El GPP se opone a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que dará “barra libre a la violencia”

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno a que “no modifique la Ley de Seguridad Ciudadana, una ley buena que protege a las autoridades y a los ciudadanos” y que de llevarse a cabo cambios dará “barra libre a la violencia”.

Así lo ha declarado el diputado del GPP, José Virgilio Menéndez, quien junto con otros parlamentarios populares han participado en la protesta ciudadana celebrada hoy frente a la Delegación del Gobierno en Madrid contra la modificación mediante el trámite de enmiendas que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Como ha indicado Menéndez, “el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid estamos aquí para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías locales, que siempre están ahí cuando las necesitamos” y para mostrar su oposición “a la modificación de la actual legislación, algo que haremos en las calles y en las instituciones”.

Según reza el documento, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, aprobada durante la X Legislatura por iniciativa del Gobierno de Partido Popular, “cumple una finalidad esencial para el conjunto de los españoles: crear un marco jurídico adecuado para proteger la seguridad ciudadana y garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades”.

“La actual Ley de Seguridad Ciudadana fue consecuencia de una reforma necesaria, conveniente y oportuna que dio respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad y, en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, indica la iniciativa popular.

Además, esta asegura que su aprobación cuenta con “las exigencias sociales”, que reclamaban “mejor protección de las libertades, la necesidad de ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos que quedaban impunes o la necesidad de mejor cobertura y seguridad para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Asimismo, la PNL expone que a través de la actual legislación se consiguió corregir soluciones a “muchos comportamientos que antes de la reforma del Código Penal estaban contempladas como faltas con su correspondiente sanción y que pasaron a serlo solo en el ámbito administrativo”. Así, con su aprobación, en modo alguno “se restringieron los derechos de reunión, manifestación y huelga, ni otorgó a la policía un poder excesivo, sino que creó un marco adecuado para el trabajo” de los agente de Policía y Guardia Civil.

La aplicación de la Ley “ha sido fundamental para la puesta en marcha de medidas de control para evitar la extensión de la pandemia del Covid y, de hecho, ha sido utilizada de forma habitual por el actual Gobierno”, señala el texto, que sentencia que “se ha demostrado como una buena Ley y plenamente constitucional, como confirmó la Sentencia del 19 de noviembre del Tribunal Constitucional”.