El Grupo Parlamentario Popular lleva al Pleno en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley con la que exige al Gobierno central transparencia e información sobre los beneficios penitenciarios concedidos a etarras. Así lo ha anticipado el portavoz, Carlos Díaz-Pache, quien ha apuntado a que “están cambiando presos por votos a espaldas de todos”, algo que ha calificado como “corrupción de Estado”.

En este sentido, la PNL de los populares pide que se frene la política penitenciaria de indultos encubiertos motivada en razones de exclusiva oportunidad política y reclama que se haga público el número de etarras que han recibido en los últimos siete años el tercer grado penitenciario o se les ha aplicado el régimen de flexibilización, así como la cifra de permisos ordinarios y extraordinarios. “Es inadmisible que aquellos que causaron el terror sean ahora beneficiados por la desesperación de un Gobierno moribundo que quiere estar un minuto más en la Moncloa”, ha señalado Díaz-Pache.

Los populares reclaman además en su texto que se acredite si los etarras que reciben estos beneficios penitenciarios han cumplido con los requisitos del 72.6 de la LOGP, como son el abandono efectivo del terrorismo, acompañado de la colaboración real y efectiva con las autoridades, y manifestada mediante el repudio expreso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y la constatación técnica de la desvinculación del entorno terrorista porque “si esta situación es insoportable para todos los españoles, lo es más para las víctimas de aquellos terroristas que se están viendo beneficiados por un narcisista que no tiene valores ni vergüenza”, ha afirmado el portavoz del GPP en la Asamblea.

Asimismo, la iniciativa pone de manifiesto la necesidad de que se garantice la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre las Administraciones autonómicas que han asumido competencias en su gestión y así evitar prácticas que desvirtúen la legislación vigente.

Para ello, el texto recoge la necesidad de que se proporcione a la Fiscalía y a los órganos judiciales de vigilancia penitenciaria los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en esta materia.

Por último, el GPP insta a que se promuevan las reformas legislativas que impidan la utilización de instrumentos excepcionales para conceder indultos encubiertos, así como asegurar que la ejecución de las penas se rija exclusivamente por criterios legales, técnicos y objetivos.

El Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley en la que reclama al Gobierno central planificación y garantías en el suministro eléctrico. “Es necesaria una política energética acorde a la economía real, alejada de ideologías que frenan la digitalización, la inversión y el empleo, que frenan la prosperidad”, ha manifestado el portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache.

El acceso a un suministro eléctrico seguro, continuo y a precios competitivos es una condición indispensable para impulsar la actividad industrial, favorecer la atracción de inversiones, mejorar la productividad y reforzar la competitividad de los territorios. Asimismo, la energía eléctrica es un habilitador clave de la innovación, la digitalización y la transición hacia modelos económicos más sostenibles.

Por ello, los populares piden que se reforme el actual modelo de planificación de la red de transporte eléctrico para solucionar sus limitaciones. Entre ellas, la rigidez en ciclos de seis años, la falta de adaptación al ritmo económico, la escasa transparencia y la lentitud en su elaboración.

Asimismo, esta PNL recoge la necesidad de aumentar el límite actual de inversiones en las redes de transporte y de distribución para adaptarlo a la demanda de solicitudes de desarrollo de las redes, complementando los créditos disponibles cuando sea necesario por picos de demanda justificados.

La iniciativa exige, además, que se garantice que la red de transporte de energía eléctrica pueda atender a la demanda actual y futura, y, para ello, insta a que la nueva Planificación de la Red Eléctrica 2026-2030 tenga en cuenta todas las necesidades de los proyectos industriales, tecnológicos y digitales de la región, atendiendo a su carácter estratégico para el conjunto del sistema eléctrico y digital, su impacto tractor sobre el ecosistema tecnológico nacional y su capacidad para posicionar a España como destino preferente de inversión digital a escala europea.

En un contexto de déficit de viviendas, Díaz-Pache ha afirmado que “Pedro Sánchez no puede impedir la viabilidad de los desarrollos urbanísticos que están planificados en sureste de la ciudad de Madrid por una falta de planificación energética”. Y, en este sentido, los populares destacan la importancia de que la versión definitiva de la Planificación incluya las instalaciones necesarias para garantizar las más de 116.000 viviendas previstas en Madrid, otorgándoles prioridad máxima en la ejecución de las actuaciones previstas con el fin de asegurar la disponibilidad energética necesaria y evitar que estas iniciativas permanezcan paralizadas o queden definitivamente comprometidas.

Díaz-Pache ha advertido también de que “el Gobierno de Pedro Sánchez ya fundió a negro España una vez y podría volver a pasar”. Para evitar la amenaza de un nuevo apagón y el encarecimiento de los costes energéticos por la falta de fiabilidad del sistema, la propuesta de los populares reclama un impulso a la continuidad de la energía nuclear en España y que se requiera al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la central nuclear de Almaraz que permita una correcta planificación técnica, económica y de seguridad de la instalación, así como la toma de decisiones informadas y responsables por parte de los operadores y de las administraciones públicas concernidas.

Por último, para reducir los cuellos de botella presentes en la red eléctrica actual y que las planificaciones quinquenales del ministerio no pueden resolver, la PNL del GPP pide que se lleven a cabo las modificaciones normativas pertinentes que permitan a las empresas privadas que lo requieran, una vez justificada la viabilidad, adelantar inversiones de infraestructura en las redes de transporte y distribución, estableciendo una metodología para la recuperación de dichas inversiones.

El Grupo Parlamentario Popular llevará al próximo Pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley en la que exige al Gobierno central la actualización de las entregas a cuenta. Así lo ha anticipado el portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache, quien ha advertido de que no pagar a la Comunidad de Madrid lo que le corresponde pone en grave riesgo nuestros servicios públicos”.

En la iniciativa, los populares ponen de manifiesto la necesidad de aprobar de manera urgente e independiente de otras cuestiones la norma que revise las entregas a cuenta del acuerdo con la previsión para 2026 que fue comunicada a las Comunidades Autónomas por el Ministerio de Hacienda.

En su intervención en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Díaz-Pache ha señalado que “lo normal es que estas actualizaciones se publiquen con los Presupuestos Generales, pero, como no hay Presupuestos, las presentan de manera conjunta con otras medidas sectarias que nada tienen que ver con la financiación autonómica, conformando así un nuevo chantaje”.

El portavoz de los populares ha explicado que en la actualidad “la Comunidad de Madrid está recibiendo 130 millones de euros menos de los que le corresponden cada mes y, de no convalidarse el último decreto, esta cantidad se incrementaría hasta los 375 millones de euros de lo comunicado para 2026”. Por ello, ha insistido en que “esto no se puede permitir” y ha instado al resto de grupos a “pronunciarse” para ver “si defienden el dinero de los madrileños o si vuelven a hacer un favor a Pedro Sánchez”.

Por último, con esta PNL, los populares piden también la inmediata regularización de las entregas a cuenta recibidas durante 2026 en los meses transcurridos hasta la aprobación de la nueva norma, así como el abono de los intereses de demora correspondientes.