El Grupo Parlamentario Popular lleva al Pleno en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley con la que exige al Gobierno central transparencia e información sobre los beneficios penitenciarios concedidos a etarras. Así lo ha anticipado el portavoz, Carlos Díaz-Pache, quien ha apuntado a que “están cambiando presos por votos a espaldas de todos”, algo que ha calificado como “corrupción de Estado”.
En este sentido, la PNL de los populares pide que se frene la política penitenciaria de indultos encubiertos motivada en razones de exclusiva oportunidad política y reclama que se haga público el número de etarras que han recibido en los últimos siete años el tercer grado penitenciario o se les ha aplicado el régimen de flexibilización, así como la cifra de permisos ordinarios y extraordinarios. “Es inadmisible que aquellos que causaron el terror sean ahora beneficiados por la desesperación de un Gobierno moribundo que quiere estar un minuto más en la Moncloa”, ha señalado Díaz-Pache.
Los populares reclaman además en su texto que se acredite si los etarras que reciben estos beneficios penitenciarios han cumplido con los requisitos del 72.6 de la LOGP, como son el abandono efectivo del terrorismo, acompañado de la colaboración real y efectiva con las autoridades, y manifestada mediante el repudio expreso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y la constatación técnica de la desvinculación del entorno terrorista porque “si esta situación es insoportable para todos los españoles, lo es más para las víctimas de aquellos terroristas que se están viendo beneficiados por un narcisista que no tiene valores ni vergüenza”, ha afirmado el portavoz del GPP en la Asamblea.
Asimismo, la iniciativa pone de manifiesto la necesidad de que se garantice la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre las Administraciones autonómicas que han asumido competencias en su gestión y así evitar prácticas que desvirtúen la legislación vigente.
Para ello, el texto recoge la necesidad de que se proporcione a la Fiscalía y a los órganos judiciales de vigilancia penitenciaria los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas en esta materia.
Por último, el GPP insta a que se promuevan las reformas legislativas que impidan la utilización de instrumentos excepcionales para conceder indultos encubiertos, así como asegurar que la ejecución de las penas se rija exclusivamente por criterios legales, técnicos y objetivos.
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