La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Marimar Blanco, ha señalado este jueves durante el Pleno de la Cámara, en el que se ha debatido el dictamen del Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que esta norma busca que “situar a las personas con discapacidad “en el centro de todo el sistema de prestación de apoyos y les convierta en auténticos protagonistas de sus vidas”.

“Hoy damos un paso más para la aprobación definitiva del proyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las personas Adultas con discapacidad, una norma que debería contar con el consenso de todos los grupos teniendo en cuenta que hablamos de avanzar en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, así como su voluntad y preferencias”, ha señalado la popular al inicio de su intervención antes de lamentar que, sin embargo, “desgraciadamente una vez más el PSOE y Mas Madrid vuelven a dar prioridad a sus intereses electoralistas y partidistas frente a los intereses de las personas”.

El texto “no se centra únicamente en una modificación de denominaciones”, sino que se trata de un proyecto de ley “imprescindible para la transformación de la actual Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos en un nuevo ente de derecho público” que sitúe a las personas con discapacidad “en el centro de todo el sistema de prestación de apoyos y les convierta en auténticos protagonistas de sus vidas”.

Para ello, el proyecto contempla “el establecimiento de la estructura y la organización de la Agencia que permita proporcionar una respuesta integral a las necesidades de apoyo de la persona en todos los ámbitos de su vida”, ha comentado Blanco, quien ha insistido en la necesidad de garantizar para ello “planes individualizados de intervención en los que participe la persona y su entorno”.

Sin embargo, ha dicho, la norma -a diferencia de otras leyes “que hemos conocido en las últimas semanas aprobadas por el Gobierno de España”-, ha contado desde su fase de consulta pública “con las entidades del Tercer Sector incorporando al texto numerosas propuestas formuladas, así como con las de colegios profesionales como el de psicología o los agentes sociales”. Por ello, para la popular es “sorprendente” que algunos grupos “no apoyen” esta ley.

“Cuesta entender que quienes se han apoderado de manera injusta de la verdad absoluta en relación a las políticas sociales, haciendo bandera de ello cada día, hoy vaya a dar la espalda a las personas con discapacidad”, ha afeado Blanco antes de recordar que la norma “nos va a permitir a todos avanzar hacia una sociedad mucho más justa, un nuevo sistema fundamentado en el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus capacidad jurídica”. 

Asimismo, para la popular “la Agencia es pionera a nivel nacional”, pues no hay ninguna otra comunidad autónoma que cuente un ente público de este tipo, algo que ejemplifica una vez más que la Comunidad de Madrid “sigue apostando porque la administración sea garante a la hora de prestar servicios esenciales a las personas más vulnerables”.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Núñez, ha asegurado este jueves durante el debate del dictamen del Proyecto de iniciativa legislativa para instar al Congreso de los Diputados a modificar la ley de Demarcación y Planta Judicial que “como piden las asociaciones de magistrados, el Partido Popular quiere que sean los propios jueces los que elijan a los jueces”.

“Vamos a hablar de una de las competencias que tienen las comunidades autónomas, porque la Comunidad de Madrid también es Estado. O qué pasa, ¿que la Comunidad de Madrid es menos Estado que la Generalitat de Cataluña, que también habla de temas que competen al conjunto de la nación?”, ha lanzado tras escuchar a la oposición.

“Ellos son igual de Estado que nosotros y, por ello, lo vamos a hacer aquí” aunque, ha reiterado, “la izquierda no esté de acuerdo porque, entre otras cosas, lo que quieren es un Gobierno de los jueces, que estos sean cautivos de la izquierda, de su ideología”.

El Partido Popular, ha insistido, lo que busca “es cumplir en este caso las recomendaciones y algunos mandatos que establece el grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa (Greco), la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa o la asociación de magistrados sudamericanos, entre otras muchos organismos internacionales”.

Como reconocen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de derechos humanos, ha comentado, “el Estado de derecho también engloba cuestiones institucionales, como tribunales independientes e imparciales y la separación de poderes” y “respetar el Estado de derecho es también esencial para que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones públicas, sin esa confianza las sociedades democráticas no pueden funcionar”.

