La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha defendido este jueves en la sesión plenaria celebrada en la Cámara regional la postura popular frente a la iniciativa de Vox que pide que se cree un nuevo plan de ayuda para los autónomos afectados por el incremento de los costes energéticos, una PNL que contempla retirar las subvenciones a sindicatos y patronales para aportarlo a los autónomos.

Como ha indicado tras escuchar al Grupo Vox, “el Consejo de Diálogo Social de la Comunidad de Madrid se constituyó en el año 2017 como un instrumento de concertación y diálogo, como un instrumento de posibles acuerdos entre los sindicatos y patronal más representativos y el Gobierno con el objeto de discutir de determinados temas todos los económicos de mucho calado que han tenido resultados en temas que tenían mucha importancia para el mundo socio laboral”.

Refiriéndose a Vox, Adrados ha asegurado que “saben perfectamente que tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales tienen un reconocimiento en la Constitución española”, un papel que “está reconocido y hay que respetarlo”. Al igual que los partidos políticos, ha dicho, “en un Estado de derecho reciben subvenciones según dos baremos: por su representatividad y por participar en instituciones, como es el Consejo del Diálogo Social”. Por tanto, ha afirmado, “eso es lo que se le da desde la Comunidad de Madrid, una compensación económica por el trabajo que realizan los agentes sociales en ese consejo”.

“Quitar esa subvención no solucionaría el problema de los autónomos”, ha argumentado la popular, al tiempo que ha asegurado que “lo que sí solucionaría mucho más el problema de los autónomos es que ustedes estuviesen planteando que el Gobierno de la nación bajase las cuotas en vez de triplicarlas y bajase los impuestos a los carburantes”. En la Comunidad de Madrid, ha comentado, “los últimos datos señalan que hay 8.000 autónomos más durante este último año, un 2 por ciento más”, lo que representa “los mejores datos de un mes de marzo de toda la serie histórica”.

“¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid?”, ha lanzado Adrados para, a reglón seguido, sostener que la presienta regional “ha trabajado mucho por los autónomos” y, lo primero que hizo para ello “fue no cerrar Madrid, lo que les permitió trabajar, interesar, subir la persiana, que no es poco”. Asimismo, la popular ha destacado la importancia de “bajar los impuestos a los autónomos y a todos los madrileños con la mayor rebaja fiscal que ha habido nunca en la región”, a lo que se suma que se “haya prolongado durante 24 meses la tarifa plana, se han asumido parte de los gastos de iniciación de actividad o abonado las cuotas de seguridad social”.

En el caso de la capitalización por desempleo, ha comentado Adrados, “se ha dado apoyo financiero a través de líneas de Aval Madrid, se han puesto a disposición locales para autónomos y también pueden acceder a todas las ayudas de emprendimiento colectivo”, así como ha recordado que “la atención a los autónomos en la Comunidad de Madrid está siendo permanente”. En el año 2020, ha dicho, “se ha dedicado del presupuesto de la Comunidad de Madrid unos 78 millones de euros en ayudas a los autónomos, dinero que ha afectado a 20.000 autónomos hasta ahora mientras que para el año 2022 van a ser 72,9 millones de euros dedicados al emprendimiento y autónomos”.

“Estamos en una tasa de inflación del 9,3 por ciento, un 40 por ciento más que en la media europea, y eso se debe básicamente a que no se han tomado medidas desde el Gobierno de la nación”, ha indicado Adrado para, a continuación, añadir que “esto nos está afectando a todos y por eso estamos pidiendo cosas importantes a solucionar a nivel nacional como es bajar los impuestos sobre la luz, el gas, los combustibles…”. Frente a esto, “hay una política energética desde el Partido Popular que es coherente, fuerte, que tiene en cuenta junto a las renovables, otras fuentes de energía como la energía nuclear”. También, ha comentado, se deben “redirigir los fondos europeos Next Generation, porque lo que tienen que hacer es paliar los efectos de esta inflación.  

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha señalado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que “mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso defiende los intereses de los madrileños, Sánchez no para de mentirnos y tiene que justificar su manporrerismo para defenderse”.

Como ha defendido el portavoz popular después de que la mandataria compareciera ante la Asamblea sobre la Conferencia de Presidentes, “el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la presidenta regional está trabajando en colaboración con la sociedad civil madrileña que, como se demostró en las últimas elecciones del 4 de mayo, defiende, trabaja por y para los madrileños”, ha dicho.  

Tras criticar que la izquierda madrileña haya señalado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se siente “incómoda” teniendo que comparecer en la Asamblea de Madrid o que “por fin viene a comparecer” a la Cámara regional, Serrano ha indicado que, “otra cosa no, pero que la presidenta disfruta de los debates y las comparecencias no hay duda”. En este punto, ha recordado que “se celebró una Conferencia de Presidentes el 30 de julio del año pasado y el PSOE y Más Madrid registraron la comparecencia de la presidenta, pero no la activaron”, lo mismo que sucedió con la celebrada el 22 de diciembre.

