correspondientes al año 2020 e incapaces de pagar a los más necesitados”.

“Está claro que las prisas nunca son buenas salvo para el titular, si queremos lograr una herramienta verdaderamente útil y ágil para ayudar a los más necesitados”, ha dicho la diputada popular antes de recordar que “fueron tales las prisas en su redacción que hasta el Tribunal Constitucional declaró algún precepto del Decreto inconstitucional”, dejando claro que “es competencia de las comunidades la identificación de los beneficiarios y el cálculo de las ayudas”.

Hay grandes “incertidumbres” que el Gobierno de España ha tardado “demasiado en solucionar”, provocando que las comunidades autónomas desconocieran “cuál sería el escenario de pago” y que se ven plasmadas “de forma fehaciente en que durante todo el año 2021 y hasta finales de diciembre de 2021, las autonomías no han recibido cantidad alguna para el pago de esta prestación; no han recibido listado de beneficiarios a 31 de diciembre, ni tampoco habían recibido por parte del Gobierno, el mecanismo necesario para poder disponer de los datos de los beneficiarios del Bono Social Térmico”.

De esta manera, ha lamentado, “transcurrió todo el ejercicio 2021”, un tiempo de espera que ha sido muy perjudicial para “los ciudadanos que tienen derecho a las ayudas y más si tenemos en cuenta que son ciudadanos muy vulnerables”, quienes no podían “esperar más teniendo en cuenta que el precio de la luz ha alcanzado máximos históricos, que el precio medio diario de la electricidad en el Mercado mayorista ha alcanzado récords inimaginables meses atrás”.

Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha estado todo este tiempo velando “por el interés y el bienestar de los más necesitados” sin mostrarse “cómplice de la pasividad del Gobierno central” y mostrando “su preocupación ante la falta de autorización de dicha transferencia porque, a diferencia de Sánchez, a este Gobierno si le preocupan y le ocupan las necesidades de los ciudadanos, de los madrileños”.

“Es por ello que tenemos que habilitar una herramienta legal que sea el paraguas jurídico que dé cobertura a la gestión y tramitación de esta prestación con todas las garantías y teniendo como frontispicio la sentencia del Constitucional”, ha dicho Blanco, quien ha pedido asimismo “la cesión de los datos que obran en poder de las Comercializadoras y el tratamiento de los datos de carácter personal de los beneficiarios”.