“La defensa de la independencia de un poder del Estado, como es la justicia, es una parte sustancial de la forma de Gobierno de la Europa unida” y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “como encargado de interpretar este concepto de independencia judicial”, dijo: “Los jueces no están sometidos a órdenes instrucciones o presiones de otros órganos en particular de los poderes legislativo y Ejecutivo todo ello conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento del Estado de derecho”, ha recordado.

Así, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde el GPP “defendemos que, con el afán de garantizar más la independencia judicial también los parlamentos autonómicos pueden acordar eliminar su participación en los procesos de nombramiento de un magistrado para las salas de lo civil y penal de los distintos tribunales superiores de Justicia, correspondientes al llamado turno autonómico”, ha indicado el popular.

El objetivo de la Comunidad de Madrid con esta iniciativa, por tanto, es “contribuir a eliminar cualquier sospecha de politización de la justicia y con ello profundizar en la independencia judicial”, ha continuado Núñez antes de aserverar que desde el GPP son “conscientes” de que “el principio de división de poderes es consustancial a la existencia misma del Estado de derecho democrático”.

“Nuestro afán es llevar a cabo reformas que refuercen esa independencia judicial para terminar con la percepción de la sociedad española y el debilitamiento del principio de separación de poderes”, ha finalizado.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, ha señalado tras la comparecencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre la situación de la atención a la salud mental infantojuvenil en la región, que la “Salud Mental ocupa un lugar de relevancia en la agenda de este Gobierno”, en concreto “la que afecta a los niños y adolescentes”.

La diputada popular ha indicado que esta área sanitaria se reconoce como “de elevado riesgo de afectación en todos los grupos de edad” aunque adquiere especial relevancia en “adolescentes, en jóvenes y en poblaciones vulnerables”, algo que además se ha agudizado debido a la pandemia. Por ello, ha dicho Dávila-Ponce de León, es “imprescindible desarrollar medidas específicas y añadidas a las habituales hasta el momento”.

“En el contexto inicial de la pandemia la Comunidad puso en marcha el Plan de Respuesta Asistencial Prioritaria en Salud Mental, que permitió ofrecer asistencia a 9.500 nuevos pacientes y mantener en seguimiento a 6.000 personas”, superando los 36 millones de euros en ingresos y la contratación de más de 300 profesionales de todas las categorías.

Por otro lado, Dávila-Ponce de León ha indicado que “los desastres naturales se encuentran dentro de los eventos con potencial efecto traumático”, así como publicaciones científicas han recordado que “las pandemias infecciosas se asocian a un aumento de la sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática en la población infanto-juvenil”.

“Así se ha observado en la presión asistencial en la Comunidad de Madrid, con un aumento significativo de consultas por depresión, adicciones, conducta suicida o trastornos del comportamiento alimentario, entre otros”, ha lamentado la popular antes de añadir que “no hay duda, además, de que la demanda y complejidad de la atención infanto-juvenil ha crecido en los últimos años”.

Por ese motivo, el “40 por ciento de las plazas de facultativos creadas en los centros de Salud Mental están dirigidas a la atención de niños y jóvenes y, en esta misma línea, del total de plazas creadas, el 20 por ciento de las plazas en atención hospitalaria y el 30 por ciento en hospitales de día se destinan también a la atención de esta población”.

Conscientes de este aumento de demanda, ha continuado, “nuestra región ha ido incrementando las plazas hospitalarias destinadas a la hospitalización de jóvenes, de manera que en la actualidad contamos con varias Unidades específicas de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil”, las cuales suman “un total de 111 camas de hospitalización destinadas a estos pacientes^” y pensadas para dar “respuesta a la hospitalización breve de adolescentes que sufren descompensaciones agudas de su enfermedad mental y no pueden ser tratados de forma ambulatoria”.