Sobre la Conferencia de Presidentes, el portavoz popular ha asegurado que en esta “se habló de las propuestas económicas frente a la inflación, de la fiscalidad y gasto ante la crisis, de la coordinación de desplazados ante la crisis de Ucrania, de fondos europeos o de la situación del Covid”, pero finalmente “conferencia tras conferencia sucede que es como el juego de los trileros: está Sánchez con los presidentes autonómicos, de repente no sabe dónde está la bolita y, cuando te quieres dar cuenta, te ha vuelto a mentir”.

En este punto, el popular ha criticado que tras la Conferencia de La Palma “salió adelante un acuerdo para reducir los impuestos pero, a la semana, ¿qué pasa? Que el dinero para Sánchez y no para los españoles”. Sobre esta rebaja de impuestos, Serrano ha negado que se trate de “un mantra, como dicen, sino que es un tema de matemáticas muy sencillas”. Como ha indicado, “si pagábamos un euro por la gasolina hace un año y la mitad iban para el Gobierno vía impuestos, y ahora pagamos dos euros y la mitad va vía impuestos al Gobierno, este donde ganaba cincuenta céntimos ahora gana un euro”, mientras que, ante esta situación de subida de precios, el Ejecutivo central “nos bajan 20 céntimos pasando el Gobierno a recaudar 80 céntimos por cada litro en vez de 50”.

En este punto, se ha referido a la bancada de la izquierda para asegurarles que “no se lo digo yo, ni la presidenta ni el Partido Popular, cojan cualquier encuesta y verán que el 73 por ciento de los españoles, casi el 70 por ciento de los votantes del Partido Socialista, le están pidiendo al Gobierno que baje los impuestos y ustedes siguen ofreciendo cosas con tal de no hacerlo, como lo hacen la mayor parte de los países europeos”.

Respecto a los Fondos Europeos, Serrano ha señalado que “140.000 millones iban a llegar a España, 70.000 dentro del mecanismo de recuperación y, de estos, solo 21.000 serían para las comunidades autónomas porque el resto lo gestiona la ministra Montero”.

Sobre la situación de los refugiados procedentes de Ucrania, Serrano ha indicado que “se ha pedido coordinación” pero lo primero que anuncia el presidente Sánchez “es que van a llegar 30 chavales ucranianos, enfermos de cáncer, y que se va a encargar de ellos desde la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica”, entidad que no cuenta con ningún médico ni hospital. “Quien se encargará de esos niños serán los hospitales del SERMAS y de la Comunidad de Madrid”, ha dicho Serrano.Por otro lado, ha hecho referencia a que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido “hacer un centro para acogida de refugiados en Pozuelo pero sin hablar con el Ayuntamiento ni con la Comunidad de Madrid”, a pesar de que desde la administración madrileña ya se había “ofrecido el Hospital Zendal, que a la izquierda se ponen de los nervios, pero que es un hospital preparado, polivalente, amplio, con capacidad logística, sanitaria y para atender a todo el mundo, frente a un centro que está colapsado y en el que están dando cita para dentro de dos meses porque tiene horario de oficina”.

En este punto, el portavoz popular ha informado de que  la comunidad de Madrid lleva “4.000 ucranianos atendidos, 3.800 tarjetas sanitarias y 1.300 chavales escolarizados y seguimos trabajando”, al tiempo que ha reconocido el trabajoa la presidenta regional por “su esfuerzo y su compromiso, junto con el de todo su gobierno, con el pueblo ucraniano”.

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El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Segura, ha señalado este jueves en el marco del debate de la Proposición No de Ley presentada por los populares para instar al Gobierno de la Nación a crear un fondo extraordinario de compensación para paliar el efecto de la subida del coste energético, que es necesario que el Ejecutivo central “tome las medidas necesarias para la subsistencia del transporte público tanto en nuestra región como en otras regiones de España”.

La actual situación, ha dicho Segura, conlleva que “los modos de transportes de la región tendrán un incremento importante para las cuentas de las empresas que gestionan el transporte público”, siendo el total de gasto que necesitaría el transporte público en la Comunidad de Madrid, en previsiones, de “539 millones de euros”.

El desglose de las previsiones de gastos, ha explicado, implican que “Metro Madrid tenga un incremento en el gasto de 371 millones de euros; la EMT un incremento en el gasto de 80 millones; los interurbanos un incremento en el gasto de 48 millones; las empresas ferroviarias un incremento en el gasto de 40 millones”.

Como ha recordado el popular, el presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) señaló que “está en juego la continuidad del servicio público del transporte que garantiza la movilidad de los ciudadanos de manera inclusiva y sostenible”, así como que “múltiples concesiones de transporte público de nuestro país corren verdadero peligro de desaparecer”. Según ha señalado, la asociación “agrupa a las empresas de transporte público de España y corresponde a 25.000 empleos y transporta al año más de 3.000 millones de personas”.

“El Gobierno de España aprueba un Real Decreto y… vaya, se han olvidado del transporte público de España que, tras el Covid en 2020, vio reducidos los ingresos”, ha afeado el diputado popular, quien ha hecho hincapié en que el pasado año y el presente, cuando “ya se empezaba a tener un 80 por ciento de uso en el transporte público, viene la mayor subida de la electricidad y combustible en 40 años, al mismo tiempo que la mayor inflación desde hace 30 años”.

