El GPP saca adelante sus propuestas sobre el reparto de la deuda, inmigración, sanidad, vivienda y suministro eléctrico, así como en defensa del Estado de Derecho

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha presentado cinco propuestas de resolución para defender el Estado de Derecho, además de abordar otras materias como el reparto de la deuda, inmigración, sanidad, vivienda y suministro eléctrico.

La primera de las propuestas del GPP en esta segunda y última sesión del Debate sobre el Estado de la Región insiste en el rechazo a la iniciativa del Gobierno central para mutualizar la deuda generada por el independentismo en Cataluña, la fragmentación de la Agencia Tributaria y la imposición del modelo de concierto catalán. Además, reclama que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica se negocie entre todas las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se garantice la suficiencia financiera, se mantenga los principios de solidaridad e igualdad entre españoles y se respete la autonomía fiscal.

En la segunda de las iniciativas, el GPP pide a la Comunidad de Madrid que continúe con sus políticas de vivienda, como el Plan Vive, y exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez la derogación de la Ley de Vivienda, medidas contra la ocupación y la inquiocupación, que aborde con las CCAA el Plan Estatal de Vivienda y que garantice el suministro eléctrico para los nuevos desarrollos urbanísticos, así como para la implantación de nuevas empresas e industrias.

En sus propuestas, el GPP se ocupa también de la Sanidad y pide que el Gobierno central adopte de manera urgente medidas para solucionar la escasez de personal sanitario, que acuerde la Estrategia de Recursos Humanos con las CCAA y garantice su participación en la negociación del Estatuto Marco. La iniciativa reclama también la creación de 1.000 plazas formativas adicionales en la especialidad de Medicina de Familiar y Comunitaria, que se dote de la financiación necesaria al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, y que se incorporen mejoras en el proceso de homologación de títulos extracomunitarios.

En materia de inmigración, la  propuesta del GPP rechaza la actual política migratoria y solicita al Ejecutivo de Pedro Sánchez que refuerce el control de fronteras y desista de aquellas políticas que generan efecto llamada, abandone los repartos arbitrarios y forzosos de menores extranjeros no acompañados, agilice el retorno de aquellos que cometan delitos graves o alteren la convivencia, garantice una inmigración ordenada, legal y vinculada al empleo, y que actúe con lealtad y en coordinación con las CCAA y los ayuntamientos, además del cierre de los tres macrocampamentos ubicados en la región.

En su defensa de estas propuestas, el portavoz adjunto del GPP, Rafael Núñez, ha destacado la necesidad de “una gestión integral de la inmigración que atienda a los principios de legalidad, trabajo y seguridad”. Asimismo, ha puesto de manifiesto la “brutal degradación institucional”, con una izquierda que “no tiene frenos morales a la hora de hacer pactos”, que “se da la bienvenida y concede protagonismo político y poder institucional a la extrema izquierda, al golpismo separatista y al brazo político de ETA”.

Por todo ello, la última iniciativa de los populares exige que el Gobierno central defienda el Estado de Derecho y cesen los ataques a jueces y magistrados por parte del presidente del Ejecutivo y sus ministros, la retirada de los proyectos legislativos que pretenden arrebatar la instrucción penal a los jueces, coartar el ejercicio de la acción popular y alterar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Por último, pide el cese o solicitud de dimisión del fiscal general del Estado.