El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid ha registrado una solicitud la creación de una comisión de estudio “para que los madrileños puedan conocer con detalle y con rigor el impacto de este vergonzoso acuerdo en Madrid”. Así lo ha anunciado el portavoz, Carlos Díaz-Pache, ante los medios de comunicación.
En ella, participarán expertos en Derecho Constitucional, Hacienda Pública, financiación autonómica, etcétera, que puedan “precisar cuánto les cuesta a los vecinos de Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón mantener a Sánchez en la Moncloa”, ha adelantado.
“El acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC amenaza a la Nación con imponer un modelo de financiación espurio para la Generalidad de Cataluña, basado en una pretendida negociación bilateral con el Estado”, ha señalado antes de destacar que, según este acuerdo, “la Generalidad sería la encargada de gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos en Cataluña, arrogándose este Gobierno regional competencias que son impropias de una autonomía”.
Para ello, “el Gobierno de Pedro Sánchez efectúa una modificación constitucional por la puerta de atrás y eso supone desafíos jurídicos, de financiación, recaudación, solidaridad o lucha contra el fraude”, por lo que “supone un perjuicio para los madrileños y el resto de los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas”, ha añadido.
La salida de Cataluña del actual Sistema de Financiación Autonómica supondría una reducción de unos 2.000 millones de euros en la aportación de las comunidades más ricas a la solidaridad entre regiones y el Presupuesto del Estado perdería, total o parcialmente, la recaudación de impuestos que se obtiene en Cataluña: unos 30.000 millones de euros. Al que “habría que compensar con una subida de impuestos, menos gastos, menos inversiones o menos recursos para las Comunidades Autónomas”, ha indicado Díaz-Pache.
“El sistema de quita de la deuda propuesto por el Gobierno y que nos anunciaron ayer, no hace desaparecer, sino que reparte la deuda pública autonómica entre todos los españoles y, por lo tanto, penaliza a quienes mejor gestionan, hace que España pierda credibilidad y la hace más débil”, ha indicado antes de concluir que se trata de “un nuevo chantaje de los que acostumbra este Gobierno, por el que o accedes expresamente a mis políticas sectarias o te arruino”.
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