El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha acudido junto con el portavoz adjunto, Pedro Muñoz Abrines, a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid para para ampliar la denuncia presentada hace unos días por los contratos de compra de material sanitario del Gobierno de España.

“Como dijimos cuando presentamos la primera denuncia hace unas semanas, desde el GPP no descartábamos venir de nuevo para ampliarla si encontrábamos más información que fuera de interés para la propia Fiscalía”, ha dicho el portavoz popular a los medios de comunicación, a quienes ha informado de que en esta ocasión “hemos aportado las cuentas de la empresa vinculada con el marido de la señora Calviño, unas cuentas que reflejan la existencia de una pérdida patrimonial y la posible deuda con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria”.

Como ha señalado, se trata de “dos hechos muy importantes”, puesto que ambos casos, per se, “inhabilitan a cualquier empresa para ser contratada por la Administración General del Estado y esta empresa recibió contratos del ministro Escribá por reputación online. Estas mismas circunstancias habilitan a una entidad para sea acreditada como intermediario digital dentro del plan del Kit Digital, que lidera la propia señora Calviño”. De esta forma, ha dicho, “esta empresa estaría inhabilitada tanto recibir contratos de la Adminsitración pública como para ser acreditada como agente digitalizador”.

Por otro lado, el portavoz popular ha señalado que se ha “ampliado la información sobre dos créditos ICO que durante la primera ola del Covid recibió esta empresa y que ascienden a 350.000 y 500.000 euros”. Estos créditos, ha comentado, “eran muy demandados entonces y sorprende, además de la agilidad con la que fueron otorgados a la empresa del marido de la señora Calviño, es que el órgano encargado de velar por la correcta distribución de estos fondos también era la propia la propia Calviño”.

“Hemos llegado hasta donde podemos llegar dentro de nuestras responsabilidades a la hora de desenterrar quién está detrás de estas empresas”, ha asegurado el portavoz popular para, a reglón seguido, reiterar que “la empresa en la que trabaja el marido de la señora Calviño, que además es directivo, está participada al 100% por una empresa, cuyo titular a su vez es otra entiedad perteneciente a un fondo de inversión en un 30% y otro fondo radicado en Luxemburgo con una participación de un 70%”. Debido a la legislación actual de Luxemburgo, ha comentado, es “imposible saber quién está detrás de esta empresa y por lo tanto entendemos que son cuestiones que pueden interesar a la Fiscalía a la hora de ahondar” en la investigación.

Por último, Serrano ha añadido que respecto “a los contratos que denunciamos en la última ocasión como estos, creemos que pueden ser de interés que la Fiscalía pregunte al Gobierno y les entregue estos expedientes para que el Ejecutivo responda con qué partidas presupuestarias fueron pagados todos esos contratos que ascienden a más de 326 millones de euros”, ya que, como ha indicado, “algunos a lo mejor han podido ser pagados con fondos europeos”.

Respecto a la posible investigación de estos hechos por parte de la Fiscalía Anticorrupción Europea, Serrano ha afeado que “desde que hace dos años, la señora Dolores Delgado, Fiscal General del Estado y exministra el Partido Socialista, designó a la señora Concha Sabadell como como representante española de la Fiscalía Europea, no hemos tenido conocimiento de ningún tipo de actividad de esta señora hasta que de repente ha mostrado interés por  el contrato más famoso para la izquierda española y del que la propia Fiscalía ha adelantado que no había delitos de malversación”.