La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la nueva Ley de Archivos y Documentos, una norma con la que se garantiza el acceso de los ciudadanos a estos fondos y los convierte a su vez en herramienta básica para la transparencia administrativa, además de incorporar la regulación del formato electrónico.
La ley favorecerá la modernización de los archivos y la protección con mayores garantías del patrimonio documental, para asegurar, entre otros aspectos, su método de conservación guarda y custodia, adaptándolo al contexto de la administración digital. Asimismo, la legislación ha contado con un amplio consenso de la comunidad archivística y coloca a la región madrileña a la cabeza de España en materia de conservación de documentos públicos.
Su protección, al margen de que puedan ser catalogados como bienes culturales protegidos, queda asegurada contra la destrucción indiscriminada o dolosa en el propio ámbito administrativo. Del mismo modo, se ofrecen todas las ventajas de la vinculación al sistema, como los recursos compartidos, normativa técnica homologada, asesoramiento técnico permanente, entre otras, incluidas las ayudas públicas que la Comunidad de Madrid pueda ofrecer para su desarrollo y difusión.
El nuevo texto, que sustituye al anterior con más de 20 años de vigencia, mejora también la protección del patrimonio documental, tanto de organismos públicos como privados, a partir de una clara definición del concepto y de los instrumentos a utilizar, especialmente con la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño.
La diputada Isabel Redondo, encargada de defender la postura popular durante el debate de aprobación del dictamen, ha asegurado este jueves respecto a la ley que el proyecto de ley presentado por el Gobierno “ya era un texto sólido, técnicamente bien fundamentado”, pero que como todos los textos legislativos era “susceptible de mejoras o retoques” que ha dado lugar a una ley “donde como es lógico se reconocen nuestros principios ideológicos”.
“El texto que vamos a votar es un cuerpo legislativo del que sentirnos profundamente orgullosos” porque “fortalece y ensancha los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la libertad información, al acceso a la información pública” y que pasa a ser “un referente dentro de las comunidades autónomas a la espera de una Ley estatal muy demanda y que no termina de llegar”.
Es un texto “adaptado a los nuevos escenarios y necesidades de los archivos y custodias documentales; que da cabida a los nuevos soportes manteniendo el respeto reverencial hacia el documento como fuente de información a la que siempre acudir”, ha dicho Redondo.
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