El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno central explicaciones sobre el fallo de las pulseras telemáticas y que garantice la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género.
El sistema de dispositivos telemáticos de control, conocido como COMETA, es una de las principales herramientas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual al permitir la vigilancia efectiva del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento. Sin embargo, tras el cambio del prestador del servicio en 2023, se han detectado fallos graves en la migración de datos y en el funcionamiento de los dispositivos, lo que ha supuesto la pérdida de información histórica, problemas de localización y cobertura, e incluso casos en los que los agresores pudieron quitarse las pulseras sin dificultad.
En su intervención, la diputada del GPP Esther Platero ha señalado que “este sistema en manos de la izquierda se ha convertido en un nuevo fracaso intolerable en la lucha contra la violencia de género” porque “el fallo de una pulsera es una mujer menos protegida, una amenaza más cercana y puede llegar a ser una tragedia anunciada”.
Ante la gravedad de las consecuencias, los populares instan al Ejecutivo central a “actuar con la máxima diligencia, transparencia y responsabilidad porque la seguridad de las víctimas no admite demora”, ha señalado Platero.
Por ello, esta iniciativa reclama la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema COMETA, incluyendo tanto la fase de adjudicación como la de implantación y el periodo actual de servicio.
Asimismo, pide al Ejecutivo central que los ministerios de Igualdad e Interior publiquen de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la Comunidad de Madrid.
Fiscalías especializadas, sindicatos policiales, jueces y abogados han denunciado que estos fallos han provocado sobreseimientos provisionales, absoluciones de agresores y una grave desprotección de las víctimas. El propio Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial advirtió en su día del riesgo de adjudicar el contrato a empresas sin experiencia suficiente en este ámbito. Y, en este sentido, la diputada popular ha recriminado a la izquierda que hayan “convertido el feminismo en una bandera para la foto, en un escaparate vacío, en una herramienta de propaganda, porque detrás no hay eficacia, gestión ni protección real”.
El GPP destaca en esta PNL la importancia de los acuerdos del Observatorio Regional de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en su reunión del 29 de septiembre de 2025 que, entre otras cuestiones, exige la sustitución urgente e inmediata de los dispositivos instalados actualmente por otros que garanticen la seguridad y restablezcan la confianza de las mujeres víctimas en los sistemas de protección frente a sus maltratadores.
Por último, los populares piden que este acuerdo se traslade a los ministerios de Igualdad, Interior, Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, así como a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y a la Federación Española de Municipios y Provincias para que se conozca la postura firme de la Comunidad de Madrid en defensa de las víctimas.
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