El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Segura, ha señalado este jueves en el marco del debate de la Proposición No de Ley presentada por los populares para instar al Gobierno de la Nación a crear un fondo extraordinario de compensación para paliar el efecto de la subida del coste energético, que es necesario que el Ejecutivo central “tome las medidas necesarias para la subsistencia del transporte público tanto en nuestra región como en otras regiones de España”.

La actual situación, ha dicho Segura, conlleva que “los modos de transportes de la región tendrán un incremento importante para las cuentas de las empresas que gestionan el transporte público”, siendo el total de gasto que necesitaría el transporte público en la Comunidad de Madrid, en previsiones, de “539 millones de euros”.

El desglose de las previsiones de gastos, ha explicado, implican que “Metro Madrid tenga un incremento en el gasto de 371 millones de euros; la EMT un incremento en el gasto de 80 millones; los interurbanos un incremento en el gasto de 48 millones; las empresas ferroviarias un incremento en el gasto de 40 millones”.

Como ha recordado el popular, el presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) señaló que “está en juego la continuidad del servicio público del transporte que garantiza la movilidad de los ciudadanos de manera inclusiva y sostenible”, así como que “múltiples concesiones de transporte público de nuestro país corren verdadero peligro de desaparecer”. Según ha señalado, la asociación “agrupa a las empresas de transporte público de España y corresponde a 25.000 empleos y transporta al año más de 3.000 millones de personas”.

“El Gobierno de España aprueba un Real Decreto y… vaya, se han olvidado del transporte público de España que, tras el Covid en 2020, vio reducidos los ingresos”, ha afeado el diputado popular, quien ha hecho hincapié en que el pasado año y el presente, cuando “ya se empezaba a tener un 80 por ciento de uso en el transporte público, viene la mayor subida de la electricidad y combustible en 40 años, al mismo tiempo que la mayor inflación desde hace 30 años”.

“Esta es una prueba más de que ustedes no apoyan el transporte público”, ha dicho a los diputados socialistas, a quienes además ha expresado que “es lamentable que no hagan nada mientras el transporte público de España necesita medidas urgentes”. En este punto, ha recordado que los sistemas de transporte público “facilitan la movilidad masiva en grandes ciudades y prestan un servicio público esencial, consagrado en nuestra Carta Magna debido a que el acceso a los mismos garantiza otros derechos, como el acceso a la salud, a la educación o al trabajo”.

Los medios de transporte suburbano, como es el caso de Metro de Madrid, “son completamente sostenibles y protegen de forma integral el medio ambiente”, ha sostenido Segura argumentando que este “lleva reduciendo el gasto en electricidad desde el año 2012, cuando el consejero Cavero puso en marcha el Plan de Ahorro Energético” y apostando “por la movilidad sostenible”.

Por el contrario, “el gobierno social-comunista no ha hecho los deberes”, algo que ha asegurado que puede verse en el “Real Decreto trasnochado y motivado por los problemas de desabastecimiento que hemos tenido” que, además, “no está pensado para resolver problemas a la larga”.

“Señorías de la izquierda, es el momento y es necesario. Metro de Madrid pagó en enero de 2021 un total de 5,5 millones de euros por el consumo y, en enero de 2022, un total de 13,3 millones de euros”, unas cifras que suponen al día “180.000 euros y 429.000 euros respectivamente”, ha dicho. “Es un incremento de un 237 por ciento, algo inasumible e inviable por cualquier administración pública”.

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En el marco del debate sobre la iniciativa parlamentaria presentada por el PSOE para modificar el Reglamento de la Asamblea de Madrid, el diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Núñez, ha señalado en primer lugar que este “se aprobó por unanimidad de los Grupos de la Asamblea en 2019”, por lo que los propios socialistas “están auto enmendándose con la presentación de esta Proposición de Ley”.

“Se trató de una reforma global, por lo que no cabe, por pura lealtad respecto del proceso negociador, reabrir unilateralmente materias concretas cuando han transcurrido sólo tres años desde la entrada en vigor de la reforma”, ha indicado el popular para, a continuación, asegurar que “el propio Grupo Socialista ha exigido que la propuesta para reducir el número de miembros de la Asamblea, que supondría la reforma de un Estatuto que no se ha tocado desde 1998, se enmarque en una reforma global de este texto”. “Mucha coherencia no hay”, ha lamentado.

La propuesta, por otro lado, “es extemporánea por precipitada”, ha señalado el diputado para, a reglón seguido, explicar que “en estos momentos se está tramitando un recurso de amparo que habrá de ser resuelto por el Tribunal Constitucional en su momento y una vez recibidas las alegaciones de todas las partes, entre otras la propia Asamblea de Madrid”. Para el popular, “parece prudente esperar a su resultado para tomar decisiones como la propuesta y no prejuzgar”.

