La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves a la Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias (SIPCE), una normativa que actualiza y adapta la capacidad de respuesta del Gobierno regional ante posibles catástrofes o incidentes que supongan un peligro para las vidas, los bienes o el medio ambiente.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Núñez, ha sido quien ha defendido la posición popular, asegurando que “este es un texto que viene a marcar un cambio significativo e importante en el ámbito de las emergencias de la Comunidad de Madrid en ámbito de la protección civil y de las emergencias de la región y que viene, de alguna manera, a plasmar y satisfacer parámetros que se han ido plasmando y reflejando en las acciones que ha tenido que desarrollar la Comunidad de Madrid”.
Es una ley coherente, lógica y lo más importante, con una capacidad de respuesta operativa lo más próxima posible al ciudadano y lo más rápida posible al ciudadano, que es el objetivo que busca cualquier responsable político. Por ello el objetivo es muy claro: mejorar la eficiencia, la eficacia en la reacción ante el mundo de las emergencias y los fines son regular a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias como ente derecho público, todos y cada uno de los parámetros que tiene que ver desde el punto de vista de la coordinación.
Se trata, ha continuado, de “crear el Sistema Integrado de Protección Civil donde se integran todos y cada uno de los cuerpos que viene desarrollando y prestando servicio en la Comunidad de Madrid, bajo el paraguas de un ente de derecho público que, hasta ahora, lógicamente no lo era”, así como recoger “la normativa de Protección Civil, que está muy dispersa en un ámbito normativo concreto y establecer como prioridad un régimen sancionador en materia de protección civil, dentro de la potestad sancionadora que tiene la Comunidad de Madrid”.
Entre las novedades, se “regula la estrategia de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, estableciendo las capacidades de respuesta que tiene que tener y haciendo un análisis prospectivo de cada una de ellas, en este caso, de las circunstancias que puedan afectar a la población de nuestra comunidad”, así como la “creación de los planes de actuación en el ámbito autonómico mucho más allá de los ámbitos y de los planes que a nivel nacional viene estableciendo la Dirección General del Ministerio del Interior respecto a estos planes”, ha comentado.
Por otro lado, la ley establece “la incorporación no solamente del personal que trabaja en número dos a la propia agencia como tal, sino dota de carácter de personal de emergencias a todas aquellas personas que vienen prestando un servicio desde el punto de vista de la información a la ciudadanía, que es esencial en los momentos de gestión de cualquier tipo de circunstancia o de catástrofe que se pueda producir”, ha señalado el popular.
Por último, ha indicado, la norma da lugar a la “posibilidad de que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular en procedimientos policiales derivados de las emergencias y que pueda interponer acciones civiles para resarcir de los gastos ocasionados y asumidos por los servicios de emergencia, especialmente en los casos de negligencia grave”.
Este texto legal autonómico entrará en vigor en abril tras su publicación en el Boletín Oficial regional -BOCM-, convirtiendo a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en un ente público de derecho, lo que supone un mayor beneficio para el ciudadano, ya que dota de una mayor agilidad a los servicios públicos de la región en la gestión de las emergencias.

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