El portavoz del GPP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado tras conocer que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido a su derecho a no declarar que “los titanes de la transparencia no están haciendo honor a sus palabras”.
En este sentido, se ha pronunciado ante los medios tras la Junta de Portavoces y ha destacado que “su marido no ha dado explicaciones en el Parlamento cuando se le han pedido y Begoña Gómez no ha dado explicaciones ante los medios de comunicación ni ante la propia Universidad y hoy tampoco ha querido dar explicaciones ante el juez”.
“Los Kirchner de Pozuelo han convertido la sede del Gobierno de España en la sede de sus chanchullos privados. Eso es algo que no debemos tolerar”, ha afirmado Díaz-Pache, a quien no le extrañaría que “la Justicia condenase a Begoña Gómez y que su marido la indultase o insistiese a los delegados que tiene en el Tribunal Constitucional para que hicieran una amnistía encubierta”.
Sobre este caso, el portavoz de los populares ha insistido en la necesidad de tener todas las explicaciones y «gran parte de ellas tendrán que darlas en la comisión de investigación registrada en esta Asamblea por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y que iniciará sus trabajos en el mes de octubre”.
Díaz-Pache ha calificado el dispositivo policial desplegado en la zona de los juzgados como un “nuevo circo” con el que “el delegado del Gobierno está haciendo méritos ante su jefe con un despliegue policial extraordinario cuando no se trata de una institución del Estado”.
Antes de finalizar, el popular se ha referido a la última sentencia que se refiere a la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles Noelia Posse, quien acumula ya dos condenas. “Es un insulto que alguien que ha sido condenada por el caso ITV y que ha sido condenada ahora nuevamente siga como concejal. El secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, podría haberle pedido su acta y no lo ha hecho”, ha manifestado.
Asimismo, a nivel municipal ha hecho mención también al Ayuntamiento de Rivas, donde “la alcaldesa está actuando de manera sectaria” contra un colegio católico que no está incorporando a la ruta de autobús escolar en la que sí están incluidos los 16 colegio públicos y un colegio concertado.
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