“La lectura única es correcta en su procedimiento por simplicidad de la iniciativa”, ha dicho Núñez, quien ha explicado que “en general, la agilización del procedimiento legislativo se hace necesario en la CAM porque no tenemos decretos leyes”. Los parlamentos, donde “sus reglamentos no aceptan enmiendas por lectura única: el parlamento Vasco; el de Andalucía; el de La Rioja; las Cortes Valencianas; las Cortes de Castilla la Mancha; la Asamblea de Extremadura; el parlamento de las Islas Baleares y, por último, las Cortes de Castilla y León”.

Así, la para Núñez la proposición “presupone una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional en contra de la limitación del derecho de enmienda en los procedimientos de lectura única y afirma la abierta inconstitucionalidad de la regulación reglamentaria”, pues la realidad “es que la sentencia es meramente interpretativa y afecta sólo a los supuestos de silencio reglamentario”.

“En el caso del Reglamento de la Asamblea de Madrid, la exclusión del derecho de enmienda está expresamente prevista en el Reglamento, por lo que no cabe anticipar la respuesta del Tribunal Constitucional”, ha asegurado Núñez. “Es que, adicionalmente, la proposición olvida otra sentencia del mismo Tribunal”, ha dicho el popular haciendo referencia a “un acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, respecto a la aplicación de la lectura única” en la que “el Tribunal rechazó el amparo solicitado a partir de la naturaleza negociada o paccionada del proyecto de ley afectado”. Incluso el Tribunal, en este dictamen, “acepta que se aplique este procedimiento sin acuerdo específico del Pleno de la Cámara”, ha asegurado.

El derecho de enmienda de los diputados “no se considera incondicionado por el Tribunal Constitucional, de manera que habrá que esperar al juicio que le merezca el caso específico madrileño y sin que quepa, por tanto, hablarse de abierta inconstitucionalidad”, ha comentado Núñez, que para finalizar ha indicado que “como último argumento en contra de la Proposición, podemos decir que el texto es sumamente deficiente” ya que “excluye, por ejemplo, la presentación de enmiendas de totalidad sin fundamento alguno”.

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El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha criticado hoy el caso UGT-PSOE Asamblea, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista haya apartado de sus funciones a una de las diputadas de su formación “porque su hija sindicalista se ha gastado dos millones de euros en mercedes, viajes y estética” mientras mantiene en el cargo a la alcaldesa de Alcorcón, condenada por la Justicia, y mantenga a toda la corporación municipal de Móstoles, imputados por prevaricación.

Serrano ha afeado que el portavoz socialista siga sembrando insidias y, para ello, se valga de “apartar de sus funciones a una diputada que acusó a la presidenta, en esta Cámara y sin pruebas, como ella misma reconoció, porque su hija sindicalista se ha gastado dos millones de euros en mercedes, viajes y estética”.

Así, el portavoz popular ha invitado al señor Lobato a actuar de forma coherente y “apartar a la alcaldesa de Alcorcón condenada, expulsar a toda la corporación de Móstoles, todos imputados por prevaricación y explíquenos por qué su partido no exige ejemplaridad al presidente Ximo Puig quién dio un contrato a una empresa de audiovisual, propiedad de su propio hermano”.

Por otro lado, el popular ha recordado que la Cámara regional aprobó hace unas semanas una iniciativa legislativa para delimitar el daño que la denominada Ley Celaá hace al sistema educativo para, a reglón seguido, lamentar que “ahora, la amenaza son unos decretos de desarrollo curricular que suponen un ataque frontal a los principales valores que debe de tener un sistema educativo”.

En este sentido, Serrano ha criticado que el Gobierno central quiera eliminar del currículo lo relacionado con la Historia previa a 1812: “Lo anterior da igual”, ha afeado al tiempo que ha señalado que “es curioso que no vaya a enseñar la Historia de España el mismo Gobierno que dice que la inflación o los incrementos de la energía que venimos sufriendo hace un año son por lo que ha ocurrido ahora”.

Según criterio del portavoz popular, la educación debe ser “una escuela de valores, esfuerzo, capacidad, mérito; pero también otro tipo de valores, como el compañerismo, la honestidad, decir la verdad, no mentir…”, ha dicho para, a continuación, añadir: “Aunque creo que alguno de los diputados de esta Cámara ese día no fueron a clase”.

Sobre las acusaciones que hizo esta semana la portavoz de Más Madrid a la presidenta, a la que señaló por un contrato de la localidad de Arroyomolinos -cuya alcaldesa pertenece al Partido Popular-, el portavoz popular ha indicado que “resulta que en el año 2017, que es cuando se hizo este contrato, la presidenta no era presidenta y el alcalde era del Partido Socialista o de Ciudadanos, no la veo disculparse, es superior a sus fuerzas, luego, que si ofendemos”.

Para finalizar, Serrano se ha dirigido a la bancada de la izquierda para invitarles a qué “en educación no innoven, sino que se dediquen a repasar, no mentir, no difamar, respetar, eso también se enseña en los colegios”.

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