El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy una Proposición No de Ley con la que exige al Gobierno central que respete la independencia del Poder Judicial, sin injerencias ni ataques, y dote de todos los medios humanos y materiales necesarios para poder llevar a cabo su función constitucional.
“El sanchismo nació para el poder y por el poder, con la corrupción institucional y económica como método de trabajo”, ha afirmado el diputado del GPP José Virgilio Menéndez en su intervención para defender la iniciativa. Una corrupción, ha señalado, que ha llevado al Ejecutivo de Sánchez a “intentar dominar el Poder Judicial desde el primer día para que no haya una Justicia independiente que entre a investigar y juzgar su delictiva y corrompida forma de gobernar”.
Asimismo, en su exposición de motivos, la iniciativa de los populares explica que el pilar de todo Estado de derecho es una Justicia ágil y eficaz, un objetivo inalcanzable cuando persiste una carencia tan acusada de personal y cuando los procesos selectivos conllevan una inestabilidad en las plantillas.
“La situación es desoladora, la plantilla tiene una alta edad media y, en su mayor parte, interina; lo que desanima a los trabajadores de la Justicia, especialmente a los jueces, que cada vez son menos y con mayor carga de trabajo”, ha señalado el diputado del GPP.
Por ello, reclaman que se disponga de las plazas de jueces y fiscales requeridas en función de las necesidades manifestadas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas, así como de las plazas de personal funcionario que se precisen.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la iniciativa del GPP pide que se convoquen nuevas plazas de jueces y magistrados en orden a las demandas realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región, que estima de manera urgente la cobertura de 142 puestos y más de 350 nuevas plazas adicionales de cara a los próximos cinco años. En el mismo marco, La PNL insta también a que se elimine la tasa de reposición y otorgue 800 plazas anuales en las ofertas de empleo público de los próximos tres años y propone que la oferta del ministerio permita a la Comunidad de Madrid alcanzar como máximo el 8% de interinidad, frente al 38,6% actual.
Además, los populares ponen de manifiesto el problema que genera que sea el Gobierno central el que determine unilateralmente el número de plazas para funcionarios de Justicia que se ofertan a nivel nacional y que las distribuya entre las Comunidades Autónomas sin atender a las necesidades de cada una de ellas, a pesar de que son las regiones las que hacen frente a la totalidad de las retribuciones de este personal.
En este sentido, Menéndez ha criticado al Gobierno central que “las nuevas plazas de jueces no se han repartido en base a las necesidades de las CCAA, sino a su criterio para privilegiar a sus socios perjudicando así a los madrileños”. Por ello, el texto recoge la necesidad de que las plazas asignadas respeten la distribución por cuerpos que determine previamente la Administración autonómica.
Por último, el GPP reclama con esta iniciativa que el criterio de otorgamiento del número de plazas contemple las vacantes generadas en los concursos de traslados anuales y las plazas de nueva creación, además de que se reduzca el plazo de ejecución de las ofertas de empleo público para que no se genere un número excesivo de vacantes que avoque a su cobertura por personal interino.

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