El GPP exige al Gobierno central que refuerce la legalidad y el control judicial, y proteja los derechos de las víctimas del terrorismo

El Grupo Parlamentario Popular ha sacado adelante en el Pleno de hoy una Proposición No de Ley en la que exige al Gobierno central que refuerce la legalidad y el control judicial, y proteja los derechos de las víctimas del terrorismo.

La PNL propuesta por los populares parte de la necesidad de corregir disfunciones relevantes que inciden directamente en la fase de ejecución penal y que adquieren especial importancia en los supuestos de delitos de terrorismo. Para ello, la iniciativa del GPP pide que se lleve a cabo una reforma normativa integral del sistema de ejecución penal.

En este sentido, la iniciativa propone que se reforme el artículo 90.8 del Código Penal con el objetivo de reforzar los requisitos exigibles para la concesión de la libertad condicional, establecer expresamente su carácter autónomo y acumulativo, y exigir una colaboración efectiva, real y verificable con la Justicia y una desvinculación plena del entorno terrorista.

El diputado del GPP Daniel Portero ha sido el encargado de defender la iniciativa y en su intervención ha puesto de manifiesto que, por “cinco votos de sangre, se está retorciendo la Ley para conceder el tercer grado o la libertad condicional sin cumplir las condiciones”.

“No puede ser que sólo se exija una carta genérica de petición de perdón a las víctimas sin colaboración expresa o perdón individualizado”, ha señalado Portero, quien ha recordado que aún quedan 376 asesinatos sin resolver y que no se está pidiendo una colaboración efectiva con la Justicia para contribuir a su esclarecimiento”. “Desde la moción de censura de 2018, sólo se ha resuelto tres casos y esto es un fracaso de la democracia”, ha afirmado.

Con esta PNL, los populares instan también a la modificación del artículo 72.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para exigir la convalidación judicial previa y expresa de la progresión a tercer grado en delitos de terrorismo, delimitar de forma precisa el concepto de colaboración y establecer el carácter acumulativo e insustituible de los requisitos exigidos. 

Los populares reclaman además un impulso a la reforma del régimen previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario mediante su incorporación a la Ley Orgánica General Penitenciaria, garantizando la reserva de ley orgánica, su configuración como medida estrictamente excepcional y que “no sea un tercer grado por la puerta trasera”, tal y como ha indicado el diputado popular.

En esta línea, la iniciativa promueve también la reforma de la Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reconocer expresamente su legitimación para recurrir resoluciones penitenciarias de especial relevancia y reforzar su papel como garante de la legalidad en la fase de ejecución penal. 

“No puede ser que el ministerio público no tenga capacidad para recurrir el 102.2 y no puede ser que las víctimas no tengan posibilidad de hacer nada”, ha apuntado el popular. Por ello, en paralelo a estas reformas, el GPP pide que se modifique la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima y se les reconozca el derecho a ser informadas y a participar en la ejecución penal, se les garantice el derecho a ser oídas y se amplíe su legitimación para impugnar las resoluciones que afecten al cumplimiento efectivo de la pena.

El texto final aprobado en el Pleno de la Asamblea, reclama asimismo que se garantice la aplicación estricta de los requisitos patrimoniales previstos en el artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para los condenados por delitos de terrorismo, valorando su conducta dirigida a satisfacer la responsabilidad civil antes del acceso a beneficios penitenciarios o a la progresión de grado.