El GPP ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción contratos Covid del Gobierno de Sánchez con al menos 7 empresas por un total de 326 millones de euros. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha afirmado hoy en la Asamblea de Madrid que “el GPP va a llevar a la Fiscalía Anticorrupción algunos contratos de compras de material por parte del Gobierno de Sánchez para saber por qué se adquirieron mascarillas entre un 25 y un 500 % más caras, así como batas desechables con un sobrecoste del 625 %”.
Tras felicitar a la presidenta por la decisión que tomó hace justo un año convocando elecciones, “un paso valiente y audaz”, Serrano ha explicado que quiere saber “si la Fiscalía, que depende de quien depende, también se interesará por la empresa del marido de la vicepresidenta Calviño, que no solo se lleva contratos del Gobierno sino que es mediador digital necesario para que las empresas puedan acceder a fondos europeos que gestiona la propia Calviño”.
Asimismo, Serrano ha indicado que también quiere saber “si la exministra socialista y hoy FGE, Dolores Delgado, quiere investigar porqué una empresa que facturaba cero euros antes de la pandemia pasa a facturar 53 millones euros gracias al exministro Ábalos y otras administraciones socialistas”.
También el GPP quiere saber “porqué el ministro Illa otorgó a dedo 263 millones de euros en productos sanitarios a una empresa de su pueblo de al lado, dedicada a las bebidas alcohólicas y con su administradora condenada por estafa”.
A renglón seguido, el popular ha añadido otro asunto que su grupo llevará a la Fiscalía, que tendrá que investigar “el porqué una empresa de yesos recibió el dinero por adelantado para un contrato de 3 millones de euros para respiradores que nunca llegaron y del que no se ha recuperado todavía el dinero”.
“Y, por supuesto, queremos saber si ahora que parece que la Fiscalía tiene interés en la familia de Isabel Díaz Ayuso, va a ser igual de dirigente con los padres de Pedro Sánchez y que se investigue la posible utilización de empresas pantalla para asegurarse 800.000€ de financiación vía créditos ICO desde que Sánchez es presidente”, ha añadido.
Serrano también se ha preguntado “por qué, tras dos años, en el Portal de Transparencia no aparecen estos contratos”.
Para finalizar, Serrano ha resumido el motivo de la denuncia de su grupo ante la Fiscalía: “Queremos saber si la justicia es igual para todos, algo propio de una democracia y un Estado de Derecho, o si la Fiscalía de Sánchez solo va a perseguir a políticos que molesten a su Gobierno y al PSOE y eso se parece menos a una democracia y más a lo que hace Putin con los adversarios”.
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