En cuanto a las camas destinadas en los hospitales del día, “nuestra región dispone de 255 camas distribuidas en nueve centros sanitarios” y se ha puesto en marcha la primera Unidad de Hospitalización de Psiquiatría Domiciliaria Pediátrica de España, situada en el Hospital Niño Jesús, un recurso que “permite acercar los cuidados psicológicos y de enfermería a los niños y a sus familias en su propio entorno evitando el impacto emocional de ingresar en un hospital y facilitando por tanto su recuperación”.

En relación con los trastornos de comportamiento alimentario, “que también han experimentado un incremento en estos últimos años”, ha comentado la popular, “hay que destacar que se ha puesto en marcha una nueva Unidad de Media Estancia para Trastornos del Comportamiento Alimentario”, sumada a las ocho ya existentes, que está dotada “por separado de camas de adultos y adolescentes, desarrolla un trabajo intensivo en pacientes con patología de especial complejidad y necesidad de ingreso más prolongado”.

Se han ampliado también “los programas especiales para atención a personas con Trastorno del Espectro Autista tanto en el Hospital Gregorio Marañón como en el Hospital del Niño Jesús”, así como se han desarrollado programas como “el de Formación en Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia para profesores y orientadores de colegios e institutos públicos” o el “Centro Integral de Prevención e Investigación de Adicciones Comportamentales”.

De forma simultánea a la implantación de estos recursos y actuaciones en materia de Salud Mental, “la planificación, ordenación y distribución de estos, la Oficina regional de Coordinación en Salud Mental y Adicciones ha asumido el proyecto de elaborar un nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024 del SERMAS”, que cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros.

Por otra parte, en relación con el suicidio, la popular ha expresado que “hay que resaltar que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Prevención del Suicidio pionero en todo el país” en el que han participado todas las consejerías del Ejecutivo autonómico y de asociaciones de pacientes, familiares y profesionales. Se comprueba, de esta manera, “que se están llevando a cabo actuaciones, todas ellas eficientes y serias que se alejan del plan propagandístico del Gobierno Central, criticado por Sociedades Científicas al considerarlo totalmente insuficiente^”.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá, ha señalado durante la Sesión de Control de Pleno de este jueves que “las políticas de movilidad de la Comunidad de Madrid representar mejor que nada el ADN del Partido Popular”.

Tras preguntar al consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, sobre qué medidas está adoptando el Gobierno regional para facilitar el acceso de los ciudadanos al transporte público en la región, Catalá ha asegurado que las políticas de movilidad adoptadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han demostrado que “apostando por lo público y bajando los costes, se pueden mejorar los servicios”.

Como ejemplo, el popular ha recordado que se han “congelado todas las tarifas de Metro al tiempo que se han creado cinco nuevas líneas de autobús a Las Rozas, Alcorcón, Pozuelo, Aranjuez y Arganda del Rey”, de la misma manera que “se ha conseguido la gratuidad del transporte para nuestros mayores, al tiempo que hemos hecho accesibles el 70 por ciento de las estaciones de Metro”.

Por otra parte, Catalá ha mencionado que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha “bonificado el transporte para todos los jóvenes”, lo que ha supuesto “285 millones de euros a este colectivo”, no sin impedir que se hayan “comprado 357 vagones de Metro”. Asimismo, se han “unificado las tarifas C1, C2 con la B3, lo que significa que los que más tiempo tienen que invertir para desplazarse están pagando menos”.

“También hemos modificado el 30 por ciento del abono a las familias numerosas, al tiempo que hemos desarrollado la aplicación de recarga electrónica”, ha comentado el popular, quien a reglón seguido ha lamentado que “lo que no hemos conseguido reducir ha sido la factura de la luz de Metro” ya que, “gracias a las malas políticas del Gobierno del Partido Socialista, este año hemos pagado un 57 por ciento más en la anterior”.

A este respecto, por desgracia, ha continuado, “no hemos visto a ningún diputado del Partido Socialista yendo al Ministerio a reclamar ayudas para empresas intensivas”, ya que Catalá ha asegurado que los socialistas “han preferido el silencio cómplice, igual que han hecho con la malversación, con la sedición y peor aún, con la violación”.