El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha presentado cinco propuestas de resolución sobre Ceuta, la reconstrucción de la Sierra Oeste, financiación y servicios públicos, así como en contra de la ilegal alteración del censo electoral.

En la segunda y última sesión del Debate del Estado de la Región, el GPP ha defendido una iniciativa en la que exige al Gobierno central que adopte las medidas necesarias para devolver la normalidad y garantizar la seguridad en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de forma irregular los días 30 y 31 de julio. Asimismo, reclama que se impulse el retorno de quienes han accedido ilegalmente, garantice la integridad del territorio, refuerce el control fronterizo y abandone las políticas de efecto llamada, además de agilizar la reagrupación familiar y el retorno de los menores no acompañados a sus países que ha solicitado la Comunidad de Madrid.

En la segunda de las iniciativas, el GPP insta al Gobierno regional a que continue con la reconstrucción de la Sierra Oeste con medidas como el desdoblamiento de la M-501, las tareas de limpieza y recuperación de las infraestructuras dañadas, las ayudas para reactivar la economía y el turismo, así como la configuración de un nuevo paisaje más resistente al fuego y compatible con los usos tradicionales.

En materia de financiación autonómica, el GPP rechaza cualquier modelo que suponga privilegios para los partidos independentistas o la fragmentación de la Agencia Tributaria. Además, los populares reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que abone las cantidades que adeuda a la Comunidad de Madrid, construya las 184.000 viviendas prometidas, resuelva el déficit de sanitarios, jueces y habilitados nacionales, y refuerce los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Asimismo, los populares exigen al Gobierno central que mejore el Cercanías, cierre la M-50, derogue la LOMLOE tras los resultados de PISA, garantice el suministro energético y retire el proyecto sobre centros de datos.

En su defensa de estas propuestas, la portavoz adjunta del GPP Ainhoa García ha señalado que “Pedro Sánchez y su Gobierno son una amenaza para España” y ha insistido en que “los madrileños no van a pagar la factura de su permanencia en la Moncloa”.

En este sentido, García ha destacado que el Gobierno regional tiene en el centro de todas sus políticas a los madrileños y por eso “también trabaja para el Madrid del futuro”. “Pensar en el Madrid del futuro es invertir hoy para que los madrileños tengan mejores servicios, mejores infraestructuras y mejores oportunidades”, ha indicado.

Por ello, los populares instan al Gobierno regional a continuar reforzando los servicios públicos y preparar el Madrid del futuro con una inversión de más de 17.300 millones de euros para mejorar las retribuciones a sanitarios y profesores, ampliar las ayudas a la natalidad, construir más viviendas protegidas, poner en marcha la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud, ejecutar el Plan 40-40 de residencias y centros de día, reforzar el Plan de Inversión Regional, modernizar el Metro y continuar con los trabajos de climatización y accesibilidad de los centro educativos.

Por último, García ha remarcado que “en una democracia como la nuestra las reglas del juego también se respetan”. Sin embargo, ha apuntado que “estamos ante un Gobierno que, cuando no le sirven las reglas, intenta hacer trampas”. “Ya lo vimos en sus elecciones internas y volvemos a verlo con la Ley de Nietos y su intento de alterar el censo electoral para fabricar sus propios votos”, ha señalado antes de defender la última de las propuestas presentadas por el GPP, con la que instan al Gobierno de la Comunidad a que presente alegaciones ante la Junta Electoral Central para que sólo se puedan incorporar al censo como votantes desde el exterior aquellas personas cuya última residencia acreditada sea un municipio de la región. A esto, añaden que no se tengan en cuenta otros criterios como los establecidos por el Acuerdo de la Junta Electoral Central con conceptos indeterminados como el de “mayor arraigo”, que irían en contra del Estatuto de Autonomía.