La Cámara legislativa regional ha aprobado este jueves la proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular para modificar la vigente normativa de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.

Ha sido el diputado del GPP, Carlos Segura, el encargado de defender la aprobación de la norma y la necesidad de “crear un marco legal” que de todas las garantías y seguridad a las familias que hoy en día viven del sector del VTC en la Comunidad de Madrid y que el ministro Ábalos dejó “en un vacío legal”, así como facilitar que “haya una competencia en igualdad de condiciones entre taxi y VTC”.

La Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, ha señalado Segura, “incorpora en la normativa de la Comunidad de Madrid la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor como transporte discrecional de viajeros”, algo somete su ejercicio “a la obtención de la correspondiente autorización”.

La norma permite “a los titulares de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, de ámbito nacional, domiciliadas en la Comunidad de Madrid, que puedan seguir realizando servicios de carácter urbano tras la finalización de las habilitaciones temporales” fijadas por la ley nacional.

Sin embargo, la citada ley “no contempla la adecuación del régimen sancionador”, por lo que el incumplimiento de las obligaciones recogidas en el marco jurídico “solo se pueden sancionar conforme a la normativa del Estado, de acuerdo con lo previsto en la disposición final primera de la misma”.

Así, la adecuación del régimen sancionador responde a la “aplicación rigurosa del principio de legalidad” que conlleva la necesidad de incluir “nuevos tipos infractores en materia de arrendamiento de vehículos con conductor”. En definitiva, con esta regulación “se ofrece certeza a todos los implicados en la prestación de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, así como a los usuarios y, además, se incardina de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional”.

 

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