El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la Asamblea de Madrid ha sacado adelante hoy el dictamen final de la comisión de estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad de Madrid, que concluye que el problema no se limita al aumento del consumo, sino que se ve agravado por la banalización en su percepción social, lo que dificulta la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes.

La normalización de algunas drogas como el cannabis hace que se perciban como sustancias inocuas o no tan dañinas, especialmente entre los jóvenes, lo que incrementa su vulnerabilidad. Por eso, el texto analiza y da a conocer el impacto real de las drogas en la sociedad, las causas que llevan a la adicción, su verdadero alcance en la vida de los afectados y sus familias, el negocio que orbita a su alrededor, así como posibles fórmulas para abordar con éxito el problema. Y, en esta línea, los trabajos de la comisión determinan que el consumo de drogas en la Comunidad de Madrid no es un fenómeno marginal ni transitorio, sino una realidad que se transforma con rapidez y que afecta a la vida de muchas personas.

Para elaborar el documento, la comisión ha abordado la cuestión desde diferentes enfoques y ha contado con las comparecencias de expertos, profesionales, representantes de la Administración, de la sociedad civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han coincidido en la importancia de intervenir antes de que el consumo se cronifique, siendo la familia y el ámbito educativo espacios decisivos para la detección y prevención temprana.

En este sentido, los populares proponen reforzar la formación y orientación dirigida a las familias y subrayan la importancia de mejorar los servicios de atención familiar especializada dentro de la red de atención a las adicciones. Además, consideran

imprescindible fortalecer la coordinación entre las familias, los centros educativos y los recursos asistenciales para establecer protocolos claros de comunicación y derivación.
En cuanto a la atención y el tratamiento, el texto aprobado pone de manifiesto que no basta con disponer de recursos, sino que es imprescindible garantizar la continuidad del acompañamiento y la coordinación entre los distintos sistemas implicados. Asimismo, se pone en valor la importancia de que exista un mensaje público claro y coherente sobre las consecuencias reales del consumo.

La vigilancia, el control y la inspección son también elementos esenciales en la respuesta institucional frente al consumo y la distribución de drogas, y es necesario adaptar estas actuaciones a una realidad que cambia con rapidez y presenta nuevas formas de distribución y acceso a las sustancias. El control del narcotráfico debe ocupar un lugar explícito en las políticas públicas en coordinación con las instituciones que tienen competencias, por lo que en su dictamen en GPP pide que se refuerce la coordinación entre las Administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación y seguimiento de los puntos de venta y distribución de drogas, especialmente en los entornos de mayor concentración juvenil.

En sus conclusiones finales, los populares ponen la protección de los menores y de los colectivos más vulnerables en el eje de estas actuaciones, que deben contar con la coordinación entre las distintas administraciones y evaluar qué funciona y qué no para ajustar las medidas, evitar respuestas equivocadas y mejorar la acción pública porque, según recoger este dictamen, el problema de la droga no puede ser relativizado, confundido con otros fenómenos ni desplazado del centro del debate público.