La Asamblea de Madrid ha aprobado en el Pleno de hoy una Proposición No de Ley (PNL) a propuesta del GPP para adaptar las ofertas de empleo público de la Administración de Justicia a las necesidades reales de las Administraciones con competencias transferidas en materia de Justicia en la Comunidad de Madrid.
Esta iniciativa del GPP incluye, además, la incorporación al criterio de tasa de reposición de efectivos otros criterios, como las vacantes generadas por concurso de traslados o las sedes de nueva creación. Asimismo, hace referencia a la atención de las necesidades de cobertura de plazas de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia en la Comunidad.
En este sentido, la diputada Mercedes Zarzalejo, encargada de defender esta propuesta ha señalado que “el principal problema que padecemos desde hace mucho tiempo en la Administración de Justicia es la lentitud”. Para paliar las consecuencias derivadas de ello, “la Comunidad de Madrid ha ejecutado una inversión de más de 100 millones de euros en el periodo comprendido entre el 2019/2023”, ha afirmado Zarzalejo antes de enumerar otras medidas regionales de mejora puestas en marcha, como son “la implementación de la Oficina de la Fiscalía en el año 2020, la creación de las 14 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, la consolidación del Programa Integral de Atención a la Infancia en las Sedes Judiciales para menores de 14 años, así como medidas complementarias de eficiencia y sostenibilidad de las sedes judiciales para mejorar su iluminación y climatización”.
Asimismo, la diputada popular ha puesto en valor que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2024, “incluye las primeras inversiones, un total de 2,8 millones de euros, para que la Ciudad de la Justicia pueda ser una realidad en la presente legislatura”.
El hecho de que sea el Ministerio de Justicia el responsable de realizar las convocatorias de los procesos selectivos provoca que la Comunidad de Madrid deba ajustarse a los criterios establecidos por éste, que en los últimos años ha fijado el criterio de tasa de reposición de efectivos como el único válido para la inclusión de plazas de oferta de empleo público en turno libre. Sin embargo, este criterio no cumple con las necesidades reales de cobertura de plazas en la región madrileña, aún cuando se ponen en funcionamiento nuevos órganos judiciales.
Para solventar este problema, el GPP propone una adecuada planificación de los recursos humanos que atienda las necesidades presentes y futuras, y que se adapte a los cambios socioeconómicos, indispensable para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. Para ello, es necesario un correcto dimensionamiento de las plantillas y la convocatoria de ofertas de empleo público que se ajuste a las necesidades reales de las Administraciones Públicas.
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