El Grupo Parlamentario Popular lleva al Pleno en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley con la que exige al Gobierno central que derogue de manera inmediata el real decreto por el que se aprueba la regularización masiva de inmigrantes. Así lo ha anticipado el portavoz del GPP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien ha señalado que es “una medida irresponsable” con la que “Pedro Sánchez busca el estallido social, el colapso de los servicios públicos y tapar su corrupción”.
Los populares alegan que la medida, rechazada por la mayoría en el Congreso de los Diputados, carece de los mecanismos de control necesarios, vulnera los principios europeos en materia migratoria y contraviene el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuyos objetivos son el control de fronteras exteriores, la responsabilidad compartida y los retornos eficaces.
En su intervención en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Díaz-Pache ha apuntado que, “además de atentar contra las directrices europeas”, la norma es “profundamente inhumana y responde a un uso torticero de las instituciones y de las personas”.
En este sentido, la PNL de los populares recoge que el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez desincentiva la inmigración legal y ordenada, y refuerza el efecto llamada promovido por las mafias de tráfico y trata de personas, incrementa la presión sobre las fronteras y tensiona especialmente territorios como Melilla, Ceuta, Canarias, Andalucía, Murcia o Baleares, algo que
Con esta iniciativa el GPP insta, además, a que se ejecute de manera efectiva las órdenes de retorno de acuerdo con la normativa vigente, se revisen los acuerdos migratorios con terceros países y se garantice la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes.
En su exposición de motivos, la iniciativa pone de manifiesto que esta regularización es una operación política que no responde a una planificación estratégica ni a un análisis riguroso de los flujos migratorios y de las necesidades del mercado laboral. Y, por ello, los populares piden que cualquier proceso de regularización sea individualizado, esté vinculado al mercado laboral y cuente con una memoria económica detallada, un procedimiento transparente y criterios claros y definidos.
La regularización que está llevando a cabo el Gobierno central implica una transferencia encubierta de competencias y costes hacia las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, explica la PNL, que reclama una financiación suficiente para que las Administraciones autonómicas y municipales puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral.
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