“Esta es una prueba más de que ustedes no apoyan el transporte público”, ha dicho a los diputados socialistas, a quienes además ha expresado que “es lamentable que no hagan nada mientras el transporte público de España necesita medidas urgentes”. En este punto, ha recordado que los sistemas de transporte público “facilitan la movilidad masiva en grandes ciudades y prestan un servicio público esencial, consagrado en nuestra Carta Magna debido a que el acceso a los mismos garantiza otros derechos, como el acceso a la salud, a la educación o al trabajo”.

Los medios de transporte suburbano, como es el caso de Metro de Madrid, “son completamente sostenibles y protegen de forma integral el medio ambiente”, ha sostenido Segura argumentando que este “lleva reduciendo el gasto en electricidad desde el año 2012, cuando el consejero Cavero puso en marcha el Plan de Ahorro Energético” y apostando “por la movilidad sostenible”.

Por el contrario, “el gobierno social-comunista no ha hecho los deberes”, algo que ha asegurado que puede verse en el “Real Decreto trasnochado y motivado por los problemas de desabastecimiento que hemos tenido” que, además, “no está pensado para resolver problemas a la larga”.

“Señorías de la izquierda, es el momento y es necesario. Metro de Madrid pagó en enero de 2021 un total de 5,5 millones de euros por el consumo y, en enero de 2022, un total de 13,3 millones de euros”, unas cifras que suponen al día “180.000 euros y 429.000 euros respectivamente”, ha dicho. “Es un incremento de un 237 por ciento, algo inasumible e inviable por cualquier administración pública”.

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En el marco del debate sobre la iniciativa parlamentaria presentada por el PSOE para modificar el Reglamento de la Asamblea de Madrid, el diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Núñez, ha señalado en primer lugar que este “se aprobó por unanimidad de los Grupos de la Asamblea en 2019”, por lo que los propios socialistas “están auto enmendándose con la presentación de esta Proposición de Ley”.

“Se trató de una reforma global, por lo que no cabe, por pura lealtad respecto del proceso negociador, reabrir unilateralmente materias concretas cuando han transcurrido sólo tres años desde la entrada en vigor de la reforma”, ha indicado el popular para, a continuación, asegurar que “el propio Grupo Socialista ha exigido que la propuesta para reducir el número de miembros de la Asamblea, que supondría la reforma de un Estatuto que no se ha tocado desde 1998, se enmarque en una reforma global de este texto”. “Mucha coherencia no hay”, ha lamentado.

La propuesta, por otro lado, “es extemporánea por precipitada”, ha señalado el diputado para, a reglón seguido, explicar que “en estos momentos se está tramitando un recurso de amparo que habrá de ser resuelto por el Tribunal Constitucional en su momento y una vez recibidas las alegaciones de todas las partes, entre otras la propia Asamblea de Madrid”. Para el popular, “parece prudente esperar a su resultado para tomar decisiones como la propuesta y no prejuzgar”.

“La lectura única es correcta en su procedimiento por simplicidad de la iniciativa”, ha dicho Núñez, quien ha explicado que “en general, la agilización del procedimiento legislativo se hace necesario en la CAM porque no tenemos decretos leyes”. Los parlamentos, donde “sus reglamentos no aceptan enmiendas por lectura única: el parlamento Vasco; el de Andalucía; el de La Rioja; las Cortes Valencianas; las Cortes de Castilla la Mancha; la Asamblea de Extremadura; el parlamento de las Islas Baleares y, por último, las Cortes de Castilla y León”.

Así, la para Núñez la proposición “presupone una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional en contra de la limitación del derecho de enmienda en los procedimientos de lectura única y afirma la abierta inconstitucionalidad de la regulación reglamentaria”, pues la realidad “es que la sentencia es meramente interpretativa y afecta sólo a los supuestos de silencio reglamentario”.

“En el caso del Reglamento de la Asamblea de Madrid, la exclusión del derecho de enmienda está expresamente prevista en el Reglamento, por lo que no cabe anticipar la respuesta del Tribunal Constitucional”, ha asegurado Núñez. “Es que, adicionalmente, la proposición olvida otra sentencia del mismo Tribunal”, ha dicho el popular haciendo referencia a “un acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, respecto a la aplicación de la lectura única” en la que “el Tribunal rechazó el amparo solicitado a partir de la naturaleza negociada o paccionada del proyecto de ley afectado”. Incluso el Tribunal, en este dictamen, “acepta que se aplique este procedimiento sin acuerdo específico del Pleno de la Cámara”, ha asegurado.

El derecho de enmienda de los diputados “no se considera incondicionado por el Tribunal Constitucional, de manera que habrá que esperar al juicio que le merezca el caso específico madrileño y sin que quepa, por tanto, hablarse de abierta inconstitucionalidad”, ha comentado Núñez, que para finalizar ha indicado que “como último argumento en contra de la Proposición, podemos decir que el texto es sumamente deficiente” ya que “excluye, por ejemplo, la presentación de enmiendas de totalidad sin fundamento alguno”.

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